Izquierda Unida-Verdes ha denunciado esta mañana, en una rueda de prensa frente al Palacio de San Esteban, el abandono sistemático del Gobierno de López Miras hacia las personas con discapacidad y la paralización absoluta de las políticas de accesibilidad en la Región de Murcia. La coordinadora regional, Penélope Luna, y el diputado regional de la formación en la Asamblea, José Luis Álvarez-Castellanos, han subrayado que el Ejecutivo del Partido Popular está incumpliendo la ley, bloqueando derechos y manteniendo a miles de personas sometidas a barreras arquitectónicas, económicas y administrativas que vulneran su autonomía y su dignidad.
Luna ha señalado que, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es imprescindible recordar aquello que casi nunca aparece en los titulares pero marca la vida cotidiana de miles de familias: “la accesibilidad y la autonomía siguen tratándose como un lujo opcional en lugar de un derecho garantizado”. También ha denunciado que, en la Región de Murcia, muchas ayudas técnicas y productos ortoprotésicos básicos —sillas, dispositivos de movilidad, adaptaciones domésticas— no están plenamente cubiertos por la administración y dependen de convocatorias limitadas y criterios económicos que excluyen a demasiada gente. “Quien tiene dinero puede mantener su autonomía; quien no puede pagarlo, se queda atrás. Esta desigualdad es intolerable”, afirmó. A ello se suma el absurdo de una Ley de Propiedad Horizontal que obliga a las comunidades a asumir obras de accesibilidad sólo si el coste no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, dejando en manos de una votación vecinal la entrada y salida de su propio domicilio para personas con discapacidad reconocida. “¿Cómo puede permitir el Gobierno de López Miras que haya murcianos que no pueden entrar ni salir de su casa porque su comunidad decide no invertir? Esto es una vulneración flagrante de derechos básicos”, cuestiona la coordinadora regional.
Luna también ha puesto el foco en una cifra que califica de “vergonzante”: la espera mínima de 18 meses desde que una persona solicita la valoración de discapacidad hasta que es atendida. “Casi dos años para acceder a ayudas esenciales. ¿Qué democracia puede llamarse plena si la dignidad de una persona depende de pasar una cola interminable?”, reprochó.
Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos ha sido rotundo al señalar que la raíz del problema está en la absoluta falta de compromiso político del Gobierno regional con la Ley 4/2017 de Accesibilidad Universal. Ha recordado que el Ejecutivo de López Miras ha tardado siete años y medio en aprobar el reglamento que desarrolla la ley, pese a que el plazo legal era de seis meses, lo que ha paralizado la elaboración de los Planes Municipales de Accesibilidad y del propio Plan Regional. “Siete años y medio de retraso para permitir que miles de murcianos sigan viviendo entre barreras. Y ahora, para colmo, el reglamento aprobado en 2024 da cinco años más para elaborar estos planes. Podríamos llegar a 2029 —doce años después de la aprobación de la ley— sin herramientas reales para garantizar la accesibilidad”, denunció.
Álvarez-Castellanos también criticó la falta de ejecución presupuestaria en materia de accesibilidad. Pese a contar con financiación del Estado que cubre el 84% del gasto, el Gobierno regional solo ha ejecutado un 12,7% del presupuesto del Programa 10 del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Tampoco se ha activado el Fondo para la Promoción de la Accesibilidad que contempla la ley, ni se han ejecutado partidas para mejorar la accesibilidad en 54 centros de salud o en establecimientos turísticos. “La realidad es clara: el Gobierno regional tiene los fondos, pero no la voluntad. Prefiere dejar el dinero en un cajón antes que facilitar que una persona pueda entrar a su casa, acudir al médico o desplazarse con autonomía”, criticó.
Ambos dirigentes de IU han exigido al Gobierno de López Miras un compromiso inmediato y efectivo para garantizar la accesibilidad universal, activar los fondos previstos en la ley, aprobar en seis meses el Plan Regional y dotar económicamente a los ayuntamientos con los recursos necesarios para cumplir sus planes municipales. IU-Verdes ha avanzado que registrará mociones en Ayuntamientos e iniciativas en la Asamblea Regional exigiendo explicaciones por el retraso de más de siete años en el desarrollo de la ley y reclamando medidas urgentes para hacerla efectiva.
Luna ha concluido que mientras la accesibilidad dependa del bolsillo de cada familia, de una votación comunitaria o de la lentitud administrativa, la igualdad real seguirá siendo una meta incumplida en la Región de Murcia. “La dignidad no puede depender ni del dinero ni de la burocracia. El Gobierno de López Miras está fallando a miles de personas. Desde Izquierda Unida-Verdes vamos a seguir presionando en las instituciones y en la calle para que la accesibilidad sea un derecho garantizado, no un privilegio”, afirmó.
