Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiendo que
la ONU aplique la Resolución 377 (v), no deben caer en oídos sordos. Es
urgente que los demás países miembros actúen ante la incapacidad de
acción del Consejo de Seguridad.
El pasado 26 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se unió a un grupo
de manifestantes pro-palestinos a las afueras de la sede de Naciones Unidas en Nueva
York, donde proclamó la necesidad de que la ONU cree un “ejército de salvación
mundial” a través de la Resolución 377 (V), conocida como Uniting for Peace. Además,
hizo un llamado directo a los soldados estadounidenses: “no apunten sus armas contra la
humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump” y “obedezcan el orden de la
humanidad”.
Estas declaraciones provocaron reacciones inmediatas en distintos sectores. Incluso el
gobierno de EE. UU. decidió revocar la visa del mandatario colombiano, considerándolas
una provocación y un llamado a la insubordinación. Sin embargo, más allá de la polémica,
lo cierto es que Petro puso de nuevo sobre la mesa el recordatorio de que la Resolución
377 (V) ya está activa desde 1997 para el caso palestino.
La Resolución 377 (V) fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 3 de
noviembre de 1950, en plena Guerra de Corea, cuando el Consejo de Seguridad se
encontraba paralizado por el veto de algunos de sus miembros permanentes. Su objetivo
fue ofrecer un mecanismo alternativo para que la organización pudiera actuar en la
defensa de la paz y la seguridad internacional cuando el Consejo quedara bloqueado.
Su funcionamiento es claro: si el Consejo de Seguridad no puede actuar, la Asamblea
General puede convocar una Sesión Especial de Emergencia para tratar el asunto. De esas
sesiones pueden emanar recomendaciones colectivas que incluyan presiones
diplomáticas, sanciones económicas o, en casos extremos (como sugirió Petro), el uso de
la fuerza militar.
El punto a favor de esta resolución es que evita la parálisis de la ONU frente a los vetos
del Consejo de Seguridad. El problema, sin embargo, es que las decisiones de la Asamblea
General carecen de carácter vinculante, especialmente en lo que respecta a operaciones
militares, que dependen directamente del Consejo. En consecuencia, su eficacia depende de la voluntad política de los Estados miembros. Si las potencias no colaboran, las
resoluciones suelen quedarse en papel mojado.
Desde su creación, la Uniting for Peace se ha activado en varias ocasiones: en 1956,
durante la Crisis de Suez, cuando se creó la primera fuerza de emergencia de la ONU
(UNEF I); en 1980, para condenar la invasión soviética a Afganistán; en 1997, para
abordar el caso palestino; y más recientemente, en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.
En 1997, el Consejo de Seguridad intentó aprobar una resolución crítica contra Israel por
la construcción de asentamientos ilegales en Jerusalén Este, pero el veto de EE. UU.
bloqueó la iniciativa. En respuesta, la Asamblea General convocó la 10ª Sesión Especial
de Emergencia —que sigue formalmente abierta— y aprobó varias resoluciones que
condenaban las medidas unilaterales de Israel, reafirmaban el derecho del pueblo
palestino a la autodeterminación y pedían la reanudación de las negociaciones de paz. Sin
embargo, al no ser vinculantes, estas resoluciones no lograron traducirse en acciones
concretas.
Hoy, al escuchar las palabras de Gustavo Petro, lo primero que viene a la mente es la
paradoja de la “pescadilla que se muerde la cola”. Desde 1997 —o incluso antes, desde
1948 con la colonización violenta de Palestina—, los líderes internacionales se limitan a
condenar los desplazamientos forzados, las masacres y los crímenes de lesa humanidad
cometidos contra el pueblo palestino, mientras en la práctica no se avanza hacia
soluciones reales. Los palestinos siguen muriendo y el Estado de Israel continúa actuando
con impunidad, protegido por el respaldo de EE. UU.
Las declaraciones de Petro, más allá de su potencial impacto en una hipotética
reactivación de la Uniting for Peace en Palestina, evidencian algo fundamental: es
necesario superar el miedo a EE. UU. y actuar de una vez por todas para frenar el
genocidio. La pasividad de muchos Estados miembros de la ONU es reflejo de la presión
ejercida por la política sin escrúpulos de líderes como Donald Trump.
El mundo y sus dirigentes deben reaccionar ya en beneficio de la humanidad, no en
función de los intereses de unos pocos que pretenden construir “resorts turísticos” sobre
la sangre del pueblo de Gaza. La pregunta que sigue en el aire es: ¿hasta cuándo se
permitirán los crímenes de guerra de Israel y el genocidio del pueblo palestino?
John Martínez
Dr. En Sociedad, Desarrollo y RRLL
jmartínez@coordinadoraongdrm.org
