CGT València ha anunciado su salida de Junts per l’Habitatge ante lo que considera una deriva del espacio hacia la criminalización de la protesta y la justificación de la actuación policial contra quienes se movilizan por el derecho a la vivienda. La decisión se produce después de una semana marcada por una fuerte escalada de las movilizaciones en València y en el conjunto del Estado, que tuvo uno de sus principales episodios el pasado sábado, cuando la Policía Nacional cargó contra manifestantes frente al Palau de les Arts durante una protesta contra la especulación inmobiliaria y el negocio de la vivienda.
La manifestación del 3 de octubre, convocada por el Sindicat de Llogateres de València, Entrebarris, el Sindicat d’Habitatge de València y la Plataforma de Afectades per la Hipoteca, recorrió las calles de la ciudad bajo el lema «Acabem amb el negoci de l’habitatge» y planteó avanzar hacia una huelga general. La marcha concluyó en las inmediaciones del Palau de les Arts, donde se celebraba el València Real Estate Summit 2026, un encuentro vinculado al sector inmobiliario y de la inversión. En ese punto se produjo la intervención policial, con lanzamiento de pelotas de goma y gases para dispersar a quienes habían superado el cordón establecido.
Es precisamente en este escenario donde CGT València sitúa su ruptura con Junts per l’Habitatge. El sindicato sostiene que la defensa de la vivienda «no puede limitarse a declaraciones institucionales ni a movilizaciones condicionadas a no incomodar al poder» y reivindica la protesta social como una herramienta legítima de la clase trabajadora y de los movimientos populares.
Canal oficial
Diario La Protesta — Telegram
Noticias al instante, sin censura ni algoritmos.
«No vamos a participar en un espacio donde se señale a quienes protestan, se condenen las acciones de los movimientos sociales o se busquen justificaciones a la actuación represiva de las fuerzas policiales», señala el Secretariado Permanente de la Federación Local de CGT-València.
Una crisis habitacional que dispara la movilización
La ruptura llega mientras la presión social por el acceso a la vivienda se intensifica en el País Valencià. Según un estudio de Oxfam Intermón difundido en marzo de 2026, el 43,7 % de las personas que viven de alquiler en la Comunitat Valenciana destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda y el 91 % supera el 30 %. El 18,6 % dedica incluso más del 70 % de sus ingresos al alquiler.
La situación resulta especialmente crítica entre la población joven. El Observatori d’Emancipació del Consell Valencià de la Joventut situó en el 15,1 % la tasa de emancipación juvenil en la Comunitat Valenciana y calculó que alquilar una vivienda en solitario exige dedicar el 87,4 % del salario medio de una persona joven.
Los datos disponibles sobre València muestran igualmente la dimensión del problema. A comienzos de 2025, el esfuerzo necesario para pagar un alquiler en la ciudad alcanzaba el 41 % de los ingresos del hogar, según datos de Idealista recogidos por Europa Press. Un estudio de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante publicado en julio de 2026 elevó todavía más la fotografía de la Comunitat Valenciana: los hogares que acceden al mercado del alquiler destinan entre el 50 % y el 60 % de su renta al pago de la vivienda.
El propio Síndic de Greuges advirtió en su informe anual de 2025 de que el acceso a la vivienda continuaba siendo uno de los principales motivos de preocupación en la Comunitat Valenciana, con un mercado caracterizado por el incremento sostenido de precios y dificultades de acceso incluso para familias con ingresos medios.
Frente a esta realidad, la plataforma Junts per l’Habitatge había desarrollado durante los últimos años distintas iniciativas unitarias. En 2025 llegó a agrupar a 27 organizaciones en acciones relacionadas con la defensa de la vivienda pública y contra la venta de viviendas protegidas, mientras que en 2026 la plataforma ha participado en reivindicaciones relacionadas, entre otras cuestiones, con las ayudas al alquiler.
CGT señala a CCOO y UGT
El comunicado de CGT también dirige sus críticas hacia CCOO y UGT, a las que sitúa dentro de una concepción sindical que, a juicio de la organización anarcosindicalista, termina poniendo límites a la protesta.
«Resulta especialmente grave que determinadas organizaciones sindicales instaladas en el sindicalismo de pacto como CCOO y UGT terminen reproduciendo el discurso institucional, condenando la movilización y poniendo límites a la protesta», afirma CGT València.
Estas críticas se producen, no obstante, en un momento en el que CCOO y UGT también están incrementando su implicación en el conflicto por la vivienda. Ambos sindicatos han participado en las movilizaciones recientes y han abierto conversaciones con el movimiento de inquilinas para estudiar una posible estrategia de movilización conjunta. La posibilidad de una huelga general vinculada a la vivienda se encuentra sobre la mesa, aunque no existe por el momento una convocatoria formal de ambos sindicatos.
La propia CCOO País Valencià participó en la manifestación del 3 de octubre en València y reivindicó que «l’habitatge és un dret fonamental reconegut constitucionalment, i no un negoci».
Del espacio unitario a la acción directa
CGT València deja claro que abandonar Junts per l’Habitatge no significa abandonar las movilizaciones por el derecho a la vivienda. El sindicato afirma que continuará trabajando junto a los sindicatos de inquilinas, organizaciones sociales y personas afectadas por los desahucios, los alquileres abusivos y la especulación.
«CGT València seguirá participando y apoyando las luchas por el derecho a la vivienda desde la independencia sindical, la solidaridad y la acción directa», sostiene la organización.
La salida se produce, además, en una coyuntura de fuerte movilización estatal. El pasado fin de semana se convocaron protestas en más de 50 ciudades después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, mientras diferentes organizaciones del movimiento de vivienda han situado la huelga general como uno de los próximos horizontes de lucha.
En València, la jornada del 3 de octubre terminó así con una imagen que resume la creciente tensión alrededor del conflicto habitacional: mientras en el interior del Palau de les Arts se desarrollaba un encuentro de profesionales del sector inmobiliario y la inversión, en el exterior cientos de personas protestaban contra la especulación y reclamaban que la vivienda deje de funcionar como un negocio. La intervención policial abrió, además, un nuevo frente de debate sobre los límites de la protesta y la respuesta de las instituciones ante el movimiento por la vivienda.
CGT València cierra su comunicado con un mensaje que marca su posición ante esta nueva fase del conflicto habitacional: «Frente a la criminalización de la protesta; organización y solidaridad».
