Comisiones Obreras y UGT han vuelto a concentrarse este miércoles a las puertas de la Asamblea Regional para exigir la negociación inmediata del convenio colectivo de la sanidad privada, bloqueado desde hace casi 16 años. Una movilización que, según han advertido sus responsables, no será la última.
La secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, ha sido contundente al asegurar que “no vamos a parar” y remarcar que se trata de una lucha “legítima y justa”, en un contexto en el que, según denunció, los trabajadores “lo están pasando muy mal y no llegan a final de mes”. Fuentes ha señalado directamente al Gobierno regional, y en particular al consejero de Sanidad, por su inacción, al sostener que podría presionar a las patronales para sentarse a negociar pero ha optado por no hacerlo.
En este sentido, ambos sindicatos han solicitado reuniones con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de forzar su implicación en el conflicto. Esta ofensiva sindical coincide con la polémica generada por el posicionamiento del Ejecutivo autonómico contra la subida del salario mínimo interprofesional. Fuentes ha rechazado este argumento al considerar que se basa en una “excusa peregrina”, ya que, a su juicio, es el propio Gobierno regional quien tiene la capacidad de garantizar esos incrementos en los contratos públicos.
Las cifras que manejan las organizaciones sindicales reflejan, según indicaron, un escenario de precariedad estructural. La Región de Murcia se sitúa entre las comunidades con los salarios más bajos y lidera la tasa de pobreza infantil, con 11 puntos por encima de la media estatal. En este contexto, Fuentes ha criticado que el Ejecutivo autonómico, en lugar de combatir la pobreza laboral, se alinee con las patronales que mantienen bloqueado el convenio desde hace más de una década.
Desde UGT, su secretaria general, Paqui Sánchez Salmerón, ha elevado el tono de la crítica al calificar la situación de “incongruente” y de una “hipocresía que roza el surrealismo”. Según expuso, resulta contradictorio que trabajadores de la sanidad privada continúen percibiendo el salario mínimo tras 15 años sin convenio mientras, al mismo tiempo, la Administración se posiciona en contra de su subida.
Sánchez ha puesto el foco en el uso de fondos públicos al denunciar que millones de euros procedentes de los impuestos de la ciudadanía están siendo destinados a la sanidad privada, lo que, a su juicio, no se traduce en una mejora del servicio. En cambio, ha descrito un escenario de “sanidad precaria”, con plantillas saturadas, jornadas prolongadas y condiciones laborales que ha llegado a calificar como propias de “un trabajo de esclavitud”.
Ambas dirigentes han coincidido en señalar el impacto directo de esta situación sobre la calidad asistencial. Fuentes ha advertido de que unas condiciones laborales marcadas por bajos salarios, sobrecarga de trabajo y penalizaciones incluso por enfermar terminan afectando de forma directa a los usuarios. Además, ha alertado de que la sanidad privada comienza a mostrar también signos de saturación, incapaz de absorber el volumen creciente de derivaciones desde el sistema público.
El desvío de recursos hacia la sanidad privada, que los sindicatos sitúan en torno a los 180 millones de euros, junto a decisiones como el posible cierre de la cuarta planta del Hospital del Rosell —destinada a cuidados paliativos y atención geriátrica—, refuerzan, según denunciaron, una estrategia de deterioro progresivo de la sanidad pública. En palabras de Sánchez, se estaría produciendo un trasvase continuo de recursos y pacientes hacia el sector privado.
Finalmente, ambas organizaciones han reiterado su determinación de mantener la movilización en el tiempo si no se producen avances en la negociación del convenio. En este sentido, han advertido de que no van a cesar en sus reivindicaciones y han acusado al Gobierno regional de vulnerar los mecanismos de participación institucional y de sostener un modelo que, a su juicio, cronifica la precariedad laboral y debilita el sistema sanitario.
