Archivo | El que fuera alcalde de Lorca, Lucas Guirao, hace una reverencia a Franco durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad
Por Dominic D. Skerrett.- El pasado 31 de marzo, el Ayuntamiento de Lorca evidenció una vez más su sometimiento a los postulados de la extrema derecha. El pleno municipal, como de costumbre con el actual equipo de gobierno, lejos de ser un espacio de debate democrático, se convirtió en una parodia vergonzosa protagonizada por PP y Vox, que bloquearon la moción de Izquierda Unida-Verdes para retirar la Medalla de Oro concedida al dictador Francisco Franco en 1962.
Tras defender la iniciativa traída nuevamente a pleno por la formación, el edil de la formación municipalista de izquierdas, Pedro Sosa, sufrió un episodio lamentable cuando la portavoz de Vox, Carmen Menduiña, le entregó una “medalla de chocolate” colgada de una cinta con los colores de la bandera española. La bancada conservadora rompió en carcajadas ante este acto humillante, mientras se pisoteaba la dignidad de las víctimas del franquismo y sus familias.
Una deuda con la justicia que Lorca sigue sin saldar
El alcalde, Fulgencio Gil (PP), despreció el debate tachándolo de “estéril”. Sin embargo, no lo es para las familias de los más de 114.000 represaliados/as por el franquismo cuyos restos siguen desaparecidos. Algunos fueron asesinados en Lorca o deportados a campos nazis. A pesar de las leyes de memoria aprobadas en democracia, el Ayuntamiento sigue negándose a cumplirlas y mantiene los honores a un dictador responsable de décadas de terror, represión y miseria.
Según consta en el Archivo General de la Región de Murcia, durante la Segunda Guerra Mundial, al menos 44 personas nacidas en Lorca fueron deportadas a campos de concentración nazis, una cifra que coloca al municipio entre los más golpeados por la barbarie del fascismo europeo. La gran mayoría de ellos fueron enviados al campo de Mauthausen, conocido como “el campo de los españoles”, aunque también se registran casos en Buchenwald, Dachau, Hartheim y Neuengamme, todos ellos centros del horror nazi. De los 44 lorquinos deportados: 29 murieron, la mayoría en el subcampo de exterminio Gusen. 12 lograron sobrevivir y fueron liberados por el ejército rojo en mayo de 1945. 1 figura como desaparecido, y 2 murieron en otros campos (Hartheim, Dachau o Buchenwald).
La tragedia no termina ahí: al terminar la Guerra Civil, la dictadura franquista abrió un campo de concentración en la propia Lorca, por el que pasaron unos 6.000 prisioneros republicanos, comunistas y anarquistas, recluidos en Coso de Sutullena y el antiguo Cuartelillo de Aviación. Aunque no se dispone de cifras exactas sobre los lorquinos represaliados por el franquismo, se sabe que la represión fue sistemática, con detenciones, consejos de guerra, cárcel, y en muchos casos, ejecuciones.
La plaza de toros de Lorca a comienzos de los años cuarenta (cortesía del investigador Floren Dimas)
Imagen actual del llamado Cuartelillo de Aviación que junto a la plaza de toros sirvió como campo de concentración en Lorca (Murcia) (cortesía del investigador Floren Dimas)
Mientras que otros municipios, como Mula, han retirado distinciones a Franco conforme a la legalidad vigente a instancias de IU, en Lorca el PP y Vox prefieren mirar hacia otro lado e incluso glorificar el pasado franquista. La propia secretaria del Pleno reconoció que la medalla fue concedida de forma ilegal en 1962, pero el gobierno municipal ha optado por mantenerla, consolidando una posición vergonzosa e insostenible.
Cabe destacar que la Ley de Memoria Histórica de 2007 y, más aún, la Ley de Memoria Democrática de 2022, obligan a las administraciones públicas a retirar reconocimientos y honores que exalten la dictadura franquista. El artículo 40 de esta última norma establece que deben revisarse de oficio y revocarse, incluso a título póstumo, todos aquellos que sean “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos”
Pedro Sosa: firme ante el insulto, comprometido con la memoria democrática
Sosa no se dejó intimidar. Su intervención en el pleno fue un alegato firme y sereno en defensa de la verdad, la justicia y la reparación, denunciando la impunidad franquista que aún sostiene el régimen del 78. La iniciativa, presentada coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, pretendía eliminar esta distinción en una «deuda pendiente con aquellos que dejaron vida y libertad combatiendo por la democracia». «Buscamos que aquellos que todavía tienen gente en las cunetas, que no han sido capaces de ver a sus familiares, puedan descansar un poco más tranquilos al ver que no tiene una Medalla de Oro de Lorca quien ha cometido esos crímenes», matizó el concejal de izquierdas, Pedro Sosa.
El ataque de Vox no fue un hecho aislado. Forma parte de una estrategia de banalización de los crímenes franquistas y de ridiculización de la memoria democrática. Todo ello con el silencio cómplice, cuando no el apoyo descarado del Partido Popular.
Habrá consecuencias legales
La Asociación Archivo Guerra Civil y Exilio (AGE) ya ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática por parte del Ayuntamiento. También tomará medidas contra la portavoz de Vox por ensalzar la figura de Franco en sede institucional.
