La Plataforma por la Vivienda de Cieza ha alertado sobre un nuevo desahucio previsto en el municipio para el próximo 1 de julio a las 12:00 horas. La entidad reclama la paralización del lanzamiento y exige una alternativa habitacional para la familia afectada, formada por una pareja de jubilados con problemas de salud y su hija con discapacidad, que residen en la calle Navas de Tolosa de Cieza.
El procedimiento afecta a María y José, una pareja de jubilados con problemas de salud que convive con su hija, María Jesús, persona con discapacidad, en una vivienda situada en la calle Navas de Tolosa de Cieza.
La demanda ha sido presentada por Promontoria Coliseum Real Estate S.L., sociedad que actúa en representación de Cerberus Capital Management, fondo de inversión estadounidense vinculado a la gestión de activos procedentes del Banco Sabadell.
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La Plataforma denuncia que, pese a la situación de vulnerabilidad acreditada de la familia, ni la Administración regional ni el Ayuntamiento han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional.
El portavoz de la Plataforma por la Vivienda de Cieza, José Martínez Saorín, ha criticado la falta de recursos públicos para atender este tipo de situaciones. “El PP de Tomás Rubio en el Ayuntamiento, más allá de hacer informes sociales en los que se acredita la vulnerabilidad de la familia, poco más hace. Y digo hace porque no es el primer caso ni será el último, porque ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma tienen viviendas para hacer posible que estas familias en situación de vulnerabilidad puedan ser acogidas”, ha señalado.
Saorín considera que el problema responde a una ausencia prolongada de políticas públicas de vivienda. “Hace alrededor de 30 años que no se construyen viviendas sociales en nuestro municipio. No existen programas de alquiler social ni programas de acogida para situaciones de vulnerabilidad”, afirma.
La Plataforma sostiene que estos casos evidencian el incumplimiento efectivo del derecho constitucional a una vivienda digna. “Es el Ayuntamiento quien debería responder sobre esta cuestión, pero está claro que no se está garantizando el derecho constitucional a la vivienda para esta familia ni para muchas otras personas que atraviesan situaciones similares. La Administración no está dando amparo a necesidades que son evidentes”, añade el portavoz.
Asimismo, la organización atribuye una responsabilidad directa a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por sus competencias en materia de vivienda. “La responsabilidad del Gobierno regional de López Miras es plena porque tiene las competencias en vivienda y debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Vivienda mediante políticas públicas eficaces que protejan este derecho”, sostiene Saorín.
La Plataforma también ha señalado la responsabilidad de determinadas fuerzas políticas en el ámbito estatal tras la no aprobación de medidas extraordinarias de protección frente a los desahucios. “El hecho de que no se aprobara el escudo social que permitía paralizar los desahucios en situaciones de vulnerabilidad está propiciando que sigan produciéndose casos como este. Los partidos que votaron en contra, Partido Popular, Vox, Junts y PNV, son claramente responsables de lo que está ocurriendo”, afirma.
Ante la inminencia del lanzamiento, la Plataforma por la Vivienda de Cieza hace un llamamiento a las administraciones públicas para que intervengan de manera urgente y eviten que esta familia quede sin hogar. Asimismo, reclama la puesta en marcha de una política pública de vivienda que garantice soluciones reales para las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
