Los Mateos: un barrio que respira veneno con la pasividad del Ayuntamiento de Cartagena

Esta última definición, no es una frase metafórica, en la pequeña localidad de Los Mateos es una realidad totalmente ignorada.

Desde el año 2023, el Ayuntamiento de Cartagena tiene conocimiento directo y fehaciente de que las parcelas que adquirió en la Unidad de Actuación nº 1 (UA1) contienen residuos peligrosos cuya toxicidad supera ampliamente los niveles legalmente admisibles. No se trata de suposiciones, de una hipótesis científica,  sino de informes técnicos encargados por el propio consistorio, en los que se advierte, con lenguaje inequívoco, de la existencia de un riesgo directo, grave y cuantificable para la salud de los residentes colindantes.

Y este Ayuntamiento junto con sus dirigentes no han hecho nada por acabar con la situación desde marzo de 2023.

La RAE en su primera acepción del verbo envenenar dice: “administrar un veneno a una persona o un animal» que implica una acción directa, dolosa, y aparentemente lejana de un acto administrativo.  Sin embargo, lo verdaderamente letal no siempre es el veneno en sí, sino su permanencia, su accesibilidad, su normalización a la que con total abuso del desconocimiento de los ciudadanos y en especial de los niños juegan sin compasión.

A este respecto, el Ayuntamiento, al adquirir las parcelas con pleno conocimiento del riesgo, ha sustituido la cuchara con los polvos de veneno por el BORM, la jeringa por la escritura notarial. El veneno, esta vez, no se introduce por vía oral ni intravenosa, sino por la respiración de partículas en suspensión, por la inhalación de vapores invisibles, por el contacto cotidiano con el polvo tóxico que cubre aceras, patios y ventanas.

Los vecinos de Los Mateos se envenenan en sus casas. Literalmente. Sin metáforas. Con plomo, arsénico, cadmio y mercurio.

Por otro lado, la segunda acepción de la RAE lo deja más claro aún: «poner veneno a algo».

El Ayuntamiento no solo ha aceptado convivir con el veneno, lo ha legitimado con su pasividad, es decir, lo ha hecho suyo. Ha hecho del suelo un objeto contaminado y del aire un vector, un medio invisible e inodoro de la enfermedad.

Adulterar, contaminar, emponzoñar: los sinónimos coinciden con lo que hacen las partículas tóxicas al instalarse en un pulmón infantil o al cruzar una placenta. Las casas, lugar de refugio, han sido adulteradas con toxicidad. El mobiliario, las cunas, las cocinas, los juguetes, las manos que recogen polvo: todo está contaminado.

Pero el veneno no solo afecta al cuerpo. La RAE recoge también otras formas de envenenar: corromper, causar daño moral, amargar, mortificar, afligir.

¿Qué mayor amargura puede existir que vivir en una casa sabiendo que el aire enferma?

¿Qué daño moral puede ser más profundo que el de los familiares de una niña fallecida por cáncer en un entorno tóxico conocido y desatendido por las autoridades como Los Mateos?

“El veneno es también el silencio, la desidia, la falta de compasión institucional”.

Es el mortífero cálculo político que supedita las actuaciones urgentes de descontaminación a los intereses del desarrollo urbanístico con Fondos de la Unión Europea. Es la aflicción de los vecinos cuando comprenden que no hay proyecto de vida posible sobre un suelo corrompido por cenizas de pirita de la fabricación de ácido sulfúrido, presuntos fosfoyeso radiactivos y desprecio administrativo por la vida de una población vulnerable que trabaja a diario y paga sus impuestos como cualquier ciudadano.

La RAE incluye también esta acepción: crear discordia o enemistad, o ser causa de ellas.

Los Mateos no está siendo envenenado solo químicamente. También lo ha sido socialmente. La negligencia reiterada de la administración ha cizañado la relación entre ciudadanos, Ayuntamiento y Administración Autonómica. Ha sembrado desconfianza, rabia, impotencia. Ha consagrado el abandono de esos que cobran de nuestros impuestos y siempre encuentran excusas baratas para actuar.

En lugar de proteger a la población, las autoridades han permitido que los metales pesados, los vapores de mercurio y el polvo tóxico crucen las puertas de los hogares, se instalen en la vajilla, se depositen en las cunas, se inhalen mientras los niños duermen.

