Murcia Laica, federación territorial de Europa Laica, ha hecho pública una carta en la que denuncia el contenido del pregón ofrecido por el sacerdote Pedro César Carrillo durante las fiestas patronales de Alcantarilla el pasado sábado, 3 de mayo. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Infanta Elena y fue retransmitido en directo por el canal oficial del Ayuntamiento, con presencia de la alcaldesa del Partido Popular y otras autoridades políticas.
En su escrito, Juan Celdrán Navarro, presidente de Murcia Laica, expresa su “profundo rechazo” ante lo que califica como un “discurso plagado de afirmaciones ultraconservadoras, ofensivas y ancladas en un fundamentalismo religioso impropio de una sociedad democrática y plural en pleno 2025”.
Entre las declaraciones del sacerdote, destacan frases que responsabilizan a la incorporación de la mujer a la vida laboral y sociopolítica de la “enfermedad de la humanidad”, así como ataques directos al feminismo, al aborto, a la eutanasia o a los derechos sexuales. Según Celdrán, estas ideas “perpetúan estereotipos machistas, culpabilizan a las mujeres de la violencia que sufren y niegan los avances sociales de las últimas décadas”.
Murcia Laica considera especialmente grave que este tipo de mensajes se emitan desde un espacio público, bajo cobertura institucional, y con financiación pública: “Este sacerdote cobra su sueldo con el dinero de todas y todos los contribuyentes, y ha usado esa posición para lanzar un mensaje de odio en un acto municipal”.
La federación recuerda que los cargos públicos “representan a la totalidad de la ciudadanía, no solo a quienes profesan una religión”, por lo que pide que las instituciones murcianas adopten reglamentos de laicidad que impidan la participación institucional en actos confesionales. “Quien quiera acudir a un acto religioso, que lo haga a título personal, no en nombre del conjunto del pueblo”, subraya Celdrán.
Murcia Laica reclama una rectificación por parte del Ayuntamiento de Alcantarilla y exige que se garantice que actos futuros no serán instrumentalizados por ninguna confesión religiosa. “La neutralidad del Estado no es una opinión, es una obligación constitucional”, concluye la carta.
