Fachada de la Fonda Milagros, la discoteca donde murieron 13 personas.
Las familias de las víctimas y los colectivos personados en la causa del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, representados por el letrado José Manuel Muñoz Ortín, han manifestado su profunda disconformidad con el Auto 836/2025 dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, mediante el cual se deniega la apertura de una pieza separada para investigar un posible delito de prevaricación administrativa vinculado a la concesión y control de licencias municipales.
Según los familiares, el tribunal erró al considerar que no existe conexidad entre el delito de homicidio imprudente —por el que se investigan los fallecimientos— y un eventual delito de prevaricación vinculado a la actuación de autoridades y funcionarios. Destacan que esta afirmación se realiza sin haberse practicado diligencia alguna sobre la actuación administrativa municipal.
Asimismo, denuncian que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia ha actuado, en la práctica, como un escudo de la Administración, evitando cualquier investigación sobre las posibles responsabilidades municipales, pese a que han quedado acreditadas graves irregularidades en materia de seguridad, cuya supervisión y corrección correspondía al Ayuntamiento.
En Fonda Milagros, donde fallecieron trece personas, los familiares señalan que el punto más crítico de los incumplimientos de seguridad se encontraba en la primera planta, donde no existía la preceptiva escalera de evacuación. Subrayan que resulta incomprensible que no se investigue por qué existían salidas de emergencia bloqueadas o cerradas con candados, ni cómo se permitió que la discoteca funcionara sin salidas seguras hacia un lugar protegido.
Los familiares también denuncian que no se haya investigado la falta de licencia de funcionamiento de Teatre desde 2013, ni la actuación de los funcionarios que permitieron su actividad pese a existir un Decreto de cese de actividad. Critican que la Instrucción Técnica municipal permitió continuar la actividad irregular mediante la simple presentación de una instancia de legalización, contraviniendo la normativa que exige subsanar las deficiencias antes de reanudar la actividad. Gracias a esta interpretación, Teatre funcionó ilegalmente durante más de una década con la cooperación del Ayuntamiento.
Asimismo, los familiares ponen en duda la validez de las declaraciones de responsables municipales que aseguran haber actuado “conforme a protocolo”, cuando dicho protocolo fue creado por el propio Ayuntamiento para eludir la aplicación efectiva de la ley y las órdenes de cese, conducta que consideran prevaricación.
Ante esta situación, las familias se preguntan si estos hechos han sido pasados por alto por el Ministerio Fiscal, la jueza instructora o la propia Audiencia Provincial, y señalan que no investigarlos constituye una grave omisión, tan inaceptable como los propios incumplimientos de seguridad que provocaron la tragedia de Teatre y Fonda Milagros.
Los familiares consideran que han fallecido trece personas inocentes, por lo que reclaman una respuesta justa, transparente y honesta por parte de la Administración de Justicia.
En consecuencia, las acusaciones particulares, bajo la representación del letrado José Manuel Muñoz Ortín, interpondrán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y para que no quede sin investigar la posible responsabilidad de autoridades y funcionarios en las irregularidades administrativas que precedieron a la tragedia.
Finalmente, las familias y colectivos afectados reiteran su compromiso con la memoria de las víctimas y con la exigencia de verdad, justicia y reparación plenas.
