
Águilas se prepara para un pleno histórico y polémico este martes 30 de diciembre, el Ayuntamiento debatirá la retirada del título de Hijo Predilecto a Pedro Costa Morata, ingeniero, escritor antiimperialista, pensador crítico y Premio Nacional de Medio Ambiente. Lo que debería ser un reconocimiento a décadas de defensa del medio ambiente y de los derechos colectivos se ha convertido en un enfrentamiento entre intereses agrarios, presión ultraderechista y la ética política de un gobierno municipal socialista.
El expediente fue presentado por un particular vinculado a VOX, respaldado con unas 300 firmas, muchas de ellas obtenidas bajo presión laboral. El alcalde del PSOE, Cristóbal Casado, ha incluido la propuesta en el orden del día, provocando un debate político y social de gran alcance.
Una trayectoria que incomoda al capital
Pedro Costa Morata, nacido en Águilas en 1947, ha dedicado su vida a la defensa del medio ambiente y la justicia social. Entre sus logros, destaca la paralización de la central nuclear proyectada en la Marina de Cope en 1974 y su denuncia de la agricultura y ganadería intensiva que amenaza acuíferos, suelos y ecosistemas de toda la Región de Murcia, así como del resto del Estado Español y del planeta en su conjunto. Además, ha intervenido en conflictos laborales, urbanísticos y sociales, además de la denuncia de violaciones de derechos humanos a nivel internacional, incluyendo Palestina y el Sahara Occidental.
Su activismo lo convierte en un referente del ecologismo y de la izquierda transformadora de forma trasversal. Por ello, la petición para revocar su título —que lo acusa de “no generar empleo” o de “inventar enemigos”— es percibida como un ataque ideológico disfrazado de trámite administrativo. Como afirma el propio Costa Morata: “Estamos en manos de ignorantes, malvados y necios”, refiriéndose al poder económico y político que impulsa la iniciativa.

Los argumentos de la revocación: una lectura crítica
El escrito presentado ante el Ayuntamiento expone varios puntos:
- “Miles de aguileños merecen el honor”
Sostiene que otros vecinos, sin pedir nada a cambio, serían más dignos del reconocimiento. Esta lógica ignora que los títulos honoríficos buscan valorar méritos extraordinarios, no equiparar el esfuerzo cotidiano de todos los ciudadanos. - “Usa el título para mantener su estatus y crea enemigos”
Se reprocha que Costa Morata haga referencia al honor en su currículum y publicaciones. Sin embargo, visibilizar méritos y logros es práctica habitual en la vida pública, académica y profesional, y no constituye conducta indebida. - Falta de agradecimiento hacia la exalcaldesa María del Carmen Moreno
Se le acusa de desconsideración hacia quien le otorgó el título en 2017. La crítica política y social, especialmente cuando denuncia impactos ambientales o decisiones perjudiciales, forma parte de la responsabilidad ciudadana y la libertad de expresión. - No ha generado empleo ni futuro económico para Águilas
Este argumento es reduccionista: la protección de la Marina de Cope frente a la central nuclear salvaguardó un ecosistema, la salud de la población y el patrimonio natural, beneficios que no se traducen en empleo directo pero sí en sostenibilidad y seguridad social. - “Los méritos han dejado de concurrir”
Técnicamente imposible. Los méritos históricos que justificaron la concesión son pasados y no pueden “dejar de existir” por criterios subjetivos o políticos actuales.

La ilegalidad del expediente: riesgo de prevaricación
Más allá de los argumentos ideológicos, existe un claro fundamento jurídico para cuestionar la validez del expediente.
El escrito del representante de ASAJA no aporta hechos objetivos ni conductas acreditadas, lo que vulnera el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Águilas (art. 9). Este establece que solo causas excepcionales motivadas por comportamientos indignos, acreditados en expediente, pueden justificar la revocación.
Todo lo presentado por los solicitantes son opiniones personales:
- Comparar a Costa Morata con otros vecinos y vecinas carece de relevancia legal.
- Acusaciones de “inventarse enemigos” o “faltar al respeto a la exalcaldesa” no están documentadas ni tipificadas como conducta indigna.
- Alegar falta de creación de empleo es irrelevante jurídicamente y, de hecho, es falso en términos objetivos, ya que su activismo ha protegido el territorio frente a daños irreversibles.
Abrir un expediente con base únicamente en opiniones personales es un riesgo de prevaricación, que podría derivar en responsabilidades penales para quienes voten a favor de la revocación. Jurídicamente, el Ayuntamiento debería haber rechazado la solicitud de inmediato, exigiendo hechos y pruebas que cumplan con la normativa.

Amplio respaldo social y político
El intento de desposeer a Costa Morata ha generado una reacción inmediata y contundente. Más de 50 colectivos, sindicatos, asociaciones ecologistas y partidos políticos apoyaron al activista en Lorca el pasado 2 de diciembre, sumándose decenas más desde entonces. Entre los respaldos destacan Ecologistas en Acción, CCOO, IU-Verdes, Podemos, asociaciones vecinales y organizaciones sociales.
Todos han advertido que revocar un título otorgado por méritos históricos y reconocidos a nivel estatal sería un precedente peligroso, una forma de censura política disfrazada de trámite administrativo.
Lo que está en juego
El pleno del martes no solo decidirá sobre un título honorífico. Decidirá si Águilas protege la memoria de quienes lucharon por la vida y el medio ambiente, o si cede ante los intereses económicos y la presión de la ultraderecha local.
La situación adquiere una dimensión aún más preocupante si se atiende a la equivalencia simbólica que algunos han señalado: quitarle a Pedro Costa Morata el reconocimiento de Hijo Predilecto es, en términos de coherencia política y moral, tan absurdo como retirar la Medalla de Oro al genocida Francisco Franco. Esa comparación evidencia hasta qué punto se está mezclando ideología, revancha y manipulación histórica en el Ayuntamiento de Águilas.

Pedro Costa Morata representa la resistencia frente a décadas de impunidad ambiental, de abuso de poder económico y de censura ideológica. La sociedad civil, los sindicatos y los colectivos sociales ya han dejado claro que no permitirá que se borre la historia ni se silencie la crítica.
El 30 de diciembre, Águilas tendrá que elegir entre la dignidad y la servidumbre, entre proteger la memoria democrática y los méritos históricos de un luchador por el medio ambiente, o legitimar la censura y los intereses privados que buscan acallar a un referente histórico del ecologismo y la justicia social.












