Información pública obtenida del Puerto de Cartagena y de la plataforma de seguimiento VesselFinder confirma que el buque “Chemical Master”, con bandera de Malta (IMO 9558957), procedente directamente de Israel, realizará escala en Barcelona el 5 de noviembre y descargará en Cartagena el viernes 7 de noviembre un cargamento de 1.500 toneladas de ácido fosfórico. La operación se llevará a cabo en el muelle E0003 Príncipe Felipe del puerto de Escombreras y será gestionada por la empresa Fomento y Desarrollo Agrícola, S.L. (FOMDESA), propiedad de ICL Iberia, principal beneficiaria del envío.
El ácido fosfórico descargado se destina a la producción de fertilizantes y productos de grado alimentario, y forma parte de una cadena comercial que, según diversas organizaciones de derechos humanos, se beneficia de la explotación de recursos naturales en territorios ocupados de Palestina.
Un negocio lucrativo ligado a la ocupación
El “Chemical Master” se suma a una larga lista de buques —once solo en lo que va de año— que han transportado productos químicos desde el puerto israelí de Ashdod a Cartagena, entre ellos nitrato de potasa, cloruro potásico y ácido fosfórico.
La descarga de estos materiales favorece directamente a ICL Iberia, filial de la multinacional israelí Israel Chemicals Ltd. (ICL), antes conocida como Fuentes Fertilizantes S.L., y considerada el mayor productor de fertilizantes de España. ICL forma parte del conglomerado Israel Corporation, fundado en 1968 por el Gobierno de Israel, que a su vez posee participaciones en la naviera ZIM, señalada por transportar armas de Estados Unidos hacia Israel.
De acuerdo con informes de organizaciones internacionales, la filial estadounidense de ICL provee a Israel de fósforo blanco, componente utilizado en las bombas empleadas en Gaza, según ha documentado Amnistía Internacional. La empresa se beneficia de la ocupación militar del área del Mar Muerto, explotando recursos como la roca fosfática y exportándolos a puertos europeos —entre ellos el de Cartagena—, en lo que se ha calificado como un negocio lucrativo basado en la ocupación.
Además, ICL colabora activamente con el Ejército israelí a través del programa “Apadrina un soldado”, destinando parte de sus beneficios a financiar programas vinculados a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).
Actividad en el Estado español
En España, ICL Iberia mantiene operaciones en Murcia, Cataluña, Valencia y Mallorca, y colabora con instituciones públicas como la Universidad Politécnica de Cartagena. El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo ha señalado a la compañía por su complicidad con la ocupación y el genocidio en curso en Palestina, además de por su impacto medioambiental —como en el caso del río Llobregat, por el que fue condenada— y su endeudamiento con la administración pública española, denunciado desde la campaña Boicot ICL.
Un decreto insuficiente y una responsabilidad internacional
Pese a la aprobación y ratificación en el Congreso del Real Decreto-Ley que limita el comercio de productos procedentes de territorios ocupados, el atraque del “Chemical Master” evidencia que no existen mecanismos de control reales sobre el comercio que alimenta la economía israelí y su maquinaria bélica.
El hecho vulnera además el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024, aprobado posteriormente por la Asamblea General de la ONU con el voto favorable de España, que insta a los Estados a impedir toda relación comercial o de inversión que contribuya a la ocupación israelí.
Exigencias al Gobierno
Ante esta situación, las organizaciones solidarias con el pueblo palestino exigen al Gobierno español:
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Suspender de inmediato todo comercio con Israel, especialmente el que provenga de la explotación de recursos en territorios ocupados, como es el caso de ICL.
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Reformular el Real Decreto-Ley para transformarlo en un embargo integral y sin excepciones, que incluya controles efectivos en puertos, aeropuertos y bases extranjeras, el fin de toda cooperación militar o de seguridad, y la creación de mecanismos públicos de verificación y transparencia.
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Sancionar a las empresas que obtengan beneficios de la explotación de territorios ocupados o de la colaboración con el genocidio perpetrado en Gaza.
Asimismo, se reclama a las autoridades portuarias denegar servicios a los buques implicados en este comercio ilícito, y que ningún puerto español vuelva a permitir la descarga o tránsito de recursos procedentes de los territorios ocupados palestinos, en cumplimiento del derecho internacional.
Movilización estatal este sábado
Como respuesta, se ha convocado una movilización de carácter estatal el sábado 8 de noviembre en los principales puertos del Estado español utilizados como puntos de tránsito o descarga de mercancías procedentes de Israel.
Las protestas tendrán lugar en Barcelona, Valencia, Cartagena, Algeciras y Ceuta, donde se denunciará la complicidad del Estado español con la logística del genocidio israelí. Un mes después de la aprobación del Real Decreto-Ley, las organizaciones recuerdan que los barcos que abastecen de armas, combustible y materiales a Israel continúan transitando por aguas y puertos españoles, demostrando la insuficiencia de las medidas adoptadas.
En el caso de la ciudad de Cartagena, los colectivos solidarios han convocado una movilización frente al puerto el próximo sábado 8 de noviembre a las 13:00 h bajo el lema “Ningún puerto para el genocidio”.
