La presa política comunista del GRAPO María José Baños Andújar, de 61 años, ha sido ingresada en la enfermería del Centro Penitenciario Murcia II, en Campos del Río, en medio de una situación médica que su entorno califica de “extrema gravedad”. La plataforma presos.org ha lanzado una campaña urgente de llamadas al centro penitenciario (968 65 78 01) para exigir su traslado inmediato a un hospital, el acceso a información médica transparente y que se le permita comunicarse sin restricciones con su compañero, Marcos Martín Ponce, también interno en el mismo penal.
La alerta se produce tras la difusión de un comunicado en el que se denuncia que Baños, diagnosticada de VIH en estadio C3, padece además trombocitopenia crónica, desnutrición calórica severa, claudicación intermitente grave y otras patologías que agravan su estado. En noviembre de 2024, la propia administración penitenciaria le reconoció un 69 % de discapacidad.
Más de cuarenta juristas y profesionales del derecho de distintos países han suscrito recientemente una denuncia pública en la que sostienen que la negativa reiterada a concederle la libertad condicional o la progresión de grado se ha fundamentado “exclusivamente en la ausencia de arrepentimiento ideológico”, un requisito que —subrayan— no está previsto en la legislación vigente y que supondría una injerencia ilegítima en la libertad ideológica. La defensa ha presentado un nuevo requerimiento urgente ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional solicitando la excarcelación por enfermedad grave.
“Puede morir en prisión”
En cartas difundidas meses atrás, Marcos Martín Ponce denunció la “ausencia completa de atención médica adecuada” y aseguró que Baños “no puede subir una planta, pesa apenas 44 kilos y sufre trastornos alimenticios y arterioesclerosis sin tratamiento médico ni psicológico efectivo”. También denunció que los traslados hospitalarios, cuando se producen, se realizan en condiciones que considera indignas.
En noviembre, la propia Baños relató por escrito que funcionarios penitenciarios le ofrecieron el tercer grado condicionado a “pedir perdón” y “firmar una condena”, condiciones que rechazó. Según su testimonio, una educadora social llegó a advertirle de que “puede morir en estos dos años que le quedan”. En marzo, la Audiencia Nacional reconoció que la Junta de Tratamiento de Murcia II tiene competencia para clasificarla en tercer grado —paso previo a la libertad condicional—, aunque no acordó su excarcelación.
Posible vulneración de derechos fundamentales
Los juristas firmantes advierten de que mantenerla en prisión en su estado actual podría vulnerar varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y el artículo 2 (derecho a la vida). Por ello, reclaman la adopción inmediata de medidas humanitarias, supervisión médica externa independiente y garantías efectivas de acceso a tratamiento especializado.
Mientras tanto, la movilización social crece. En las últimas horas, su entorno ha impulsado una recogida de firmas online bajo el título “Exigir atención médica y liberación de María José Baños Andújar”, que ya cuenta con casi 500 apoyos. El texto recuerda que Baños lleva 23 años encarcelada y sostiene que su estado de salud exige atención médica inmediata fuera del entorno penitenciario. La petición reclama su traslado hospitalario urgente y su liberación para garantizar el derecho a la salud recogido en los estándares internacionales de derechos humanos.
Hasta el momento, Instituciones Penitenciarias no ha ofrecido respuesta pública sobre el ingreso en enfermería ni sobre las demandas planteadas por la defensa y el entorno de María José Baños.
