El equipo de periodismo ciudadano de LaProtesta.es entrevista al conocido activista social Joaquín Sánchez. Es párroco y vecino de la localidad de Las Torres de Cotillas, en Murcia, y lleva décadas colaborando en colectivos y ONGs en numerosos proyectos humanitarios.
Señala cómo se ha originado el grave problema de la instalación de la posible macroplanta de biogás en la localidad, y el gravísimo riesgo que entraña la puesta en funcionamiento de esta gran instalación contaminante, lo que ha generado una importante alarma social. Joaquín nos cuenta cómo los vecinos y vecinas de Las Torres de Cotillas se organizaron en una plataforma (Stop Biogás), que ha desembocado en una gran manifestación de más de 5.000 personas en un municipio de unos 21.000 habitantes.
Desde la redacción de LaProtesta.es hemos desvelado información de este presunto entramado que vincula al alcalde del Partido Popular, Pedro José Noguera, con el magnate Tomás Fuerte, jefe máximo del Grupo Fuertes (El Pozo, Cefusa, Agrifusa, Fripozo y otras filiales) y Enagás (Amancio Ortega, aunque el operador en Murcia es el Consejero delegado Antón Martínez).
Este presunto «pelotazo» conocido como «Caso Biogás» consiste en la ganancia de millones de euros, a costa de esconder los deshechos tóxicos de El Pozo y las filiales de Tomás Fuertes y otras macrogranjas, lo que según todos los expertos consultados originará una segura contaminación del aire, perjudicando seriamente la salud de los vecinos.
Asimismo provocaría un ecocidio tanto en el municipio de Las Torres de Cotillas como en los otros puntos planeados por Enagás para la instalación de sus megaplantas, como es el de El Mirador de San Javier, que podría destruir el valioso ecosistema del Mar Menor. En los últimos días se ha descubierto que la Universidad de Murcia está implicada en este proceso para la constitución de la megaplanta de biogás.
Su papel en este presunto entramado es el de validar la instalación de las mismas, negando así la posibilidad de una votación de los vecinos y vecinas. Aunque el Vicerrectorado de Infraestructuras delegue su responsabilidad en la profesora María Antonia González Salcedo, el contrato para la adjudicación de las presuntas votaciones incluye el consentimiento del rectorado.
Esto significa que presuntamente no están diciendo la verdad, por lo que estarían implicados en este caso, al menos de momento y hasta que no manifiesten públicamente lo contrario.
