En una maniobra de exaltación reaccionaria, el grupo parlamentario ultraderechista Vox ha logrado aprobar en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional de Murcia su moción para iniciar el expediente para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) la caza de perdiz con reclamo, una modalidad en la que se utiliza un macho enjaulado para atraer y abatir a otros ejemplares. La votación final: 7 a favor y 4 en contra.
La propuesta, defendida con fervor por el Diputado Pascual Salvador Hernández de Vox, pretende revestir de “tradición” y “patrimonio cultural” una práctica cinegética que forma parte de la industria del ocio y la especulación en el medio rural, mientras ignora los graves problemas sociales y económicos que atraviesa la Región. Según los portavoces del grupo ultraderechista, esta modalidad tendría “valor histórico, cultural y económico” y habría sido practicada durante siglos en la región. Sin embargo, expertos en bienestar animal y colectivos sociales denuncian que esta medida legitima la tortura animal y perpetúa un modelo rural centrado en privilegios de unos pocos.
Durante el debate, representantes del PSOE alertaron de la ausencia de informes públicos y de legitimidad social para considerar la caza como patrimonio, y subrayaron que declarar BIC una práctica que utiliza animales como herramientas de ocio no responde a los valores de justicia social ni a la defensa del medio natural. Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida-Verdes, denunció que Vox reduce la identidad cultural a los intereses de un sector minoritario y excluyente, ignorando a la sociedad civil y al creciente movimiento animalista que cuestiona este tipo de prácticas.
Asimismo, desde la Red Animalista de Izquierda Unida-Verdes han reiterado su oposición frontal a la iniciativa, subrayando que la caza con reclamo “no es patrimonio cultural, sino la instrumentalización de un ser vivo para el ocio de unos pocos”. La organización denuncia que esta modalidad, basada en utilizar un macho enjaulado para atraer a otros ejemplares que acaban abatidos, supone blindar institucionalmente una práctica que normaliza el maltrato animal. “La tradición no puede ser excusa para perpetuar el sufrimiento. La Región de Murcia merece avanzar hacia un modelo cultural y rural respetuoso con la vida y con los valores de una sociedad cada vez más comprometida con el bienestar animal”, señalan.
El argumento económico es otro de los ejes del discurso de Vox: aseguran que la caza fija población y genera empleo en el medio rural. Sin embargo, las políticas de esta formación ultraderechista olvidan los problemas estructurales que afectan a la población rural, mientras canalizan recursos hacia actividades que solo benefician a cazadores adinerados y empresas privadas vinculadas a la industria cinegética.
La moción, presentada por José Ángel Antelo Paredes, se sustenta en un proyecto técnico de la Federación Murciana de Caza, rechazado en tres ocasiones por la Dirección General de Patrimonio Cultural. A pesar de ello, Vox ha conseguido imponer su narrativa y dar inicio al expediente para declarar la caza con reclamo como BIC, consolidando un modelo de “patrimonio cultural” que defiende el privilegio de unos pocos y perpetúa el sufrimiento animal como parte de una tradición que solo interesa a una élite rural.
La aprobación de esta moción confirma la deriva reaccionaria de la derecha neoliberal y ultraderecha en la Región de Murcia: cuando la política se rinde al poder económico y a la nostalgia por un mundo rural selectivo, la cultura y la justicia social quedan relegadas a un segundo plano. Para las organizaciones animalistas, los colectivos progresistas y la mayoría social que defiende un mundo rural sostenible, esta decisión es un paso atrás en ética, justicia y respeto a la vida.
