Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, junto a representantes de la Asamblea municipal de la formación de izquierdas y de la Plataforma de Vecinos afectada por los suelos contaminados de Cartagena, ha visitado los terrenos de las diputaciones del Hondón y de Torreciega para denunciar la persistente presencia de plomo, cadmio, arsénico, mercurio y zinc, residuos de la antigua industria minera y metalúrgica que nunca fueron descontaminados de forma efectiva.
“La situación que viven barrios como Torreciega, Los Mateos o El Hondón no solo es una vergüenza ambiental, sino también una injusticia social y un fracaso político que dura ya demasiado tiempo”, ha señalado Penélope Luna, coordinadora regional de IU-Verdes. “Las familias conviven cada día con polvo tóxico, balsas abiertas y terrenos donde ni siquiera se ha vallado el peligro. Hay informes oficiales, sentencias y análisis científicos que lo confirman, pero la respuesta de las administraciones ha sido mínima, lenta y en muchos casos inexistente”.
Luna ha reclamado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Cartagena responsabilidades políticas y administrativas, así como la aplicación del principio de quien contamina paga, y ha exigido el sellado seguro y definitivo de los suelos contaminados como medida urgente de salud pública. “No se puede tapar la contaminación con hormigón ni hablar de vivienda digna cuando el suelo está envenenado. La prioridad debe ser la salud de las vecinas y vecinos, no los intereses especulativos”, ha subrayado.
Asimismo, la dirigente regional ha pedido la declaración de emergencia ambiental y sanitaria y la creación de una mesa de seguimiento con presencia vecinal, ecologista y técnica, para garantizar la transparencia y el control público sobre las actuaciones. “Este problema no es solo ambiental, también es una cuestión de justicia social. Los barrios más afectados son los mismos que llevan décadas marginados. Cartagena necesita un modelo de ciudad que ponga la vida y el medio ambiente por encima de la especulación y el beneficio rápido”, ha concluido Luna.
Por su parte, el diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado la “estrategia de especulación urbanística” que, según ha señalado, están impulsando el Gobierno regional del Partido Popular y el Ayuntamiento de Cartagena junto a los lobbies del ladrillo, intentando convertir una catástrofe ambiental en una oportunidad de negocio. “Se quiere edificar sobre suelos contaminados para revalorizar terrenos y tapar el problema bajo cemento. Es una irresponsabilidad política y un atentado contra la salud pública”, ha afirmado.
Álvarez-Castellanos ha anunciado la presentación de una batería de preguntas en la Asamblea Regional para exigir explicaciones y transparencia al Gobierno autonómico. El diputado ha reclamado saber por qué la Consejería de Medio Ambiente rechaza la solución técnica de confinamiento in situ mediante cubrimiento multicapa, considerada como la más óptima por el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo informe es preceptivo y vinculante, conforme al Proyecto Básico de Remediación presentado por la empresa ERCROS.
Además, el parlamentario ha solicitado información sobre la dotación presupuestaria y la partida a la que se imputan los gastos de la redacción subsidiaria del proyecto de descontaminación del Hondón, así como una copia documental de todas las actuaciones llevadas a cabo para su ejecución. “El Gobierno regional debe aclarar qué está haciendo realmente, qué fondos ha destinado y por qué se retrasa la actuación mientras la población sigue expuesta a un riesgo evidente”, ha señalado.
Finalmente Álvarez-Castellanos, ha sentenciado que “el PP debe decidir si está del lado de la salud pública y la justicia ambiental, o del lado de los especuladores. No hay término medio. Los vecinos de Cartagena no pueden seguir respirando veneno mientras se negocia su futuro desde los despachos del ladrillo”.
