Partido Popular y Vox han vuelto a unir sus votos en la Asamblea Regional, con objeto de tumbar la solicitud de una consulta ciudadana en los municipios afectados por las plantas de biometano, una iniciativa que pretendía dar voz a la población en la planificación de estas infraestructuras, cuyo impacto medioambiental y social está generando un amplio rechazo en la región.
Murcia, 17 de diciembre de 2024.- Las derechas se han aliado nuevamente en la Asamblea Regional, con objeto de tumbar la propuesta de la Coalición de izquierdas que compone el Grupo Parlamentario Mixto. En este documento se solicitaba una consulta ciudadana en los municipios afectados por las plantas de biogás.
Para el coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, las derechas «han dejado otra vez vía libre a que la Región de Murcia sea un espacio experimental donde la libertad de empresa, entendida en un sentido que atropelle los intereses de la ciudadanía, campe a sus anchas». Asimismo remarca la «irresponsabilidad» del PP y Vox al ignorar las circunstancias que rodean la ubicación de estas plantas, como es el caso de la que se pretende situar en Molina de Segura, «a apenas un kilómetro y medio de la Universidad de Murcia, a 700 metros de un colegio», o la proyectada en San Javier, «prácticamente limítrofe con viviendas habitadas y a pocos centenares de metros de núcleos urbanos».
En los últimos meses movimientos ciudadanos están rechazando estas instalaciones, agrupados entorno a las plataformas Stop Biogás, al considerar que su proximidad a las áreas residenciales supone un riesgo para la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Desde Izquierda Unida también han instado a los Gobiernos municipales a utilizar las herramientas urbanísticas a su disposición para frenar estas instalaciones. En concreto, José Luis Álvarez-Castellanos ha recordado que la Ley del Suelo de la Región de Murcia permite a los ayuntamientos «suspender durante un año la concesión de licencias urbanísticas» y, en ese tiempo, «modificar el Plan General de Ordenación Urbana para establecer normativas que eviten la instalación de estas plantas en zonas que puedan afectar a la población».
En este sentido, ha citado el precedente de Cieza, donde este partido logró modificar el PGOU para impedir la proliferación de macrogranjas, una estrategia que considera viable también en el caso de las plantas de biometano. «Proponemos que se desarrollen normativas urbanísticas claras que eliminen la posibilidad de estas instalaciones cerca de zonas habitadas o, al menos, las restrinjan a ubicaciones donde no generen ningún tipo de afección».
