El pasado miércoles, 12 de noviembre, el presidente de la siderúrgica vasca Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos comparecieron ante la Audiencia Nacional española como investigados por delitos de contrabando y posible complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio, en relación con la venta de acero a empresas armamentísticas israelíes durante la masacre en Gaza.
Según documentos judiciales, Sidenor mantuvo un suministro continuado de acero a IMI Systems, filial de Elbit Systems, fabricante de armamento pesado y ligero utilizado por el ejército de ocupación israelí, desde noviembre de 2023 hasta junio de 2025. Entre los envíos documentados se incluye uno de 393 toneladas de acero transportadas el 10 de junio de 2025 desde España hasta el puerto de Haifa, en plena ofensiva sobre la Franja de Gaza.
Negación y estrategia corporativa
Jainaga y los otros directivos respondieron únicamente a las preguntas de sus abogados, negando cualquier irregularidad y asegurando que la empresa cumplió la normativa vigente. Según Sidenor, el acero vendido no estaba sujeto a autorización gubernamental ni a control especial, y los envíos representaban “menos del 0,2% de las ventas anuales”.
No obstante, el abogado de la querella, David Aranda, señaló que la cuestión central es el uso final del acero en armamento, lo que exigía autorización previa. “Si el acero se emplea para fabricar armas, estamos ante un posible delito de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad”, afirmó. La querella fue presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, denunciando el apoyo indirecto de Sidenor a la ocupación militar israelí.
Responsabilidad ética y política
El caso pone en evidencia cómo empresas del Estado español se benefician económicamente de la guerra y la ocupación, alimentando la maquinaria de muerte israelí mientras la comunidad internacional denuncia las masacres en Gaza. La actuación de Sidenor coincide con ataques sistemáticos sobre la población palestina y evidencia una colaboración empresarial que trasciende la mera transacción comercial.
Natalia Abu Sharar, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, destacó la importancia histórica de la investigación: “Es la primera vez que se abre una causa de este tipo en España, pero no será la última. Las empresas deben rendir cuentas por su complicidad en genocidios y crímenes de guerra”.
Impunidad y ganancias multimillonarias
José Antonio Jainaga, recientemente incluido en la Lista Forbes con una fortuna de 450 millones de euros, representa la faceta más cruda del capitalismo global: la acumulación de riqueza mientras se sostiene la violencia de un Estado de ocupación. Sidenor, con sede en Basauri (Bizkaia), anunció la suspensión de relaciones comerciales con Israel desde el 1 de julio de 2025, apenas después de que el juez iniciara las pesquisas.
Este caso evidencia que la complicidad empresarial en guerras de ocupación no es accidental ni burocrática: es parte integral de un sistema económico y político que financia y legitima la opresión. La justicia española enfrenta ahora el desafío de determinar si Sidenor, y con ello parte del capital industrial del Estado español, puede ser responsabilizada por contribuir al genocidio y la ocupación en Palestina.