La última acepción es reflexiva: experimentar los efectos de un veneno.

Ese es, hoy, el estado real de muchos residentes en Los Mateos: envenenados.

No como resultado de un experimento fallido, ni de una guerra, ni de un accidente imprevisible. Sino por una concatenación consciente de decisiones administrativas que, con informes sobre la mesa, prefirieron mirar hacia otro lado y continuar con sus ambiciones urbanísticas.

Los efectos ya son visibles: enfermedades cardiovasculares, cáncer, fallecimientos. Pero lo peor está aún por cuantificar, por reconocer, por prevenir.

El artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida. Envenenar a sabiendas, permitir que los contaminantes penetren en los hogares sin control, y demorar la descontaminación por intereses económicos o urbanísticos, es negarlo.

José Matías Peñas, doctor e investigador independiente.

La crisis ambiental que afecta a varias zonas del municipio ha escalado al terreno judicial. Según la documentación presentada, se han interpuesto denuncias contra la sociedad mercantil Casco Antiguo de Cartagena, S.A., en virtud del artículo 328 del Código Penal, por la comisión de un delito contra el medio ambiente en el ejercicio de sus actividades y en su propio beneficio.

La denuncia también alcanza a Técnica de Inversiones Gamma, S.L., propietaria original de los terrenos donde se detectaron residuos peligrosos. Según se señala, la empresa no habría gestionado de forma adecuada esos materiales, lo que habría dado origen a la actual situación de riesgo.

Discrepancia en el coste de la descontaminación

Un informe de los Servicios Técnicos Municipales valora el saneamiento ambiental en 200.000 euros. Sin embargo, un estudio de viabilidad realizado por la empresa HERA HOLDING, fechado el 1 de junio de 2023, cifra el coste real de la única solución técnica posible en 540.686,09 euros, más del doble de la estimación municipal.

Residuos peligrosos sin gestionar

La acusación se fundamenta en el abandono de residuos peligrosos y el incumplimiento de la obligación legal de declarar el suelo como contaminado, tal y como establece la Ley 7/2022. Los materiales presentes en la parcela estarían clasificados como peligrosos conforme a la Decisión 2014/955/UE, lo que obliga a su retirada inmediata por un gestor autorizado. Se denuncia además una vulneración de derechos fundamentales por la gravedad del daño ambiental y la inacción administrativa, que habría permitido que la contaminación persista.

El colectivo Portman Vivo ha denunciado además el movimiento de tierras presuntamente contaminadas en la Bahía de Portmán, en plena temporada alta de bañistas. Según la organización, las aguas adquieren un tono “color chocolate” y la arena “enfangada” llega hasta la orilla de las playas de San Bruno y El Lastre.

A esta situación se suma la presencia de una escollera que, según denuncian, “no deja vistas ni pasar el aire”, y ahora, con la llegada de sedimentos contaminados, “un paraíso se ha convertido en una basura”.

La situación en Los Mateos y en la Bahía de Portmán no es un accidente ni una fatalidad natural: es el resultado de un modelo en el que las instituciones, supuestamente garantes del bien común, acaban actuando como cómplices silenciosos de la degradación ambiental cuando ésta choca con los intereses económicos.

Las administraciones locales y autonómicas, con informes sobre la mesa que detallan el riesgo para la salud, han preferido posponer la descontaminación, minimizar los costes en papel y escudarse en trámites, mientras el veneno continúa filtrándose en el aire, el agua y en la vida de las personas. No estamos ante un error aislado, sino ante un patrón: la política subordinada a la economía, la vida humana reducida a un dato marginal frente al balance financiero. Este caso revela algo más grave que la simple inacción: la naturalización del daño. Cuando una administración acepta convivir con la contaminación, rebaja los costes reales de la limpieza y normaliza que los vecinos respiren partículas tóxicas, está legitimando la idea de que hay vidas prescindibles. Y en el engranaje capitalista, esas vidas suelen coincidir con las más vulnerables: barrios obreros, poblaciones con menos capacidad de presión política, comunidades que no encajan en la postal turística. Mientras el cálculo político siga por encima del derecho a la vida, cualquier discurso de sostenibilidad o “transición verde” no será más que una cortina de humo sobre el mismo paisaje envenenado.