Murcia ha acogido esta tarde, martes 24 de marzo, una movilización contra el racismo institucional que ha reunido a más de un centenar de personas en el barrio del Carmen. La concentración, enmarcada en la campaña estatal “Parad el racismo y no a las personas”, ha servido para visibilizar el rechazo social a las redadas policiales basadas en perfiles raciales, una práctica denunciada por más de 450 colectivos en todo el Estado que respaldan el manifiesto leído durante el acto.
La convocatoria, impulsada por Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la Región de Murcia (CONGD-RM) y Convivir Sin Racismo, ha combinado distintas expresiones culturales y de denuncia. Durante la concentración se han recitado poemas antirracistas y se ha representado una escena teatral que escenificaba las consecuencias de las identificaciones policiales por perfil étnico, con dos participantes caracterizados como agentes, poniendo el foco en la violencia institucional tanto simbólica, cómo material que sufren las personas racializadas.
El momento central ha sido la lectura del manifiesto, iniciada por el presidente de la CONGD-RM, John Martínez, y continuada por representantes de distintos colectivos sociales. El texto, respaldado por centenares de organizaciones, denuncia que el Estado español “tiene un problema con el racismo” que se agrava por la falta de reconocimiento institucional, y señala que esta discriminación no solo es social, sino también estructural.
El manifiesto ha puesto el acento en los controles policiales por perfil racial o étnico, definidos como una práctica “endémica” que sigue siendo negada pese a sus efectos. Las organizaciones advierten de que estas actuaciones no solo son ineficaces en la lucha contra la delincuencia, sino que vulneran derechos fundamentales, deterioran la salud física y emocional de las personas afectadas y erosionan la confianza en las instituciones.
Asimismo, denuncian que el racismo atraviesa múltiples ámbitos de la vida, desde el acceso a la vivienda, la educación o la sanidad, hasta las trabas administrativas que enfrentan las personas migrantes, incluyendo el empadronamiento o la regularización documental. También señalan el papel de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como expresión de este racismo institucional.
Frente a esta realidad, el manifiesto ha planteado medidas concretas: el reconocimiento explícito del racismo institucional por parte de las administraciones, la prohibición legal de las identificaciones basadas en perfiles raciales, la implantación de formularios policiales que obliguen a justificar cada intervención y la creación de un organismo independiente que supervise y sancione posibles vulneraciones de derechos humanos.
Las organizaciones han subrayado que el actual contexto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, abre una ventana para abordar estas prácticas de forma estructural. “Solo con medidas concretas, y no con meras apelaciones, es posible poner fin a esta discriminación”, sostienen.
Tras la movilización en Murcia, la protesta tendrá continuidad el próximo 26 de marzo en Cartagena, donde colectivos sociales y ciudadanía volverán a salir a la calle para denunciar el racismo institucional y exigir igualdad real de trato.
