Casi un año después de la DANA que el 29 de octubre de 2024 arrasó la planta cárnica de Campofrío FG en Torrent (Valencia), cientos de trabajadores y trabajadoras continúan en una situación de incertidumbre y precariedad. La catástrofe obligó al cierre total de la fábrica y al envío de la plantilla a un ERTE por fuerza mayor, que se ha prolongado ya hasta los 24 meses.
Pese a las promesas públicas vacías del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y del conseller de Empleo, José Antonio Rovira, de conceder ayudas directas de 360 euros a las personas afectadas, muchos empleados aún no han percibido ni un solo pago. La frustración crece entre las familias, que denuncian sentirse abandonadas por las instituciones mientras la empresa ha decidido trasladar su producción a Utiel (Valencia), dejando a Torrent sin uno de sus principales focos de empleo industrial.
En el ámbito parlamentario, la diputada autonómica de Compromís, Mònica Àlvaro, registró la pregunta escrita nº 16245 en Les Corts Valencianes para conocer el impacto del traslado y las medidas de formación o recolocación previstas para la plantilla.
En su respuesta, el conseller Rovira se limita a señalar que “cualquier persona demandante de empleo que lo solicite será atendida en orientación y se le elaborará un itinerario personalizado de inserción”, sin detallar ningún plan específico para los trabajadores de Campofrío Torrent.
El documento también confirma que la Generalitat ha constatado la existencia de fuerza mayor, lo que permitió activar el ERTE sin consumir cotización ni exigir periodo de carencia, con una prestación equivalente al 70% del salario base. Según la respuesta oficial, este porcentaje “ha sido completado hasta el 100% con ayudas directas por importe de 360 euros, a las que seguirá un segundo ingreso por el mismo importe en breve”.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno desmiente ese optimismo: la mayoría de la plantilla asegura no haber recibido ninguna de las ayudas prometidas casi un año después.
Desde el grupo municipal Compromís–Podem–Esquerra Unida de Torrent, su portavoz Xavier Martí califica la respuesta del Consell como “una burla”: “El conseller Rovira se limita a derivar a los trabajadores a Labora. Es indignante. Hay personas que llevan un año sobreviviendo con menos del 70% de su salario y todavía esperan las ayudas prometidas por Mazón”.
Martí también denuncia el diseño desigual de las ayudas autonómicas, que no tienen en cuenta la duración del ERTE: “Cobra lo mismo quien estuvo un día parado que quien lleva un año. Es un despropósito total”.
Mientras tanto, la Generalitat Valenciana no ha ofrecido un plan concreto de reindustrialización ni medidas de recolocación para las más de 300 familias afectadas por el cierre de la planta.
“Torrent pierde industria, empleo y dignidad mientras la Generalitat mira hacia otro lado”, concluye Martí en una nota ofrecida a los medios.
