Esta mañana, en una rueda de prensa celebrada en la sede regional de UGT en Murcia, representantes de distintos colectivos sociales y políticos que componen el Grupo Promotor de la ILP Por el Derecho a la Vivienda Digna de la Región de Murcia han denunciado lo que consideran un “atentado contra la democracia participativa” por parte de la Junta Electoral Provincial. Esta denuncia se centra en torno a la decisión de esta institución de no verificar unas 5.000 firmas recogidas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a pesar de haber superado el mínimo legal requerido.
Francisco “Paco” Morote, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP y veterano activista por el derecho a la vivienda, ha calificado la decisión de la Junta como “arbitraria, antidemocrática e ilegal”. A su juicio, se trata de un acto “sin base legal alguna” que ignora el espíritu de la Ley 9/1984 de Iniciativa Legislativa Popular en la Región de Murcia, al “despreciar la voluntad de 5.000 personas electoras que han decidido apoyar esta iniciativa ciudadana”.
“La ILP no es solo una cuestión de quienes la promueven, sino del conjunto de personas que consideran adecuada y necesaria esta propuesta y deciden respaldarla con su firma. Esto es como un proceso electoral. ¿Qué diríamos si no se contasen los votos del extranjero? Pues eso es lo que está haciendo la Junta con las firmas”, ha afirmado Morote.
En la comparecencia también han acompañado miembros de la comisión promotora, como Penélope Luna, coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes; Carmen Murcia y Pedro Cano, del colectivo de Yay@flautas de Murcia; Miguel Lajarín, portavoz de RUGE; y Fernando Miñana, secretario de Participación y Círculos de Podemos Región de Murcia. Todos han mostrado su apoyo al recurso presentado por la Comisión Promotora y han alertado de un intento deliberado de restar legitimidad y visibilidad a la ILP.
Una maniobra para “tumbarla en silencio”
Según Morote, el día 23 presentaron un recurso pidiendo que “se valide el total de firmas entregadas”. Sin embargo, al día siguiente, la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional fijó para el 8 de julio el debate de la iniciativa, sin esperar a la resolución del recurso. “Todo esto parece orquestado para tumbar la ILP justo antes del verano, en pleno parón político y social, sin que la ciudadanía perciba el golpe”, ha denunciado.
Los colectivos miembros de la ILP reclaman que se detenga el proceso parlamentario hasta que se resuelva el recurso presentado, y que se haga público el número total de firmas recogidas: “Si hay más de 16.000 apoyos ciudadanos, deben ser reconocidos. No se puede silenciar esa fuerza colectiva con una decisión técnica que carece de sustento legal”, ha zanjado Morote.
Además, han mostrado su sorpresa y malestar por el hecho de que la Junta Electoral, presidida por el expresidente del TSJ de Murcia Miguel Pascual del Riquelme y cuya secretaria es la letrada de la Asamblea Regional Encarna Martínez de Simón, haya avalado una medida que “no aparece en ningún artículo de la ley y que atenta contra los principios básicos de la participación democrática”.
Una gran respuesta social frente al abandono del PP ante un problema estructural
La ILP por el derecho a la vivienda digna nace del trabajo colectivo de plataformas vecinales, asociaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, y propone medidas concretas para frenar los desahucios, regular el precio del alquiler y ampliar el parque público de vivienda en la Región de Murcia. En una comunidad autónoma con una de las tasas más altas de exclusión residencial del Estado, sus promotores consideran imprescindible que esta iniciativa llegue al Parlamento con todo el respaldo social del que dispone.
“Queremos que se escuche alto y claro: no nos van a robar 5.000 firmas. No vamos a permitir que se maquille el apoyo de esta ILP ni que se impida el debate real sobre el drama de la vivienda en esta región”, han concluido.
