Rebelamos nueva información en exclusiva sobre el presunto entramado del conocido «Caso Biogás» en la Región de Murcia, que vincula a cargos públicos del Partido Popular y Vox municipales, autonómicos e incluso a la familia de un senador que representa a los murcianos en el Congreso de los Diputados. Presuntamente familiares de políticos del PP como el senador nacional por Murcia Antonio Luengo Zapata, el edil Pedro José Noguera en Las Torres o el secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia y alcalde de San Javier José Miguel Luengo, a través de empresarios «conseguidores» como Eduardo Piné, unidos a corporaciones como Enagás y El Pozo, pretenden construir tres megaplantas gemelas contaminantes en los municipios de Las Torres de Cotillas, San Javier y Santomera.
La redacción de La Protesta ha tenido acceso a nuevos documentos escritos, gráficos y audiovisuales que explican el papel de la Universidad de Murcia en esta trama. La maniobra del alcalde Noguera fue la de no dejar participar a su pueblo ni a las plataformas ciudadanas en el proceso de votaciones entorno a la planta de biometano, que provocaría daños irreversibles en la calidad del aire, la salud de los vecinos y un ecocidio en los municipios afectados y que compromete la destrucción de valiosos ecosistemas como nuestro Mar Menor.
Ante los evidentes resultados negativos de dicha votación impopular, el equipo de gobierno de Noguera, aliado con la ultraderecha de Vox, decidió «comprar» los servicios de la profesora Doctora Antonia González Salcedo del Departamento de Ciencia Política y de la Administración.
María Antonia González Salcedo
Por su parte la Vicerrectora de Infraestructuras de la UMU, María Belén López González, se desentiende de estas votaciones e inculpa a la señora Antonia González Salcedo, tal y como señala por escrito en las pruebas que detenta la redacción de La Protesta. La Vicerrectora argumenta que según el artículo 60 de la Universidad, Salcedo habría contratado por su cuenta este «servicio» de la mano del PP de Noguera.
Sin embargo, esta estrategia de la Vicerrectora, también es falsa. Disponemos de la Adjudicación de Contrato Menor (Servicios o Suministros), del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y la UMU, facilitado por informantes a La Protesta. Este documento indica cómo se pretenden llevar a cabo estas presuntas falsas votaciones, donde se asegura que la Universidad de Murcia recibió 15.125 euros. En el contrato figura textualmente:
«Adjudicar el Contrato Menor de Servicios consistente en la asistencia técnica para la puesta en marcha de un proceso de participación ciudadana, a UNIVERSIDAD DE MURCIA con NIF (…), por un importe total de 15.125 €, correspondiente a un importe de 12.500 € más 2.625 € de IVA, por ser la empresa que presenta la oferta más ventajosa».
con el objeto de, textualmente:
«La necesidad a satisfacer mediante la tramitación de este contrato, es ante la implantación de una planta de biogás se ha generado un gran debate social en el municipio, por lo que se considera preciso que se contrate la asistencia técnica para la puesta en marcha de un proceso de participación ciudadana con el objeto de informar a los vecinos sobre la implantación del proyecto de economía circular, así como para el desarrollo del referido procedimiento».
En conclusión y hasta que la Universidad de Murcia no manifieste públicamente lo contrario, se encuentra como una pieza más en este presunto entramado. El objeto último es conseguir validar las dañinas plantas contaminantes de biogás, tal y como están concebidas en este posible «pelotazo» multimillonario que vincula al PP y Vox con Enagás (Amancio Ortega), el Grupo Fuertes (El Pozo) y el antiguo Director General de Energía y Actividad Industrial y Minera, Eduardo Piné (Lambert Europa S. L). Esta maniobra, tal y como señalan las pruebas, consiste en conseguir millones de euros a toda costa, perjudicando seriamente la salud de los vecinos y vecinas de Murcia, que compromete la destrucción de valiosos ecosistemas como nuestro Mar Menor.
