El diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado este miércoles la opacidad del Ejecutivo regional frente al grave problema de contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena. La moción presentada por la coalición de izquierdas reclamaba la publicación inmediata del informe encargado por la Consejería de Agricultura a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023, que revela niveles alarmantes de arsénico, plomo, cadmio, cobre, zinc y manganeso en los suelos agrícolas del arco sur de la comarca.
“Las circunstancias que motivan esta moción y la cantidad de solicitudes de información y preguntas escritas dirigidas a la Consejería son especialmente graves”, subrayó Álvarez-Castellanos. “Partimos de la negación de información pública amparada por la ley de Transparencia. Primero dijeron que el estudio ni siquiera existía; luego, tras desmentido de la propia UPCT, admitieron que se entregó, pero que supuestamente no cumplía los requisitos formales y metodológicos”.
El parlamentario recordó que el decreto de concesión de la subvención establecía objetivos claros: actualizar la cartografía de suelos a escala 1:50.000, elaborar mapas temáticos sobre contaminación y propiedades del suelo, y confeccionar un manual de diagnóstico con pautas de intervención. También marcaba un plan de trabajo concreto con 54 muestras por hoja topográfica y selección de cuencas representativas. “¿Qué requisito concreto no se ha cumplido? ¿Cuándo se determinó esta supuesta falta de cumplimiento? La consejera Sara Rubira ha tenido la oportunidad de responder en el pleno, y no lo hizo. Su opacidad genera un riesgo real para la salud pública y la agricultura de la región”, afirmó.
Álvarez-Castellanos exigió que se hagan públicos todos los informes, actas de seguimiento y documentos relacionados con el estudio y reclamó soluciones inmediatas y a medio plazo para atajar la contaminación de los suelos, recordando que “el derecho a la información y la protección de los trabajadores y consumidores no puede ser ignorado”.
Por su parte, la diputada morada, María Marín, denunció que PP y Vox bloquearon en el Hemiciclo la iniciativa, pese a contar con los votos favorables de la coalición de izquierdas y del PSOE. “El pasado 4 de febrero, la Consejería resolvió oficialmente que el informe no existía. Días después reconocieron que sí existía, pero que no cumplía con los objetivos, y anunciaron el reintegro de la subvención de 293.035 euros”, explicó.
Marín acusó a la consejera de mentir y de intentar ocultar la magnitud del problema. “Existe un grave problema de contaminación que proviene de la Sierra Minera. No pueden negarlo. La estrategia del PP es callar y esperar que el problema se olvide, igual que han hecho durante 30 años. Pero los problemas no desaparecen solos; se agravan, como hemos visto con el Mar Menor”.
La coalición de izquierdas subrayó que la contaminación detectada en los suelos supera ampliamente los niveles legales de referencia y representa un riesgo directo para la salud de los consumidores y de los trabajadores del campo, al tiempo que exige medidas urgentes, controles de los productos agrarios y la aprobación antes de 2026 del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam).
