Ecologistas en Acción publica el informe ‘Ecologistas en Acción analiza los problemas de los mercados de carbono y biodiversidad como solución a la crisis climática’, un análisis crítico de las estrategias actuales sobre la crisis climática y ecológica, centrándose en los créditos de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza y los créditos de naturaleza. La lógica del mercado presenta importantes incompatibilidades con la protección del clima y la naturaleza.
Ecologistas en Acción propone avanzar sustituyendo los mecanismos de mercado por instrumentos de planificación pública como presupuestos de carbono sectoriales con criterios de justicia social y ambiental, que determinen qué sectores requieren conversión y cuáles deben cerrar, con horizontes claros y recursos garantizados. Para la organización la regulación y obligaciones de protección por parte de los organismos públicos no puede ser sustituido por mecanismos de mercado que, si juegan algún papel, debe ser secundario y complementario a las garantías públicas y a los procesos de gestión comunitaria del medio natural.
Los mercados de carbono: serias deficiencias estructurales
El informe evidencia que, aunque el incremento del coste de la tonelada de carbono ha impulsado cambios en el sector eléctrico mediante la implantación de renovables, los sectores de descarbonización compleja –acero, cerámica, cemento– siguen acumulando importantes cantidades de derechos de emisión sin planes claros de reconversión.
El sistema presenta cuatro problemas estructurales: la falta de integridad es particularmente grave en los créditos voluntarios, donde agencias externas certifican compensaciones que frecuentemente no reflejan la realidad, incluyendo impactos positivos inexistentes y ocultando violaciones de Derechos Humanos. La competencia desigual favorece sistemáticamente a las grandes empresas, dejando fuera a pequeños productores. La concentración empresarial permite manipular el sistema traspasando emisiones entre períodos e instalaciones, afectando gravemente a los trabajadores mediante reducciones salariales y despidos. La deslocalización productiva hacia países con menores restricciones ambientales se convierte en estrategia empresarial habitual.
Créditos de naturaleza: una normativa peligrosa
La biodiversidad no debería someterse a la lógica mercantil. El mercado no puede valorar aspectos como las funciones de los ecosistemas, elementos fundamentales para la trama de la vida. La intención última de los créditos de naturaleza es impulsar las compensaciones por la destrucción de la biodiversidad, facilitando el desarrollo de proyectos destructivos.
Si se implementan créditos de naturaleza, resultan imprescindibles: fondos públicos suficientes como prioridad, eliminación de los 34.000-48.000 millones de euros anuales en subsidios dañinos para la biodiversidad en la UE, jerarquía de mitigación (primero evitar, luego minimizar, compensar solo como última opción), que los créditos no sean negociables ni transferibles, y garantías contra el acaparamiento de tierras y privatización de espacios naturales.
A ello se suman las amenazas al Reglamento EUDR está bajo amenaza de nuevas normativas ómnibus por parte de la UE. Las recientes noticias de paralización de medidas de debida diligencia e información ambiental minan la integridad de la normativa ambiental. En lugar de ello, la organización ecologista señala la necesidad de ampliarlo a más materias primas (maíz, algodón), servicios financieros y ecosistemas (Cerrado, Pantanal, Chaco).
Soluciones basadas en la naturaleza: indefinición y lavado verde
El concepto de «soluciones basadas en la naturaleza» presenta una indefinición problemática que facilita el lavado verde corporativo. La definición de la UICN, con términos vagos, permite que convivan proyectos de manejo ecosistémico participativo con plantaciones industrializadas y reservas forestales impuestas sobre territorios de pueblos originarios.
Los proyectos corporativos ilustran estas limitaciones. Total plantea plantar 40.000 hectáreas en República del Congo, cuestionado por organizaciones como potencial desastre ambiental y social. Repsol reduce las SBN a reforestación y agricultura que promociona incorrectamente la bioenergía como secuestro de emisiones. Este reduccionismo simplifica ecosistemas complejos a meras superficies forestales cuantificables.
Es fundamental garantizar el respeto a los pueblos originarios: el consentimiento libre e informado debe ser obligatorio, no una «buena práctica», y el conocimiento ancestral sobre manejo ecosistémico debe integrarse efectivamente en la gobernanza de estos territorios.
