El desahucio previsto este jueves en Sucina, en el paraje Venta La Dulce, ha sido suspendido temporalmente hasta el próximo 12 de mayo gracias a la intervención y presión de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Vivienda y militantes de Izquierda Unida-Verdes. La familia de Juan García, que subsiste con el Ingreso Mínimo Vital y tiene una hija menor y otros dos hijos a su cargo, permanece en una situación de extrema vulnerabilidad y sin alternativa habitacional.
Según explicó el activista de la PAH José Antonio Vives, la comisión judicial acordó la suspensión del lanzamiento pese a que la existencia de recursos en el procedimiento no implica automáticamente la paralización del desahucio. “Hemos conseguido que se suspenda el lanzamiento y que se conceda un plazo hasta el 12 de mayo para buscar una solución, pero la situación sigue siendo muy precaria porque no existe alternativa habitacional”, señaló.
Vives subrayó además que la defensa de la familia ha puesto sobre la mesa distintas vías para evitar el desalojo, sin obtener respuesta por parte del fondo propietario. “Se ha trasladado tanto una propuesta de alquiler social como una oferta de compra por parte del hijo mayor, que ascendía a 50.000 euros en efectivo, en línea con las exigencias planteadas, pero hasta ahora no ha habido ninguna contestación”, denunció.
Por su parte, Juan García, afectado por el proceso, describió una situación marcada por la incertidumbre y la ausencia total de alternativas. “Ahora mismo no tenemos ninguna solución. Seguimos en la vivienda con nuestros hijos, pero todo depende de lo que decidan. No sabemos qué va a pasar cuando llegue el 12 de mayo”, explicó. El afectado también denunció las condiciones de abandono del entorno en el que reside la familia, sin servicios básicos como alcantarillado o suministro de agua.
Ante esta situación, Penélope Luna, coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, ha reaccionado a este caso afirmando que es un problema estructural derivado de las políticas de la derecha. “Este desahucio refleja el resultado de años de recortes y desprotección. El PP y Vox han debilitado los mecanismos que protegían a las familias vulnerables, permitiendo que hoy situaciones como esta se repitan”, afirmó.
Luna señaló igualmente la responsabilidad de las administraciones gobernadas por el Partido Popular en la Región de Murcia. “El Ejecutivo de López Miras y el PP de Ballesta en el Ayuntamiento de Murcia no pueden desentenderse mientras fondos de inversión expulsan a familias de sus hogares. Tienen capacidad para intervenir y deben garantizar soluciones habitacionales dignas”, sostuvo.
La dirigente de IU-Verdes advirtió de que, sin un refuerzo urgente de las políticas públicas de vivienda, este tipo de situaciones tenderán a multiplicarse. “Lo ocurrido en Sucina no es un caso aislado. Si no se actúa, veremos cómo se repiten estos desahucios a lo largo de los próximos meses”, concluyó.
Colectivos sociales y organizaciones políticas han anunciado que mantendrán la movilización para evitar el desalojo definitivo y exigir una solución estable para la familia antes de la nueva fecha fijada por el juzgado.
