La mayoría parlamentaria de PP y Vox ha aprobado en la Asamblea Regional la toma en consideración de la modificación de la Ley 6/1995 para alterar los límites del Parque Regional de Sierra Espuña, una decisión adoptada pese al informe contrario de los servicios jurídicos y al rechazo frontal de la izquierda parlamentaria.
La iniciativa, presentada bajo el discurso de la defensa de la romería de La Santa, busca en la práctica facilitar la celebración del rally automovilístico en un espacio de alto valor ecológico, suspendido por su impacto ambiental. El resultado de la votación —27 votos a favor frente a 15 en contra— evidencia el uso del rodillo parlamentario para imponer un recorte simbólico y jurídico del espacio protegido.
IU denuncia el “peor procedimiento posible” y un ataque a la protección ambiental
Durante el debate, el diputado de Izquierda Unida, José Luis Álvarez-Castellanos, fue contundente al señalar que la proposición de ley se tramita “por el peor procedimiento posible” y en abierta contradicción con el criterio jurídico de la Cámara.
Desde IU se advirtió de que la protección del parque no depende únicamente de la normativa autonómica, sino también de la legislación europea y de la Red Natura 2000, por lo que la modificación de límites carece de eficacia real y solo genera conflicto político y frustración social.
Álvarez-Castellanos insistió en que existen vías legales para compatibilizar actividades y conservación, como la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión, y acusó a la derecha de optar por la confrontación legislativa en lugar del consenso técnico.
Podemos alerta de una ley innecesaria y jurídicamente fallida
La diputada de Podemos, María Marín, denunció que la iniciativa pretende reducir los límites de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región sin necesidad real y sin base científica.
Marín recordó que el informe jurídico es claro al señalar que la romería y las actividades populares ya son compatibles con la protección del parque, por lo que la modificación responde a intereses ajenos a la conservación.
Desde Podemos se advirtió de que la aprobación de la ley generará falsas expectativas y terminará chocando con la legislación estatal y europea, dejando a la ciudadanía ante un conflicto político artificial creado por la derecha.
El PSOE señala la vía alternativa ignorada por el Gobierno regional
El portavoz socialista, Alfonso Martínez Baños, subrayó que la Ley 42/2007 solo permite reducir los límites de un espacio protegido por cambios naturales científicamente demostrados, requisito que no se cumple en Sierra Espuña.
El PSOE defendió que la solución pasa por el Plan Rector de Uso y Gestión del parque, instrumento capaz de regular la compatibilidad de las actividades sin necesidad de recortar el espacio protegido.
Los socialistas cuestionaron además por qué el Gobierno regional ha ignorado acuerdos previos de la Cámara y alternativas técnicas planteadas por la Consejería de Medio Ambiente para trasladar el trazado del rally fuera del parque.
Tradición como coartada para favorecer el negocio del motor
El informe jurídico desmonta el principal argumento de PP y Vox: la romería no está en riesgo. Las actividades religiosas y populares ya cuentan con cobertura dentro del régimen de protección del parque.
El conflicto real radica en la competición automovilística y en el impacto que genera la circulación de vehículos a gran velocidad sobre la fauna, el suelo y el equilibrio acústico del entorno.
La utilización de la tradición como escudo político revela una estrategia de desgaste ambiental que prioriza el espectáculo y el interés económico frente a la conservación del patrimonio natural.
Un precedente peligroso en plena emergencia climática
La aprobación de la iniciativa marca un precedente preocupante: abrir la puerta a modificar espacios protegidos cuando entran en conflicto con intereses económicos o mediáticos.
IU, Podemos y PSOE coincidieron en advertir de que el debate trasciende el caso del rally y sitúa a la Región ante un modelo de gestión del territorio basado en la flexibilización de la protección ambiental y la mercantilización del patrimonio natural.
En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, la decisión de PP y Vox supone un retroceso político y ambiental que confronta directamente con el interés general y la defensa del territorio como bien común.
