Alrededor de una veintena de jóvenes se concentraron ayer por la tarde frente al hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, colindante al Jardín Catedrático Fernando Piñuela de la capital del Segura, para denunciar la agresión sexual sufrida por una paciente mientras se encontraba anestesiada durante una intervención estética. La movilización, convocada por la Asamblea de la Juventud Trabajadora (AJT), se produce en un contexto aún más grave del conocido inicialmente: el centro sanitario no contaba con la licencia U-47, necesaria para realizar este tipo de operaciones quirúrgicas y existen indicios sólidos de que el cirujano encarcelado podría haber agredido sexualmente a más pacientes.
Durante la concentración se denunció que la violación no es un hecho aislado ni una “desviación individual”, sino la consecuencia directa de un modelo sanitario privatizado, desregulado y orientado al beneficio económico. Un modelo que permite el alquiler de quirófanos, la entrada y salida de profesionales externos sin control efectivo y, ahora se sabe, la realización de intervenciones quirúrgicas sin la preceptiva licencia sanitaria. Un entramado perfecto para la impunidad.
Las personas concentradas señalaron con contundencia la responsabilidad del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, donde ocurrieron los hechos el pasado 4 de diciembre. No solo por permitir que un cirujano externo utilizara sus instalaciones, sino porque, según la información conocida posteriormente, el centro no estaba autorizado para llevar a cabo la operación en la que la paciente fue violada mientras se encontraba completamente indefensa bajo anestesia. “No hablamos solo de un agresor sexual, hablamos de un negocio sanitario que opera al margen de la legalidad y pone en riesgo a las pacientes”, denunciaron desde la AJT.
La gravedad del caso se ha incrementado en los últimos días tras conocerse que otra mujer ha presentado denuncia contra el mismo cirujano, que responde a las iniciales de David G.S, y que la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional investiga la posible existencia de más víctimas. Una de las enfermeras que trabajaba habitualmente con el acusado ha declarado ante la Policía que cree que el médico pudo haber agredido sexualmente a más pacientes en intervenciones anteriores, reconociendo prácticas habituales —como cambios deliberados en la orientación de la camilla o movimientos pélvicos injustificados— que ahora cobran un significado aterrador.
Estos nuevos elementos explican la decisión judicial de enviar al cirujano a prisión provisional, comunicada y sin fianza, al apreciar un riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Sin embargo, durante la concentración se insistió en que la respuesta no puede limitarse al ámbito penal individual. “¿Quién permitió que este hombre operara? ¿Quién miró hacia otro lado mientras se alquilaban quirófanos sin licencia? ¿Quién va a asumir responsabilidades políticas y empresariales?”, se preguntaban las y los jóvenes concentrados.
La protesta denunció también el silencio cómplice de la Consejería de Salud, encabezada por Juan José Pedreño, que inicialmente aseguró no tener conocimiento de los hechos, y la connivencia de las administraciones con un sector privado que funciona como un auténtico mercado de cuerpos, especialmente de cuerpos femeninos, tratados como objetos de consumo. Por ello, como sociedad, es necesario subrayar que la violencia sexual no puede separarse de las condiciones materiales que la hacen posible, como son la precariedad, desregulación, externalización y ausencia de control público.
En este sentido, son distintas las voces, como es el caso de los familiares de Sara Gómez, quienes a día de hoy, 4 años después de su muerte siguen esperando justicia, así como desde diversos colectivos feministas han realizado un llamamiento a romper el miedo y el silencio, animando a posibles víctimas a denunciar.
Por último, este caso pone de relieve, una vez más, la necesidad de que la clase trabajadora se organice frente a un sistema que antepone la rentabilidad a la vida y la dignidad. Ante la barbarie del capital, la única respuesta es la lucha colectiva, el control público efectivo y el fin de un modelo sanitario que demuestra, una vez más, que cuando la salud se convierte en negocio, la violencia encuentra terreno fértil.
, señaló la impunidad del modelo de sanidad privada-concertada y exigió responsabilidades al hospital y a la Consejero de Salud, Juan José Pedreño (PP).){kind=link}