El colectivo Yay@flautas de Murcia ha presentado este jueves, 7 de mayo, una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Murcia para reclamar que se investiguen las decisiones políticas y administrativas derivadas del acuerdo firmado entre PP y VOX que contemplaba el cierre del Centro de Menores Rosa Peñas de Santa Cruz antes del curso escolar 2025/2026.
La acción judicial llega después de que la Fiscalía Superior de la Región de Murcia archivara unas diligencias previas abiertas tras distintas denuncias ciudadanas y sociales, entre ellas las impulsadas por Yay@flautas, asociaciones vecinales y colectivos educativos. En su resolución, la Fiscalía reconocía la existencia del acuerdo político y confirmaba el traslado de los menores a distintos recursos y albergues, aunque concluía que no apreciaba indicios penales suficientes.
Ante los medios de comunicación, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, miembros del colectivo aseguraron que “no estamos ante una simple reorganización administrativa, sino ante decisiones políticas que han afectado directamente a niños y niñas especialmente vulnerables, cuya tutela corresponde a la propia Comunidad Autónoma”.
La denuncia presentada sostiene que el traslado de los menores se produjo en un contexto de presión política y social alimentado por discursos contra la inmigración y reclama que sea un juez quien determine si existió vulneración de derechos fundamentales, discriminación institucional o posibles responsabilidades penales derivadas de las actuaciones adoptadas.
El documento registrado ante el juzgado pone el foco sobre el punto 2.2 del acuerdo suscrito entre PP y VOX, donde ambas formaciones recogían expresamente el compromiso de “cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al Centro de Menores de Santa Cruz antes del inicio del curso escolar 2025/2026”.
Sin embargo, la propia Fiscalía dejó constancia en sus diligencias de que la Asamblea Regional aseguró no disponer de antecedentes oficiales sobre ese acuerdo en sede parlamentaria, mientras que la Consejería defendió que no se produjo un cierre formal del centro, sino un traslado progresivo de los menores hacia otros recursos bajo un nuevo modelo de acogida.
Según los datos recogidos en el decreto fiscal, 58 menores fueron desplazados desde el centro Rosa Peñas hacia distintos recursos de Santomera, Sangonera la Verde, Zarandona y el albergue de El Valle, mientras varios jóvenes dejaron de estar tutelados al alcanzar la mayoría de edad.
Yay@flautas cuestiona que estas decisiones respondieran exclusivamente a criterios técnicos y denuncia las consecuencias humanas y sociales del proceso. “Estamos hablando de menores que ya estaban escolarizados, integrados y construyendo vínculos sociales en Murcia. Arrancarlos de ese entorno supone desarraigo, incertidumbre y un grave impacto emocional”, manifestaron los portavoces del colectivo.
La denuncia también reclama investigar las decisiones relacionadas con viviendas y recursos vinculados al modelo europeo de integración y emancipación de menores migrantes, así como las posibles “órdenes y contraórdenes” políticas que habrían afectado a proyectos destinados a favorecer su inclusión social.
Asimismo, los Yay@flautas anunciaron ante los medios que “se solicita conocer el destino concreto y las condiciones de acogida de cada menor trasladado, así como la situación actual de quienes cumplieron los 18 años y quedaron fuera de la tutela de la Administración”, añadiendo que “también se pide que comparezcan responsables políticos y administrativos para esclarecer quién tomó realmente las decisiones y bajo qué criterios”.
En el escrito judicial, el colectivo reclama diligencias dirigidas a determinar si determinadas actuaciones pudieron vulnerar derechos recogidos en la Constitución Española, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación internacional de protección a la infancia.
La organización considera especialmente grave que las decisiones se produjeran en paralelo a un clima de tensión política y discursos públicos sobre inmigración. Las diligencias archivadas por Fiscalía también analizaron la concentración convocada por VOX frente al centro de menores bajo el lema “Tu seguridad es nuestra prioridad”, aunque finalmente descartaron indicios de delito de odio.
“Cuando la infancia migrante se convierte en moneda de cambio política, la democracia retrocede”, concluyeron los Yay@flautas, insistiendo en que su objetivo es “defender la dignidad y los derechos de unos menores que no pueden ser tratados como un problema de orden público”.
