Europa Laica Región de Murcia denuncia al Obispado de Cartagena ante la llegada del nuevo obispo Alfonso Carrasco Rouco: crítica por la retirada de una pancarta pro-Palestina y exige transparencia en las inmatriculaciones eclesiásticas

La organización laicista cuestiona la insolidaria gestión de José Manuel Lorca Planes y reclama al nuevo obispo mayor compromiso social con los sin techo y la justicia internacional

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En plena expectación por el próximo relevo en el Obispado de Cartagena —que previsiblemente tendrá lugar en septiembre con Alfonso Carrasco Rouco, sobrino del cardenal ultraconservador Antonio María Rouco Varela que ejerció como arzobispo de Madrid entre 1994 y 2014, como candidato para sustituir a José Manuel Lorca Planes—, Europa Laica Región de Murcia aprovecha la ocasión para denunciar públicamente la actitud de la jerarquía católica regional, reflejada en un reciente episodio ocurrido en la ciudad de Murcia.

José Manuel Lorca Planes, que cumplió 75 años el pasado año y cuya gestión ha estado marcada por la polémica tras su suplantación de identidad para vacunarse tempranamente contra el COVID-19, fue además premiado por el gobierno regional con la distinción de Hijo Predilecto, en un gesto que Europa Laica califica de “inexplicable” y “premio a una actitud insolidaria”.

Este episodio sirve de telón de fondo para un hecho ocurrido durante la huelga de hambre promovida por el colectivo Yay@flautas de Murcia y Palestina Libre de la Región, que tuvo lugar en la Glorieta de Murcia desde el miércoles 28 de mayo hasta el sábado 14 de junio. Durante esta protesta pacífica, que contó con la participación de más de un centenar de huelguistas a lo largo de la quincena se colocó una pancarta de dos por dos metros en la fachada lateral del Palacio Episcopal, justo en el “Martillo” del edificio, que mira hacia la espalda de la Estatua del Cardenal Belluga en la Glorieta.

La pancarta mostraba imágenes de niños y frases como “17.000 niños asesinados por Israel”, “900.000 en riesgo de muerte” o “El hambre, la sed, el frío, la falta de techo y hospitales también matan. Paremos este genocidio. Murcia con Palestina. Libre del río al mar”.

Sin embargo, esta pancarta molestó visiblemente a la jerarquía eclesiástica. Europa Laica denuncia que la orden de retirada fue transmitida verbalmente por una trabajadora del Obispado, en cumplimiento de una instrucción directa de dicha institución, lo que llevó a que la pancarta fuera cambiada de emplazamiento con intervención policial para garantizar su cumplimiento.

La pancarta en cuestión en su nuevo emplazamiento tras la orden de retirada el 31 del pasado mes de Mayo

A este acto se suma una reflexión sobre la presencia, cada noche, de personas sin hogar que se instalaban justo al lado del campamento, junto a la parte trasera del Palacio Episcopal, un inmueble con numerosos ventanales que por la mañana permiten ver que muchas de sus oficinas permanecen vacías.

A través de una carta abierta, la delegación territorial murciana de Europa Laica se pregunta si el obispado no podría poner a disposición de las personas sin techo estas dependencias vacías, una idea que recuerda, pero que a día de hoy no se contempla, especialmente en un contexto donde los servicios sociales municipales se ven cada vez más limitados.

Además, la organización hace un llamamiento para que se revisen las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia, un proceso por el cual se inscribieron en el registro de la propiedad numerosos bienes e inmuebles sin aportar título legal suficiente, gracias a la complicidad de registradores y autoridades eclesiásticas.

En concreto, el Palacio Episcopal fue inmatriculado en los años 80 mediante una autocertificación eclesiástica firmada por el obispo de aquel entonces, y desde Europa Laica reclaman la publicación del listado completo de inmatriculaciones desde 1946, así como la anulación de aquellas que carezcan de título legítimo, dado que representa una anomalía en un Estado de derecho.

Juan Celdrán Navarro, coordinador de Europa Laica en la Región de Murcia, subraya en dicho escrito que la Iglesia no puede seguir actuando como una entidad al margen de la ley y debe responder a las demandas sociales de transparencia y solidaridad, especialmente cuando se trata de cuestiones tan sensibles como la acogida a personas en situación de vulnerabilidad y la denuncia de injusticias internacionales.

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