Cartagena sigue viviendo sobre un polvorín tóxico. Los barrios del Hondón, Los Mateos y Torreciega arrastran desde hace más de dos décadas una herencia envenenada: toneladas de metales pesados, balsas químicas abandonadas y la desidia institucional de quienes deberían haber protegido a sus vecinos. La Protesta Diario ha recorrido estos terrenos junto a Pedro Gálvez, portavoz de la Plataforma de Afectados del Hondón, Los Mateos y Torreciega, y Pencho Sánchez Fuente, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Isaac Peral, para conocer de primera mano la lucha de una ciudadanía que se niega a ser enterrada bajo la indiferencia política.
“Nos están envenenando en vida”
Pedro Gálvez recuerda que la historia de esta lucha comenzó hace más de veinte años, cuando las mujeres del barrio cortaron carreteras y cerraron la fábrica de ZINSA, hastiadas por los humos y los ácidos que respiraban cada día. “Las primeras manifestaciones fueron en 2004 y 2005. Fueron las mujeres las que se echaron a la calle, hartas del infierno que teníamos encima”, relata.
Aquel infierno continúa. Aunque la fábrica cerró en 2008 tras años de contaminación, las administraciones dejaron que los suelos siguieran vertiendo metales pesados. “En 2009 Medio Ambiente autorizó una nueva balsa cuando la empresa ya estaba cerrada”, denuncia Gálvez. “Luego una sentencia reconoció que la empresa había contaminado todo, pero ni les impusieron sanción económica ni se recurrió para defender a la ciudadanía. Los responsables se fueron de rositas”.
Desde entonces, los vecinos han tenido que asumir la tarea que le correspondía a la administración: tomar muestras, encargar estudios y acudir a los tribunales. “Hemos recogido polvo, agua y escorrentías para demostrar cómo los metales se mueven con el viento. Todo está documentado”, explica. Fruto de esa persistencia, en agosto de 2024 un juez ordenó medidas cautelares para tapar las balsas y extraer el agua contaminada. Pero, como tantas veces, la Consejería de Medio Ambiente ha desobedecido. “Han interferido en el proceso y siguen mirando para otro lado. Lo que quieren es limpiar todo para construir urbanizaciones, el típico pelotazo del PP”, afirma Gálvez.
“El Ayuntamiento es cómplice del desastre”
Pencho Sánchez Fuente, histórico activista vecinal, lo dice sin rodeos: “Nos llaman profesionales de la pancarta, y lo somos con orgullo. Si no gritamos, nadie nos escucha”. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales, denuncia que el Ayuntamiento de Cartagena ha actuado como cómplice en la degradación de la zona. “Han dado licencias para construir un hotel, una guardería y hasta un pabellón deportivo junto a terrenos contaminados. Es ilegal. Pero cuando preguntas, todos se escudan en que lo firmó un técnico”, lamenta.
A esto se suma un episodio que, en sus palabras, “es sangrante y denunciable”: el propio Ayuntamiento compró una parcela de 27.000 metros cuadrados pegada a los suelos tóxicos. “Compraron veneno con dinero público”, denuncia.
El caso del Hondón es paradigmático. Cerró en 2001 y la ley era clara: quien contamina, paga. Sin embargo, el Ayuntamiento compró los terrenos descontando diez millones de euros del precio por estar contaminados, y creó una sociedad pública, Desarrollo de Cartagena, S.A., con la intención de levantar más de 5.000 viviendas.
“Durante 19 años estuvimos peleando para que se declararan oficialmente como suelos contaminados. Había informes de todo tipo que lo confirmaban, pero se negaban a declararlos. Hasta que en 2019, por fin, Medio Ambiente lo reconoció”, recuerda Sánchez Fuente. La empresa propietaria presentó entonces un proyecto de remediación avalado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Confederación Hidrográfica del Segura y la Universidad Politécnica de Cartagena, que proponía encapsular los suelos y convertir el área en un parque seguro. “Pero la Dirección General de Medio Ambiente lo bloqueó. No quieren descontaminar, quieren urbanizar”.
“La gente se está muriendo y no quieren que se sepa”
Los testimonios recogidos por La Protesta Diario son demoledores. Los vecinos hablan de casos crecientes de cáncer y enfermedades respiratorias. “No nos dan los datos, pero los enfermos están ahí. Hay estudios, y los ignoran”, afirma Pencho. Mientras tanto, los terrenos siguen vallados, sin remediación efectiva y con un proyecto técnico bloqueado por motivos que los portavoces califican de “puramente especulativos”. “La Dirección General miente más que habla. La prensa tradicional le sigue el juego. Nosotros no tenemos altavoz. Pero no nos vamos a callar”, insiste.
Ambos coinciden en que el abandono institucional es una forma de violencia ambiental: una condena silenciosa para barrios obreros que nunca fueron prioridad. “En el fondo, esto es una cuestión de clase: si esto pasara en La Manga o en el centro de Murcia, estaría descontaminado desde hace años”, señala Gálvez.
La lucha sigue
Mientras esperan que el juzgado ejecute las medidas cautelares y que Europa ponga el foco sobre Cartagena, los vecinos siguen organizándose. “Si no nos hacen caso aquí, iremos al Supremo. Y si no, a Europa. Y si hace falta, al mismísimo Trump”, ironiza Pencho, entre la rabia y la resignación. Pero detrás de esa ironía hay determinación. “No pedimos limosnas, pedimos justicia ambiental. Queremos vivir sin miedo, sin polvo tóxico y sin mentiras”, concluye.
De la calle al Parlamento: IU-Verdes lleva la lucha vecinal por el Hondón, Los Mateos y Torreciega a la Asamblea Regional
Durante la misma visita, Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia calificó la situación de los suelos contaminados del Hondón, Torreciega y Los Mateos como “una vergüenza ambiental y social”.
La coordinadora regional de IU-Verdes y diputada en la Asamblea Regional, Penélope Hernández, subrayó que “la historia del Hondón es la historia de una impunidad política que ha permitido que familias enteras vivan junto a metales pesados y balsas tóxicas mientras las administraciones miraban hacia otro lado”.
Hernández reclamó que el Gobierno regional “asuma de una vez su responsabilidad y actúe con transparencia y valentía, garantizando la descontaminación integral y priorizando la salud de los vecinos por encima de los intereses urbanísticos”.
Por su parte, el diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, denunció la pasividad de las administraciones y exigió actuaciones urgentes de remediación ambiental, anunciando además la presentación de iniciativas en la Asamblea Regional para depurar responsabilidades políticas, aplicar el principio de “quien contamina paga” y asegurar la reparación ambiental y sanitaria de las zonas afectadas.
