La Asociación Alianza Mar Menor (AMARME), en representación del ecosistema del Mar Menor y su Cuenca conforme al art. 6 de la Ley 19/2022, ha presentado dos escritos dirigidos a la Consejería de Salud y a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, mediante los que formula un requerimiento formal de actuación urgente y una solicitud preferente de acceso a información ambiental.
Los escritos se fundamentan en los informes técnico-científicos elaborados por la Universidad Politécnica de Cartagena en mayo de 2025 y abril de 2026, que, según expone la asociación, reflejan la existencia de concentraciones preocupantes de metales pesados —entre ellos plomo, cadmio y zinc— en determinados suelos agrícolas del Campo de Cartagena, asociados a la dispersión de contaminantes procedentes de la Sierra Minera.
Ante estos hechos, AMARME considera que las administraciones competentes deben actuar con carácter inmediato aplicando el principio de precaución, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo para la salud pública, garantizar la seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente.
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En sus escritos, la asociación reclama que, en un plazo máximo de 48 horas, las administraciones delimiten las zonas agrícolas afectadas y restrinjan temporalmente los cultivos en aquellos suelos donde se haya acreditado la presencia de metales pesados transferibles a las plantas. Además, solicita la inmovilización cautelar de los productos agrícolas procedentes de las parcelas señaladas en el informe técnico, la implantación urgente de medidas de contención, sellado y control de los lixiviados y escorrentías procedentes de las explotaciones mineras de la Sierra Minera, así como la realización de inspecciones de oficio y campañas sistemáticas de análisis tanto de los suelos como de los productos agrícolas, identificando los puntos de muestreo y los responsables de las analíticas. Igualmente, exige que se facilite toda la información ambiental disponible, incluidos los informes técnicos, los expedientes sobre suelos contaminados, los mapas de afección y los controles realizados por la Administración regional, en cumplimiento del Convenio de Aarhus y de la Ley 27/2006.
Asimismo, AMARME recuerda que la Ley 19/2022, de reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, impone a todas las administraciones públicas el deber de proteger, conservar y restaurar el ecosistema, así como de evitar aquellas actividades que puedan ocasionarle daños.
La asociación sostiene que, cuando existen indicios técnicos de un riesgo relevante para la salud humana y el medio ambiente, las administraciones tienen la obligación legal de actuar y de facilitar la información ambiental de manera inmediata, conforme a la normativa nacional e internacional vigente.
La asociación ha requerido a ambas Consejerías que actúen en el plazo improrrogable de 48 horas, al considerar que la legislación ambiental, y la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor obligan a las administraciones a actuar con diligencia cuando existen indicios de un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
AMARME advierte de que, si persiste la inacción administrativa, ejercerá las acciones legales que correspondan para exigir las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse.
