Con motivo de la botadura del segundo submarino S-82 en los astilleros de Navantia Cartagena, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y la Juventud Comunista de los Pueblos de España (JCPE) han denunciado públicamente que la industria naval de la ciudad esté siendo utilizada “al servicio de la guerra y de la destrucción de los pueblos” que impulsa la OTAN en el contexto internacional.
La organización comunista recuerda que el primer submarino de la serie, el S-81, partió el pasado mes de junio hacia maniobras de la OTAN, en plena escalada bélica promovida por la Unión Europea y la Alianza Atlántica, que “exigen incrementar los presupuestos de guerra hasta el 5 % del PIB”.
En ese sentido, el PCPE señala al Gobierno de España —formado por PSOE y Sumar— por “seguir fomentando la industria de guerra, triplicando el presupuesto militar y subordinando el territorio a los intereses de Estados Unidos y del sionismo internacional”. Denuncian también que las bases de Rota y Morón “siguen sirviendo a los intereses militares de la OTAN en el Mediterráneo y en el Índico, aumentando el riesgo nuclear y de confrontación con Rusia”.
El comunicado también carga contra el Gobierno regional de López Miras, al que acusan de “sacar pecho de que Cartagena se ponga al servicio del imperialismo”, mientras se destruyen empleos en los servicios públicos. “Usan el falso argumento de la creación de puestos de trabajo, pero las aulas siguen masificadas, la sanidad continúa precarizada y el personal interino supera el 25 %”, denuncia el partido.
El PCPE recuerda que la botadura del submarino, prevista inicialmente para julio, fue retrasada por la huelga de los trabajadores del metal de Cartagena, “una muestra de que solo la clase obrera tiene la capacidad real de frenar la industria de la guerra”.
El proyecto de los submarinos S-80, con un coste superior a 3.900 millones de euros, representa —según los comunistas— “una inversión masiva en destrucción, mientras uno de cada tres trabajadores en el Estado español vive bajo el umbral de la pobreza”. Frente a ello, reclaman una industria “que genere empleo al servicio de las necesidades sociales y no de la guerra imperialista”.
“Denunciamos al Gobierno de España, el más belicista de la historia, y al Gobierno Regional de López Miras, al servicio de la patronal y la privatización, por fomentar el negocio de la guerra y la muerte en Cartagena, empobreciendo a la clase trabajadora y convirtiendo la ciudad en objetivo militar”, afirma el comunicado.
El PCPE concluye su declaración con un llamamiento a la movilización obrera y a la solidaridad internacionalista: “Solo la clase trabajadora puede parar esta espiral de guerra y barbarie. No al negocio de la guerra en Cartagena. Por la paz: no a la OTAN, no a la guerra imperialista. ¡Todo para la clase obrera!”
