Siete activistas vinculados a Palestine Action se enfrentan a un proceso judicial que puede convertir una acción de protesta contra el complejo de golf de Donald Trump en Turnberry, Escocia, en un caso con consecuencias derivadas de la legislación antiterrorista.
Los hechos se remontan al 8 de marzo de 2025, cuando activistas irrumpieron en el complejo Trump Turnberry y realizaron una acción de protesta contra la política de Donald Trump respecto a Palestina y Gaza. Según la acusación, pintaron consignas como «Gaza is not 4 sale», dañaron partes del campo, excavaron zonas del césped, utilizaron herbicida y provocaron daños en el sistema de riego y otras instalaciones.
La acción tuvo lugar casi cuatro meses antes de que el Gobierno británico prohibiera Palestine Action como organización terrorista, el 5 de julio de 2025. Sin embargo, ahora la acusación contra los siete activistas incorpora como agravante que los daños habrían estado «agravados por razón de una conexión terrorista».
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Los siete deberán comparecer el 31 de agosto ante el High Court de Glasgow.
Trump los llamó «terroristas» antes de que el Reino Unido prohibiera Palestine Action
La dimensión política del caso aparece desde los primeros días posteriores a la acción.
El 30 de marzo de 2025, Donald Trump publicó en Truth Social que había sido informado por el primer ministro británico, Keir Starmer, de que habían sido detenidos los responsables del ataque contra Turnberry. Trump se refirió directamente a ellos como «terroristas» y reclamó que fueran tratados con dureza.
La afirmación resulta especialmente significativa porque en aquel momento Palestine Action todavía no estaba proscrita en Reino Unido.
La organización sería finalmente incluida en la lista de organizaciones terroristas en julio de 2025. El Gobierno de Keir Starmer justificó oficialmente la decisión por el conjunto de acciones de daño contra empresas e instalaciones vinculadas al sector militar, especialmente contra compañías relacionadas con la industria armamentística israelí.
Por tanto, no puede afirmarse que Turnberry fuera oficialmente la causa de la proscripción. Pero tampoco puede ignorarse que el episodio se produjo justo cuando el Gobierno británico comenzó a estudiar formalmente la prohibición.
Cinco días después de Turnberry comenzó la revisión de la proscripción
Los documentos judiciales relacionados con la posterior batalla legal contra la prohibición contienen un dato especialmente relevante.
La revisión gubernamental sobre la posible proscripción de Palestine Action tuvo una reunión del Proscription Review Group el 13 de marzo de 2025, apenas cinco días después de la acción de Turnberry.
Posteriormente hubo documentos ministeriales fechados el 26 de marzo, 2 de abril y 4 de junio. La documentación judicial señala que el Gobierno valoró, entre otros factores, la naturaleza y escala de las actividades de Palestine Action y la amenaza que consideraba que representaban para Reino Unido.
Esto demuestra que el proceso de proscripción ya estaba en marcha en marzo, pero no demuestra por sí solo que la acción contra el patrimonio de Trump fuera la causa de la decisión.
Y aquí aparece una cuestión política que merece ser investigada: ¿hasta qué punto influyó el ataque contra una propiedad de uno de los hombres más poderosos del planeta en la aceleración de la respuesta del Estado británico?
Eric Trump se reunió con el primer ministro escocés días después
La cronología tampoco termina en el mensaje de Trump.
El 13 de marzo de 2025, apenas cinco días después de la acción de Turnberry, el primer ministro de Escocia, John Swinney, recibió en Bute House a Eric Trump, hijo del presidente estadounidense y ejecutivo de la Trump Organization.
La reunión fue presentada oficialmente como un encuentro relacionado con los intereses empresariales de la familia Trump en Escocia. Sin embargo, tuvo lugar inmediatamente después de los daños sufridos en Turnberry y en un contexto de creciente tensión política alrededor de Donald Trump.
