CGT Región de Murcia y el Sindicato de Vivienda de Murcia han llamado a secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre y a extender la movilización más allá de los centros de trabajo, incorporando una paralización total del consumo y una jornada de protesta en las calles. Ambas organizaciones trasladaron este llamamiento el pasado lunes por la tarde, durante una rueda de prensa celebrada en la sede regional de CGT, en la calle Floridablanca de Murcia, después de una asamblea de trabajadores y trabajadoras afiliadas.
El responsable de Acción Sindical de CGT en la Región de Murcia, José Antonio Caravaca, abrió la reflexión sobre la relación entre las condiciones laborales y el acceso a la vivienda con una pregunta directa sobre qué tiene que ver la vivienda con el trabajo, a la que respondió que «todo». El representante sindical sostuvo que el problema de quienes trabajan y, aun así, no consiguen llegar a fin de mes no reside en sus decisiones individuales, sino en un sistema económico que deteriora sus condiciones de vida.
Caravaca también advirtió del intento de instrumentalización política y oportunista de la convocatoria por parte de distintas organizaciones y entidades. No obstante, defendió que la crisis habitacional constituye una necesidad social que trasciende cualquier interés particular y recordó el clamor popular expresado en las plazas y durante la acampada de Murcia. «Desde CGT Murcia tenemos claro que la vivienda es una necesidad real», señaló, reivindicando la implicación del sindicato en la preparación de la jornada del 11N.
Canal oficial
Diario La Protesta — Telegram
Noticias al instante, sin censura ni algoritmos.
Por su parte, Edu González, representante del Sindicato de Vivienda de Murcia, situó la convocatoria en el trabajo de organización desarrollado durante los últimos meses junto a otras organizaciones sindicales, entre ellas CGT e Intersindical. «Ya avisamos de que llegaríamos hasta la huelga general y aquí estamos», afirmó, antes de reivindicar esta herramienta de lucha como respuesta a una crisis que, en sus palabras, «nos está costando la vida».
González defendió que la huelga del 11 de noviembre tiene una particularidad fundamental al colocar el derecho a la vivienda en el centro de una convocatoria general de la clase trabajadora. En este sentido, definió la movilización como «una huelga general contra los rentistas y los especuladores inmobiliarios, pero también contra todos los gobiernos que defienden sus intereses, ya sea en el ámbito estatal, regional o local». A su juicio, las distintas administraciones son responsables de que las viviendas funcionen como un negocio en lugar de garantizarse como un derecho.
El representante del Sindicato de Vivienda alertó de que los alquileres superan ya los 800 euros de media en la Región de Murcia, mientras los salarios y el poder adquisitivo no siguen el ritmo del encarecimiento de la vida. También puso el foco en la creciente adquisición de viviendas al contado, señalando que estas operaciones representaron el 56 % de las compraventas en 2025, con picos del 60 % en el conjunto del Estado. González contrapuso esta realidad a la de centenares de familias que viven en habitaciones en la ciudad de Murcia, muchas de ellas personas migrantes.
Ante esta situación, defendió que la convocatoria debe ir más allá de una manifestación y afectar al funcionamiento económico. «El objetivo de la huelga es pararlo todo: la producción, el trabajo y el consumo», explicó, convencido de que la capacidad de presión de la clase trabajadora reside precisamente en su posibilidad de detener la actividad económica. En esa línea, llamó a superar la frustración y la culpabilización individual que sufren quienes no consiguen llegar a fin de mes, recordando que «si no llegamos a final de mes, no es ni por falta de esfuerzo ni por malas decisiones, es por culpa de un sistema al que ha llegado la hora de enfrentar».
González extendió asimismo el llamamiento a los movimientos vecinales, las organizaciones sociales y los colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres, las personas LGTBIQ+, las personas con discapacidad y las comunidades migrantes y racializadas. También expresó su apoyo a los trabajadores del metal de la Región de Murcia, que mantienen su propia lucha por un convenio colectivo digno. El representante reivindicó que «esta huelga general es de todas» y apeló a convertir el 11N en una jornada de movilización compartida.
La crisis habitacional y el empobrecimiento de la clase trabajadora
La intervención de Alhambra Estévez, de CGT Región de Murcia, puso cifras a las dificultades de acceso a la vivienda y a la evolución de los precios en la capital murciana. Según los datos expuestos por la representante sindical, el alquiler por metro cuadrado ha acumulado una subida cercana al 96 % desde 2015. En septiembre de 2026, señaló, el precio habría alcanzado los diez euros por metro cuadrado, duplicando prácticamente el coste de los alquileres y elevando de 440 a 900 euros el importe de una vivienda de 90 metros cuadrados.
