El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará este martes en el Consejo de Ministros la desclasificación de documentos vinculados al golpe de Estado del Golpe de Estado del 23-F, coincidiendo con el 45 aniversario de la irrupción militar en el Congreso. La medida, que entrará en vigor el 25 de febrero tras su publicación en el BOE, permitirá consultar los textos a través de la web de La Moncloa.
El anuncio se produce en un contexto de retraso histórico en el acceso a la verdad: durante décadas, amplias zonas del pasado reciente han permanecido bajo secreto en nombre de la estabilidad institucional, evidenciando los límites de una transición política que priorizó la continuidad del aparato estatal frente al derecho democrático a la memoria.
El presidente ha defendido la decisión como un paso necesario para “construir un futuro más libre”, afirmando que la democracia debe conocer su pasado. Sin embargo, la desclasificación llega tras casi medio siglo de opacidad, un tiempo que no puede interpretarse como simple demora administrativa, sino como expresión de una correlación de fuerzas que blindó a élites políticas, militares y económicas implicadas en la arquitectura del régimen del 78.
La medida se adopta mientras continúa bloqueada la nueva Ley de Información Clasificada, llamada a sustituir a la normativa franquista de 1968. Esta legislación, heredada del autoritarismo, ha funcionado como herramienta de control político del conocimiento histórico, limitando la investigación y la rendición de cuentas.
Diversas formaciones —entre ellas el PNV, EH Bildu, ERC, BNG, Podemos, IU y Sumar— han reclamado durante años la apertura de estos archivos, especialmente para esclarecer el papel de actores clave del Estado, incluida la monarquía encarnada entonces por Juan Carlos I.
La demanda de desclasificación no responde únicamente a un interés historiográfico: implica cuestionar el relato legitimador de la transición y las relaciones de poder que consolidaron un modelo político donde las estructuras del franquismo fueron recicladas en el nuevo marco democrático.
La desclasificación del 23-F contrasta con la persistente opacidad en otros episodios de violencia de Estado, como los crímenes de los GAL, el franquismo tardío o la represión de conflictos laborales y sociales. Incluso en casos recientes, como la documentación del CNI sobre los atentados de 2017, el acceso ha quedado restringido a comisiones parlamentarias sin difusión pública.
Este patrón revela una constante: el secreto de Estado no opera como excepción, sino como mecanismo estructural de preservación del poder. La información se administra políticamente, delimitando qué memorias son reconocidas y cuáles permanecen relegadas al silencio institucional.
La desclasificación puede facilitar el trabajo de investigadores y abrir grietas en el relato oficial, pero también plantea interrogantes sobre su alcance real: qué documentos permanecen fuera, qué partes serán testadas y qué responsabilidades quedarán definitivamente diluidas por el paso del tiempo.
Desde una perspectiva de justicia democrática, la memoria no puede limitarse a la apertura tardía de archivos, sino que exige asumir responsabilidades políticas y reparar a las víctimas de las violencias ejercidas en nombre de la estabilidad del Estado.
La disputa por el pasado es, en última instancia, una disputa por el presente. La memoria histórica no es un gesto simbólico ni un ejercicio académico neutral, es un campo de lucha donde se enfrentan el derecho popular a la verdad y la tendencia de las estructuras de poder a preservar su propia impunidad.
