El Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), brazo armado del Partido Comunista de Filipinas (CPP), ha reivindicado una nueva serie de acciones armadas en distintas zonas del país en las que afirma haber dado muerte a dos presuntos agentes de las fuerzas de seguridad filipinas, un colaborador del Gobierno y un hombre acusado de violación, malos tratos y asesinato, en el marco de la denominada Guerra Popular que mantiene desde hace más de cinco décadas.
Según la información difundida por Philippine Revolution Web Central (PRWC), la Unidad Especial Partisana (SPARU) del Comando Roselyn Jean Pelle ejecutó en operaciones separadas a un supuesto agente del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Filipinas (ISAFP) y a un hombre al que la organización califica de «traidor». El primero habría infiltrado el movimiento revolucionario mientras recopilaba información para el Ejército y, según el comunicado, participó en la denominada masacre de Toboso, ocurrida el 19 de abril de 2026.
En otra operación, el NPA afirma haber abatido a un hombre acusado de colaborar con las fuerzas gubernamentales guiándolas hasta posiciones guerrilleras y de actuar en beneficio de grandes terratenientes, facilitando el desplazamiento de campesinos pobres y la destrucción de sus cultivos.
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La organización también informó de la muerte de un supuesto colaborador del Grupo de Investigación Criminal y Detección (CIDG), al que acusa de proporcionar información a las fuerzas de seguridad y de promover la rendición de la población ante el Gobierno filipino. Según el comunicado, la acción fue ejecutada tras una decisión de su denominado Tribunal Revolucionario Popular.
En otro comunicado difundido por el NPA, la guerrilla anunció igualmente la ejecución de un hombre al que acusa de violar durante años a su hija menor, asesinar a su primera esposa y agredir de forma continuada a su segunda pareja y a sus hijos. La organización sostiene que la ejecución fue ordenada por el mismo tribunal revolucionario y presenta la actuación como una forma de impartir justicia en las zonas bajo su influencia.
Estas acciones se producen en un contexto de persistente conflicto armado entre el Estado filipino y la insurgencia comunista. Mientras el Gobierno considera al CPP y al NPA organizaciones terroristas y mantiene una intensa campaña de contrainsurgencia, las organizaciones revolucionarias denuncian la militarización de las zonas rurales, la represión contra las comunidades campesinas y la persecución de militantes y simpatizantes de la izquierda.
