Por tercer año consecutivo, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de La Unión han vuelto a arrinconar la protesta social antitaurina. Las organizaciones animalistas han visto cómo se les impide ejercer su derecho a concentrarse en las inmediaciones de la plaza portátil de toros, obligándolas a desplazarse a una zona apartada sin visibilidad frente al público asistente.
Esta maniobra despoja de sentido al derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española. Desde la Coordinadora por los Derechos de los Animales de la Región de Murcia denuncian «la grave restricción de su derecho fundamental de reunión y manifestación como consecuencia de las decisiones adoptadas por la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de La Unión respecto a las concentraciones convocadas contra la tauromaquia durante las fiestas del municipio», subrayando que «el ejercicio del derecho de manifestación no consiste únicamente en ocupar un espacio público, sino en poder expresar una opinión crítica ante la ciudadanía y ante quienes promueven o participan en la actividad objeto de la protesta».
El colectivo carga con dureza a través de un comunicado contra el uso sesgado de la seguridad como pretexto. Advierten de que «las razones de seguridad invocadas por la Administración deben ser excepcionales, estar debidamente justificadas y superar un estricto juicio de proporcionalidad», criticando que se recurra a la protección pública como una «excusa para relegar las voces discrepantes a espacios invisibles o irrelevantes, pues ello supone una forma indirecta de censura incompatible con una sociedad democrática».
Canal oficial
Diario La Protesta — Telegram
Noticias al instante, sin censura ni algoritmos.
Resulta inaceptable el blindaje de los festejos taurinos mientras se imponen trabas y censura a quienes defienden pacíficamente el bienestar animal. Ante este atropello, la Coordinadora exige «que las futuras convocatorias puedan desarrollarse en una ubicación próxima al evento taurino y visible para su público, garantizando simultáneamente la seguridad de todas las personas asistentes y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales».
Las entidades animalistas avisan de que no se van a quedar de brazos cruzados: seguirán utilizando todas las vías legales y democráticas a su alcance para combatir el maltrato animal y exigir políticas públicas acordes con la sensibilidad social actual.
