En Lorca, Fuente Álamo y Mazarrón se proyectan tres macroplantas de biometano y valorización de residuos que, bajo el relato de la “economía circular”, esconden un patrón bien conocido: la acumulación por desposesión. Anteriormente, hemos visto en la región proyectos de diversa escala, desde la reconversión de instalaciones existentes (Redexis), hasta grandes desarrollos planificados por Enagás Renovable y sus alianzas (con el Grupo Fuertes). Estas empresas buscan transformar residuos en energía y biofertilizantes, pero el verdadero motor no es la sostenibilidad sino la extracción de plusvalía bajo nuevas formas. Estos proyectos, con capacidades industriales sobredimensionadas y funcionamiento 24/7, ya van camino de la expansión territorial, la concentración empresarial y la precarización social. Bajo la bandera de la transición energética, el capital encuentra en la crisis ecológica un nicho de rentabilidad.
Acumulación, territorio y trabajo: la lucha de clases en clave ambiental
El despliegue de estas plantas implica la mercantilización del territorio y la externalización de los costos socioambientales hacia las comunidades. Las cifras nos cuentan: más de 196.800 toneladas/año de residuos en Barranco Hondo y 74 camiones diarios atravesando carreteras locales. ¿Quién asume el riesgo de contaminación de acuíferos, la emisión de gases tóxicos, el ruido y los malos olores?
La plusvalía se genera doblemente: por la apropiación de residuos agroindustriales (que antes eran un problema para los productores) y por la venta de biometano a precios de mercado. Se trata, en esencia, de un nuevo ciclo de acumulación donde la crisis ecológica es instrumentalizada para reforzar el dominio del capital sobre la naturaleza y la fuerza de trabajo.
El proceso de información pública ha sido un simulacro: trámites restringidos, anuncios en boletines oficiales y ausencia de un debate real en los plenos municipales. El Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006 son papel mojado cuando el capital presiona para acelerar permisos. Ecologistas en Acción denuncia la falta de Evaluación Ambiental Estratégica y la vulneración del derecho a la participación ciudadana. La imposición de estos megaproyectos revela la captura corporativa de las instituciones y el vaciamiento democrático: el poder de decisión se desplaza del pueblo trabajador a los consejos de administración.
El costo ambiental del beneficio privado
Los impactos ambientales son sistémicos:
- Emisiones de metano, gas con un potencial de calentamiento 80 veces mayor que el CO₂.
- Riesgo de contaminación de suelos y acuíferos por lixiviados.
- Afectación a espacios protegidos (LICs, hábitats comunitarios, especies amenazadas).
- Ruido, polvo, contaminación lumínica y tráfico pesado que degradan la calidad de vida rural.
Todo ello en nombre de una supuesta “descarbonización” que en realidad desplaza el problema y lo convierte en mercancía.
¿Alternativa? Transición energética desde abajo, no para el capital
La verdadera transición ecológica no puede estar guiada por la lógica del lucro. Exige planificación democrática, control público de la energía y el territorio, y una producción orientada a las necesidades sociales, no a la ganancia privada.
Los megaproyectos de biometano son parte del “capitalismo verde”, un modelo que maquilla la explotación bajo el lenguaje de la sostenibilidad. Lucha contra la crisis climática es también lucha de clases: no basta con cambiar la matriz energética, hay que cambiar el sistema que la gobierna.
Nos cuenta Pedro Belmonte, de Ecologistas en Acción:
En los dos últimos años se ha producido un boom de megaplantas de biogás y biometano en nuestra región que lejos de suponer una solución a los residuos agroganaderos ha supuesto un aumento significativo de los problemas de la gestión de residuos por los impactos ambientales y afecciones que conllevan. Los megaproyectos de han sucedido en Fuente Álamo, San Javier Mazarrón Molina, Las Torres de Cotillas, Mula, Lorca etc., y al mismo tiempo han aumentado las protestas ecologistas, como Ecologistas en Acción y vecinales con la formación de la Coordinadora Regional Stop Biogás. El tratamiento de residuos significara en la mayoría de un volumen muy alto de toneladas al año. Puede decirse que macrogranjas de ganadería industrial intensiva y macroplantas de biometano son dos caras de una misma moneda.
Los proyectos de estas plantas de biogás se han hecho sin información publica y participación ciudadana, limitándose a publicarlos en el BORM. Los riesgos de estas megaplantas de biogás están asociados a la contaminación atmosférica, malos olores, lixiviados, contaminación de los suelos y acuíferos, el sobreconsumo de agua, así como el trasiego de vehículos pesados, que aumentarán la contaminación en los caminos de acceso a la planta, y el riesgo de lluvias torrenciales en la zona que puedan afectar a la planta y provocar un grave problema ambiental
El volumen de acceso de camiones a la planta supondrá un impacto ambiental añadido derivado del trasiego de estos vehículos pesados, además de la perdida de determinados residuos a lo largo del trazado viario. Este trasiego genera impactos negativos como contaminación acústica, emisiones de gases y polvo, y congestión del tráfico, así como posibles pérdidas o derrames de residuos en las vías utilizadas.
Otros elementos sensibles, son los núcleos de población del entorno de estas macroplantas que sufrirán los perjuicios desde el punto de vista de calidad del aire y la contaminación odorífera, o las distintas figuras de protección ambiental (Espacios Protegidos, LIC; ZEPAS, etc,), que sufrirán las afecciones de las plantas de biogas o las áreas de campeo y alimentación de la avifauna como el cernícalo primilla (Falco naumanni) y sisón (Tetrax tetrax). especies vulnerables o el aguilucho cenizo (Circus pygargus). En ningún caso estas plantas deberían instalarse en suelos rústicos con protección por sus valores naturales, en espacios protegidos o en otras zonas con elementos ambientales significativos.
Se vende como una supuesta solución cunado supone una nueva fuente de contaminación, pérdida de calidad de vida de la ciudadanía y de habitabilidad y salubridad del entorno, riesgos de accidentes y problemáticas de salud pública. Es necesario promover una paralización y moratoria de plantas de biogás y un plan de desescalada de la ganadería industrial de nuestra región. Dicho plan de desescalada se debe complementar con un plan de ayudas a los pequeños ganaderos que apuesten por el apoyo a ganadería extensiva y modelos sostenibles que fomenten el consumo en proximidad.
Estos últimos días, integrantes de XRMurcia con el apoyo de The Surge RM se movilizaron en Lorca y en Mazarrón bajo el lema #StopBiogas. Durante la agitación, denunciaron que los biocombustibles no representan la solución climática que prometen, sino que profundizan la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Los colectivos advirtieron que la descarbonización no puede basarse en “falsas soluciones” impulsadas por intereses empresariales. “Por la salud pública, por el medio ambiente, por la vida”, reivindicaron en su llamado a detener estos megaproyectos y apostar por un modelo energético realmente sostenible.
Ante la ofensiva sistemática en nuestra región, la respuesta no puede quedarse en comunicados. Es hora de llenar las calles, visibilizar la lucha y seguir construyendo junto a XR Murcia un movimiento que frene el capitalismo verde y defienda la tierra, la salud y la vida. La transición energética, en tanto que afecta a nuestro planeta y a toda la clase trabajadora en su conjunto, debe operar bajo control ciudadano. A nivel público y sinceramente democrático, no dictado por corporaciones. La lucha contra el Biogás ya es larga y tendida y, la cura de toda esta entropía de sufrimiento y barbarie, habita en las manos de los desposeídos, no en las reformas de la socialdemocracia.
