Se cumplen treinta y cinco años del referéndum celebrado el 17 de marzo de 1991 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), una consulta histórica que evidenció de forma contundente la voluntad de la mayoría social de preservar el Estado socialista frente a su posterior desmantelamiento por parte de las élites políticas.
Según los datos oficiales, de un censo total de 185.647.355 ciudadanos con derecho a voto, participaron 148.574.606 personas, lo que representa una participación del 80,0%. De los votos emitidos, 113.512.812 fueron favorables a la preservación de la URSS, es decir, el 76,43%, frente a 32.303.977 votos en contra (21,72%). El resto correspondió a votos nulos o inválidos.
La pregunta sometida a referéndum planteaba la continuidad de la URSS como una federación renovada de repúblicas soberanas e iguales, con garantías plenas de derechos para todas las nacionalidades. No era, por tanto, una defensa inmovilista del statu quo, sino un mandato claro a favor de una reforma del Estado soviético.
El respaldo fue mayoritario en nueve de las repúblicas participantes, entre ellas Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán y Azerbaiyán. En cambio, las repúblicas bálticas (Lituania, Letonia y Estonia), así como Georgia, Armenia y Moldavia, boicotearon o no participaron en la consulta, en un contexto de creciente tensión nacional y procesos independentistas.
Incluso con estas ausencias, el resultado reflejaba una voluntad inequívoca: más de tres de cada cuatro votantes apostaron por mantener una estructura estatal común. En términos absolutos, más de 113 millones de ciudadanos respaldaron la continuidad de la Unión.
La legislación vigente reforzaba el carácter vinculante de esta decisión. La Ley de la URSS «Sobre el voto nacional» de 27 de diciembre de 1990 (n.º 1869-1) establecía en su artículo 29 que las decisiones adoptadas mediante referéndum eran definitivas y solo podían ser modificadas mediante una nueva consulta popular.
Sin embargo, el desarrollo político posterior siguió una dirección opuesta al mandato expresado en las urnas. El 8 de diciembre de 1991, en Belavézhskaya Pushcha, los dirigentes Borís Yeltsin (Rusia), Leonid Kravchuk (Ucrania) y Stanislav Shushkevich (Bielorrusia) firmaron un acuerdo que declaraba que la URSS “dejaba de existir” como sujeto de derecho internacional y como realidad geopolítica.
Esta decisión no fue sometida a referéndum ni contó con un proceso democrático equivalente al del 17 de marzo. Se adoptó en un contexto de descomposición del poder central, tras el fracaso del intento de golpe de Estado de agosto de 1991, y en medio de una creciente pugna entre las élites políticas por el control de los recursos y las estructuras estatales.
Las propias declaraciones de la época evidencian la naturaleza del proceso. El presidente estadounidense George H. W. Bush advertía en agosto de 1991 contra el “nacionalismo suicida” y defendía la necesidad de preservar una unión reformada, mientras que dirigentes como Leonid Kravchuk justificarían posteriormente la ruptura como una decisión política necesaria, no como la expresión de un mandato popular.
Por su parte, Mijaíl Gorbachov denunció que la disolución se llevó a cabo al margen de la legalidad soviética y en contradicción con el referéndum celebrado meses antes, aunque careció de capacidad efectiva para revertir el proceso.
Treinta y cinco años después, los datos siguen siendo incontestables: más de 148 millones de personas participaron en una consulta en la que más de 113 millones votaron por mantener la URSS. La desaparición del Estado soviético no respondió a esa mayoría, sino a una recomposición del poder político que operó al margen de la voluntad popular.
La efeméride interpela directamente al presente: la historia del referéndum de 1991 demuestra que incluso decisiones respaldadas masivamente pueden ser anuladas cuando entran en conflicto con los intereses de las élites dominantes.
