Más de 200 organizaciones de todo el Estado —entre ellas asociaciones culturales, ONG, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos— han unido sus voces para exigir que España rechace la extradición de James «Fergie» Cox Chambers, filántropo autoproclamado Marxista-Leninista y reconocido defensor de los derechos del pueblo palestino, detenido en Ibiza a petición de las autoridades estadounidenses.
La iniciativa, impulsada por la Red Solidaria Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina, coincide con la decisión que debe adoptar la justicia española sobre el recurso presentado por Cox Chambers. Estados Unidos reclama su entrega para juzgarlo por varios cargos federales que, de prosperar, podrían acarrearle una condena de hasta 30 años de prisión.
Para las organizaciones firmantes, el caso trasciende la situación personal de Cox Chambers. Consideran que aceptar la extradición abriría un peligroso precedente al permitir que Estados Unidos persiga desde el extranjero a personas comprometidas con la causa palestina. «Sería la primera vez que una persona es reclamada desde España por su apoyo a Palestina», advierten en el manifiesto.
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Los colectivos recuerdan que Cox Chambers ha destinado una parte importante de su patrimonio a financiar proyectos humanitarios en la Franja de Gaza, así como iniciativas sociales y medios de comunicación que trabajan en defensa de los derechos del pueblo palestino. Aseguran que las acusaciones en su contra responden a una motivación política y las enmarcan en la ofensiva de la administración de Donald Trump contra el movimiento internacional de solidaridad con Palestina.
El manifiesto también alerta sobre las consecuencias que tendría su entrega a Estados Unidos. Los firmantes sostienen que existe un riesgo real de que sus derechos fundamentales no sean respetados y denuncian que podría ser sometido a condiciones de detención especialmente duras, entre ellas largos periodos de aislamiento.
Por ello, hacen un llamamiento a representantes políticos, juristas, organizaciones sociales y a la ciudadanía para que se movilicen e impidan una extradición que, aseguran, no solo afectaría a Cox Chambers, sino que reforzaría la capacidad de un gobierno extranjero para extender la persecución del activismo propalestino más allá de sus fronteras.
En el texto, las organizaciones sostienen que la petición de extradición forma parte de la estrategia de la administración Trump para reprimir el movimiento de solidaridad con Palestina. «El delito es apoyar el genocidio, no apoyar a quienes tratan de combatirlo», concluye el manifiesto
