Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha celebrado esta mañana una rueda de prensa a las puertas de la Consejería de Política Social para denunciar el colapso del sistema de atención a la dependencia en la Región y anunciar una iniciativa parlamentaria en la Asamblea Regional que exija un Plan de Choque inmediato para garantizar el cumplimiento de la Ley.
La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, recordó que la Ley de Dependencia, que debería ser “una garantía de cuidados y dignidad, se ha convertido en nuestra comunidad en un laberinto burocrático interminable”. Según denunció, la Región de Murcia es hoy la segunda comunidad autónoma por la cola en tiempos de espera, con una demora media de 562 días frente a los 180 que marca la ley. “Eso significa que una persona dependiente tiene que esperar casi dos años para recibir la ayuda que legalmente le corresponde, cuando la media estatal es de 345 días y en comunidades como Castilla y León apenas tardan 113”, explicó, advirtiendo de que desde 2017 “han muerto en nuestra Región casi 10.000 personas sin haber recibido su prestación, y a día de hoy más de 15.500 siguen en lista de espera y otras 7.000 con grado reconocido pero sin Programa Individual de Atención”.
Para Luna, “el Gobierno regional del Partido Popular es directamente responsable de este desastre”, recordando que en 2024 dejó sin ejecutar más de 400.000 euros destinados a personal de refuerzo para tramitar expedientes. “Dinero había, lo que no ha habido es voluntad política. Se han anunciado medidas cosméticas, como contratar a unos pocos interinos o comprar vehículos, pero la realidad es que año tras año las listas de espera crecen, porque no se afronta el problema de raíz: falta personal, medios y planificación”.
Por ello, la dirigente de izquierdas reclamó un Plan de Choque inmediato que permita reducir las listas de espera a los plazos que marca la ley. “Hace falta un refuerzo masivo y estable de personal valorador y administrativo, no con contratos temporales, sino con plazas estructurales. Exigimos también que la resolución del grado de dependencia y la prestación se haga de forma conjunta, como en Castilla y León, para agilizar el proceso completo. Los ayuntamientos deben poder colaborar en la tramitación de solicitudes y valoraciones, con apoyo económico y técnico de la Comunidad Autónoma. Es imprescindible una digitalización real del sistema, eliminando duplicidades y retrasos, y debe haber criterios de urgencia prioritarios para que personas en situación grave, con enfermedades avanzadas o menores de seis años no tengan que esperar meses o años. Y, además, exigimos transparencia: informes trimestrales sobre la evolución de las listas de espera y la ejecución presupuestaria”. En palabras de Luna, “no hablamos de favores ni de caridad: hablamos de derechos básicos y de justicia social. Queremos que las personas mayores y dependientes dejen de ser maltratadas por la administración con esperas interminables”.
El diputado regional de IU José Luis Álvarez-Castellanos puso el acento en que la Región ocupa también los últimos lugares en sanidad pública, servicios sociales y atención a la dependencia, con indicadores “que dibujan una situación de emergencia social”. “No es de recibo que en Murcia tengamos que esperar 562 días para resolver una solicitud de dependencia cuando en otras comunidades lo hacen en apenas 113. Tampoco que el IMAS tarde 245 días en resolver la prestación una vez concedido el grado, frente a los 79 de media estatal”, afirmó. El parlamentario señaló además que incluso tras la resolución favorable “420 personas siguen esperando más de seis meses para recibir la prestación concedida”.
Álvarez-Castellanos denunció también que la Región dispone de solo 3,8 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 75 años, frente a las 5,89 de media estatal, lo que supone un déficit de más de 6.400 plazas públicas. “La cobertura de ayuda a domicilio apenas llega al 4,6%, cuando la media estatal es del 11,5%, y en teleasistencia estamos en el 14,1%, frente al 22,5% nacional”. Todo ello, dijo, “hace que tengamos un sistema de dependencia de bajo coste, con bajas prestaciones y que genera menos empleo que en el resto del país: 27,3 empleos por cada millón de euros invertido, frente a los 41 de la media estatal. El 46% de las ayudas en Murcia son económicas por cuidados en el entorno familiar, y además son de las más bajas de España”.
El parlamentario de la formación subrayó que la causa principal está en los recortes presupuestarios del Gobierno regional, que “entre 2019 y 2024 ha reducido el gasto en dependencia un 21%, pasando de 174 a 137 millones de euros, mientras el Gobierno central ha duplicado su aportación y los usuarios han tenido que pagar más con los copagos”. Frente a este modelo, IU-Verdes presentará en la Asamblea Regional una propuesta para exigir un Plan de Choque financiado “con la reversión de los regalos fiscales a las rentas más altas. No se puede recortar un 21% en dependencia y, al mismo tiempo, bonificar 20 millones en el Impuesto de Patrimonio a fortunas con una riqueza media de 3,5 millones de euros”.
Álvarez-Castellanos concluyó que “la dependencia y la sanidad son pilares fundamentales para garantizar una vida digna a las personas mayores. O se elige cuidar a la gente o se elige seguir protegiendo a los privilegiados. IU-Verdes lo tiene claro: vamos a pelear por los derechos de nuestros mayores en la Asamblea Regional y en la calle”.