Estévez denunció la presencia de grandes capitales y fondos de inversión en los barrios de Murcia, donde compran viviendas para ponerlas posteriormente en alquiler a precios elevados. A esta dinámica añadió la proliferación de infraviviendas en bajos comerciales, una realidad que afecta especialmente a personas migrantes, jóvenes y trabajadores en situación de precariedad.
La representante de CGT incidió en que las consecuencias de esta crisis no se distribuyen por igual. «Esta crisis no golpea a todas por igual», advirtió, señalando la especial vulnerabilidad de las personas migrantes y racializadas, las personas mayores con pensiones insuficientes, las familias monomarentales, las mujeres víctimas de violencia machista y las parejas que no pueden separarse por carecer de una alternativa habitacional.
También denunció las condiciones en las que sobreviven numerosas familias de la Región, algunas de ellas en caravanas, derribos y chabolas, sin acceso a suministros básicos, saneamiento ni servicios públicos. En determinados casos, explicó, llegan a pagar hasta quince veces más por el agua que quienes disponen de conexión a la red pública.
En relación con la compra de vivienda, Estévez expuso que una persona con un salario neto anual de 10.000 euros necesitaría entre nueve y once años de sueldo íntegro para adquirir una vivienda en Murcia capital, dependiendo de sus dimensiones. A ello se suman las dificultades para reunir el ahorro necesario para la entrada hipotecaria, habitualmente del 20 %, y los gastos e impuestos asociados a la operación, que pueden representar otro 10 o 15 %.
Frente a las medidas impulsadas por las administraciones, la sindicalista cuestionó la capacidad de las políticas desarrolladas dentro del actual marco de libre mercado para resolver el problema. A este respecto, sostuvo que «cualquier medida dentro del marco del libre mercado que conciba la vivienda como un activo y no como un derecho básico no va a ofrecer más que parches temporales que agravarán el problema con el tiempo». Estévez insistió en que «no esperemos soluciones de quienes han creado el problema» y que «lo que no consigamos nosotras organizadas no nos lo van a dar».
La representante de CGT también relacionó la crisis habitacional con la desigualdad económica y el empobrecimiento de la población. Durante su intervención citó un umbral de riesgo de pobreza de 12.220 euros anuales para un hogar unipersonal y señaló que, según los datos que manejó, el 19,5 % de la población del Estado y el 26,7 % de la población murciana se encontrarían por debajo de ese nivel.
De la crisis de la vivienda a la siniestralidad laboral
Estévez defendió que las movilizaciones desarrolladas durante 2025 y 2026 no han conseguido modificar las dinámicas del mercado inmobiliario y que, por ello, resulta necesario ampliar las formas de presión. Durante su intervención cuestionó por qué seguir limitándose a las manifestaciones cuando, a su juicio, «las manifestaciones que se dieron en 2025 y 2026 no han sido suficientes».
Su argumentación pasó por conectar el problema de la vivienda con las condiciones generales de explotación y precariedad que soporta la clase trabajadora. En este sentido, incorporó a su intervención la siniestralidad laboral en la Región de Murcia, con más de 12.500 accidentes de trabajo con baja entre enero y agosto y once fallecimientos en el puesto de trabajo, según las cifras que expuso.
«El sistema nos desahucia de nuestras casas, pero también nos desahucia de nuestras vidas», denunció, relacionando la pérdida de ingresos derivada de una baja laboral con las dificultades para afrontar el pago de la vivienda. Para CGT, esta realidad evidencia el enfrentamiento entre el derecho a la salud y a un trabajo digno y los intereses económicos empresariales.
La sindicalista recordó además que los derechos laborales no fueron concesiones de la patronal, sino conquistas obtenidas mediante la organización y la acción colectiva. Una reflexión con la que volvió a defender la huelga general como herramienta para responder a problemas que, aunque se manifiesten en ámbitos diferentes, afectan al conjunto de la clase trabajadora.
La comparecencia ante los medios concluyó con la intervención de José Antonio Caravaca, quien volvió a insistir en la necesidad de que la jornada del 11 de noviembre vaya acompañada de una paralización efectiva de la actividad económica y del consumo. El responsable autonómico de Acción Sindical de CGT reclamó «una huelga total de consumo durante esa jornada» y llamó a «llenar las calles ese día».
Caravaca cerró la rueda de prensa defendiendo que la fuerza de la movilización dependerá de su capacidad para interrumpir el funcionamiento económico y hacer frente a los intereses del capital. «Solamente bloqueando el tejido económico podremos desbordar al capital», concluyó.
