La Plaza de la Paz, corazón del histórico barrio obrero murciano, ha sido escenario de una denuncia pública contra la creciente presión inmobiliaria que, según vecinos y colectivos sociales, está provocando la expulsión de familias trabajadoras de sus viviendas. Frente al Centro de Mayores del barrio, la familia afectada por una orden de desahucio, acompañada por el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Paz, Pedro Crespo, el conocido cura antidesahucios Joaquín Sánchez de la HOAC y un grupo de vecinos y vecinas, ofreció una rueda de prensa para visibilizar una situación que califican de “injusta e inhumana”.
Durante su intervención, Pedro Crespo denunció que la especulación inmobiliaria y la compra de viviendas por parte de fondos de inversión están provocando la expulsión progresiva de residentes históricos del barrio. “Se está especulando y están echando a personas que llevan muchos años viviendo aquí, pagando religiosamente sus alquileres. Al final los engañan porque las viviendas las compran fondos de inversión y cuando vienen a darse cuenta tienen una orden de desahucio”, afirmó.
El presidente vecinal aseguró que la asociación tiene constancia directa de al menos cuatro casos recientes de características similares y alertó de que podrían existir entre 12 y 16 familias con órdenes de lanzamiento en los próximos meses. Según explicó, muchas personas no denuncian públicamente su situación por vergüenza o por miedo a la exposición mediática.
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Crespo también advirtió de la transformación del mercado de la vivienda en el barrio, donde algunas empresas estarían adquiriendo pisos para destinarlos al alquiler por habitaciones. “Aquí se están pagando entre 350 y 450 euros por habitaciones en viviendas de apenas 48 metros cuadrados. Esto se está convirtiendo en un negocio basado en echar a la gente de sus casas”, denunció.
Una familia al borde del desalojo tras 19 años de alquiler
La situación más urgente es la de Aurora y Dani, un matrimonio con tres hijos —dos de ellos menores y uno con discapacidad— que afronta un desalojo forzoso previsto para el próximo martes 30 de junio.
Aurora explicó que la familia lleva cerca de dos décadas viviendo en régimen de alquiler en la misma vivienda, pagando puntualmente la renta, los suministros y todos los gastos asociados. “Hace unos tres meses empezamos a encontrarnos con una situación muy extraña. Llegaba gente a nuestra casa diciéndonos que éramos ocupas. Nosotros tenemos un contrato de alquiler y siempre hemos recibido ayudas a la vivienda de la Comunidad Autónoma”, relató.
Según explicó la afectada, la familia desconocía que el propietario había dejado de pagar la hipoteca. Tras la ejecución hipotecaria, la vivienda pasó a manos de una entidad financiera y posteriormente habría sido adquirida por un fondo de inversión al que identifican como Boston Properties o una denominación similar.
La resolución judicial considera que el contrato de arrendamiento carece de validez frente al nuevo propietario, circunstancia que ha desembocado en una orden de desalojo firme. “Ahora mismo me encuentro desesperada, sin saber adónde ir con mis hijos”, confesó Aurora.
Por su parte, Dani insistió en que la familia no pretende permanecer en la vivienda sin pagar. “No somos ocupas. Llevamos 19 años viviendo allí. Lo único que pedimos es seguir pagando el alquiler o que nos den la posibilidad de comprar la vivienda. No queremos que nos regalen nada”, afirmó.
El afectado denunció además que ni el banco ni los nuevos propietarios se pusieron en contacto con ellos antes del procedimiento judicial. “Nos enteramos cuando apareció un agente inmobiliario diciendo que había un nuevo dueño y que teníamos que marcharnos. Presentamos contratos, recibos y justificantes de pago, pero nada ha servido”, lamentó.
Sin alternativa habitacional
La familia asegura que carece actualmente de una alternativa residencial. Los elevados precios del alquiler y la necesidad de encontrar una vivienda adecuada para cinco personas dificultan cualquier solución inmediata. “No encontramos nada que podamos pagar. Si destinamos todos nuestros ingresos al alquiler, no nos queda dinero para vivir”, explicó Dani.
Aunque han solicitado asistencia jurídica y han recurrido a entidades sociales, denuncian que los tiempos administrativos no se corresponden con la urgencia de su situación.
Llamamiento ciudadano para frenar el lanzamiento
Durante la comparecencia, tanto la Asociación de Vecinos del Barrio de la Paz como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) anunciaron que impulsarán una movilización ciudadana para intentar impedir el desahucio y acompañar a la familia afectada.
Los colectivos sociales y vecinales hicieron un llamamiento a la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos, movimientos por el derecho a la vivienda y vecinos de Murcia a concentrarse el próximo martes 30 de junio a las 11.00 horas en la calle Huelva número 26, donde está previsto el lanzamiento judicial de la vivienda.
Los convocantes consideran que el caso representa una situación de profunda injusticia social, al afectar a una familia que lleva cerca de dos décadas residiendo en el inmueble, que ha abonado regularmente el alquiler y que cuenta con tres hijos, uno de ellos con discapacidad. «No podemos permanecer impasibles mientras se expulsa de su hogar a una familia trabajadora sin ofrecerle una alternativa habitacional digna», señalaron los representantes vecinales y sociales presentes.
La convocatoria pretende visibilizar la problemática de los desahucios derivados de operaciones especulativas y reclamar una solución negociada que permita suspender el lanzamiento previsto para el próximo 30 de junio.
