Varias decenas de vecinos y vecinas de Cartagena y del entorno del Mar Menor, convocados por la Plataforma Stop Biogás – Los Camachos – Cartagena – Mar Menor, se han concentrado esta mañana frente a la Asamblea Regional para exigir la retirada de la denominada Ley de Simplificación Administrativa, aprobada hoy en el Pleno con los votos del Partido Popular y Vox, y la abstención del PSOE.
Bajo el lema “Porque nuestras vidas y el Mar Menor no se simplifican: se cuidan”, los colectivos sociales han denunciado que esta ley “abre la puerta a la entrada y expansión de actividades empresariales cuyo único objetivo es la obtención de beneficios privados, debilitando los controles públicos, la participación ciudadana y las garantías ambientales”.
Desde la Plataforma han alertado de que el texto legislativo permitirá relajar las evaluaciones ambientales y consolidar un modelo extractivista que amenaza la salud pública, la cohesión social y la protección de ecosistemas tan frágiles como el del Mar Menor. “El Mar Menor no admite atajos: su recuperación exige más controles, ciencia y participación, no menos”, han recalcado.
Los vecinos concentrados —procedentes de Los Camachos, Roche y otros núcleos del entorno— reclaman una planificación energética transparente, participativa y respetuosa con el territorio, frente a la instalación masiva de plantas de biogás y otros macroproyectos industriales. “Ni en tu casa, ni en la mía: Stop Biogás”, coreaban ante las puertas del Parlamento autonómico.
“Una ley al servicio de los pelotazos y los lobbies empresariales”
A la concentración se han sumado los diputados de la coalición autonómica de IU-Verdes y Podemos, José Luis Álvarez-Castellanos y María Marín, quienes han reprochado al Gobierno regional haber aprobado una ley “al dictado de la patronal”, con la complicidad del PSOE de José Vélez, que “ha preferido mirar hacia otro lado absteniéndose en una votación clave para el futuro de la Región”.
María Marín ha señalado que la norma “favorecerá los pelotazos inmobiliarios y la implantación de hasta 40 plantas de biogás bajo la etiqueta de proyectos estratégicos”. La portavoz ha advertido que el artículo 44 de la ley “deja fuera a los ayuntamientos y a la ciudadanía” al crear una comisión bilateral entre el Ejecutivo regional y la patronal CROEM. “En una llamada, López Miras y López Abad decidirán qué proyectos son estratégicos, sin participación pública ni transparencia”, ha denunciado.
Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha subrayado que esta ley “no simplifica, sino que allana el camino a los intereses empresariales y al lobby económico de la Región”, repitiendo el modelo que ya provocó la especulación urbanística, la minería descontrolada y la agroindustria intensiva que degradaron el Mar Menor.
Álvarez-Castellanos ha exigido al Ejecutivo regional “cumplir la legislación vigente” y desarrollar la planificación autonómica de energías renovables antes de seguir aprobando proyectos sin control. Además, ha cuestionado la ubicación de las plantas de biogás lejos de los centros de generación de residuos, lo que “rompe con el principio de economía circular y aumenta la contaminación por transporte”.
“El objetivo real de las multinacionales del biogás no es el reciclaje de residuos, sino producir gas a escala industrial para mantener intacto el negocio energético. Es una pieza más del engranaje del lobby eléctrico”, ha concluido el parlamentario de IU-Verdes.
“Nuestros derechos no se agilizan: se garantizan
La Plataforma Stop Biogás – Los Camachos – Cartagena – Mar Menor ha anunciado que continuará articulando alianzas con asociaciones vecinales, colectivos sociales y entidades ambientales para defender el territorio y exigir políticas públicas que prioricen la vida, la salud y los bienes comunes frente al lucro privado.
“Nuestros derechos no se agilizan: se garantizan. Y nuestro territorio no se simplifica: se cuida.”