Posteriormente, documentos obtenidos mediante la legislación de transparencia escocesa confirmaron la existencia de una reunión entre Swinney y el entonces ministro británico de Exteriores, David Lammy, en Londres el 11 de marzo de 2025, tres días después de la acción de Turnberry.
Ahora bien, existe un matiz fundamental: el Gobierno escocés ha afirmado que no conserva información que vincule documentalmente aquella reunión con el incidente de Turnberry ni que mencione a Eric Trump.
Por ello, cualquier afirmación de que Swinney acudió a Lammy específicamente para tratar el ataque contra el campo de golf debe presentarse como una cuestión pendiente de acreditar, no como un hecho probado.
¿Presión de Trump o respuesta a la actividad de Palestine Action?
El Gobierno británico sostiene que la proscripción respondió a un patrón de acciones de Palestine Action y no a un incidente concreto. La documentación oficial menciona ataques anteriores contra instalaciones de empresas vinculadas a la industria de defensa y argumenta que determinadas acciones habían alcanzado el umbral legal de terrorismo.
Una sentencia del High Court de febrero de 2026 concluyó que la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, estaba legalmente facultada para considerar que determinadas actuaciones de Palestine Action constituían actos de terrorismo y para valorar el riesgo futuro de nuevos daños graves contra objetivos relacionados con la industria de defensa.
Pero la secuencia política resulta difícil de ignorar:
8 de marzo: acción contra Turnberry.
10 de marzo: conversación entre Donald Trump y Keir Starmer.
11 de marzo: reunión de John Swinney con David Lammy en Londres.
13 de marzo: reunión de Swinney con Eric Trump.
13 de marzo: reunión del grupo gubernamental que estudiaba la proscripción de Palestine Action.
30 de marzo: Trump califica públicamente de «terroristas» a los responsables de Turnberry.
23 de junio: el Gobierno británico anuncia formalmente su decisión de proscribir Palestine Action.
5 de julio: la organización queda oficialmente prohibida bajo la Terrorism Act 2000.
La cronología no prueba una relación causal, pero sí plantea interrogantes legítimos sobre la dimensión política de una decisión que posteriormente ha generado un intenso debate sobre los límites entre terrorismo, daño a la propiedad y protesta política.
De Turnberry a la persecución antiterrorista
La dimensión del conflicto ha crecido considerablemente desde entonces.
En agosto de 2026, la Administración Trump decidió designar a Palestine Action como organización terrorista en Estados Unidos y aplicar sanciones contra ella. Naciones Unidas ha criticado esta decisión por considerar que supone una restricción desproporcionada de las libertades de expresión, reunión y participación política.
En Reino Unido, mientras tanto, la prohibición continúa siendo objeto de batalla judicial y política.
El caso de Turnberry introduce ahora una nueva dimensión: personas acusadas de causar daños materiales en una propiedad privada antes de que Palestine Action fuera ilegal pueden enfrentarse a las consecuencias de que esos hechos sean considerados vinculados al terrorismo.
Los siete acusados comparecerán el 31 de agosto de 2026 en Glasgow.
El proceso determinará, en último término, qué responsabilidad penal corresponde a cada uno. Pero mucho antes de que se dicte sentencia queda una cuestión política sobre la mesa:
¿Se está utilizando la legislación antiterrorista para combatir una amenaza real de terrorismo o para criminalizar formas de protesta radical contra la industria armamentística y la política de Israel en Palestina?
Y existe una segunda pregunta que merece una respuesta documental, no propagandística:
¿Qué papel desempeñó la protección de los intereses de Donald Trump —y la presión política generada por el ataque a su propiedad en Escocia— en la decisión posterior del Estado británico de convertir a Palestine Action en una organización terrorista?
Por ahora, la evidencia pública permite afirmar que la coincidencia temporal es real, los contactos políticos existieron y la revisión de la proscripción comenzó pocos días después de Turnberry. Lo que todavía no está demostrado es que una cosa fuera consecuencia directa de la otra.
Precisamente por eso, la cuestión merece seguir siendo investigada.
