El Parlamento israelí aprobó este lunes en primera lectura dos proyectos de ley que han generado alarma internacional por su impacto sobre los derechos humanos y la libertad de prensa, según reportan medios locales e internacionales. Estas medidas se enmarcan en un contexto de ocupación militar prolongada y violencia sistemática contra la población palestina.
Pena de muerte: expansión de un régimen de terror
El primero de los proyectos, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, busca ampliar el uso de la pena de muerte para personas condenadas por “terrorismo” o homicidios “motivados nacionalmente”. La medida obtuvo 39 votos a favor y 16 en contra, y ahora pasa a comisión parlamentaria antes de la segunda y tercera lectura.
Ben Gvir justificó la propuesta afirmando que “[crearía una disuasión sustancial]” contra el “terrorismo”, condicionando incluso la permanencia de su partido en la coalición a la aprobación de la ley. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que inicialmente había expresado reservas sobre posibles represalias contra prisioneros israelíes en Gaza, ya ha dado su apoyo tras un frágil alto el fuego que permitió la liberación de algunos prisioneros israelíes.
Actualmente, Israel permite la pena de muerte solo en casos excepcionales por orden judicial. Sin embargo, de facto, la aplica regularmente contra la población palestina en Gaza, Cisjordania y Jerusalén/Al Quds a través de asesinatos extrajudiciales y bombardeos. La única ejecución por orden judicial en la historia del Estado sionista fue la de Adolf Eichmann en 1962, un acto ampliamente considerado más como propaganda que como justicia legítima.
Ley de medios extranjeros: censura institucionalizada
En la misma sesión, la Knesset aprobó en primera lectura un proyecto de ley que facultaría al Gobierno israelí para cerrar medios extranjeros sin orden judicial, formalizando lo que ya se conoce como la Ley Al Jazeera. La iniciativa, presentada por el parlamentario del Likud Ariel Kallner y respaldada por la coalición de extrema derecha de Netanyahu, permitiría al Ejecutivo suspender medios extranjeros incluso fuera de contextos de guerra o emergencia nacional, eliminando toda supervisión judicial.
Esta medida surge tras el cierre en 2024 de la cadena qatarí Al Jazeera, acusada por el Ministerio de Comunicaciones israelí de “sesgo anti-Israel” y de “apoyo a Hamas” mediante la cobertura de la ofensiva genocida en Gaza, alegaciones que Al Jazeera ha rechazado en repetidas ocasiones.
Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han denunciado la propuesta como “el primer clavo en el ataúd de la independencia editorial en Israel”. Anne Bocandé, directora editorial de RSF, advirtió que “en un contexto de guerra y campaña electoral, el gobierno de Netanyahu busca silenciar voces críticas a la coalición de extrema derecha”, y alertó sobre las consecuencias permanentes para un panorama mediático que ya funciona dentro de los estrechos márgenes del sionismo.
La expansión de la pena de muerte y la censura mediática refuerzan un modelo de represión que apunta no solo contra la población palestina, sino también contra cualquier disidencia dentro de Israel. Mientras el mundo observa, la Knesset consolida un Estado cada vez más autoritario, legitimando la violencia y silenciando a quienes denuncian sus crímenes.
