La extrema derecha juvenil da un paso más en su estrategia de normalización institucional. La organización Núcleo Nacional, conocida por sus protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz y por sus campañas contra menores migrantes, se ha registrado como partido político bajo el nombre de Noviembre Nacional, con sede en Valladolid y presidido por Enrique Lemus.
El movimiento no es menor. Supone el intento de transformar una estructura señalada por difundir discursos de odio y teorías racistas en una herramienta electoral con acceso potencial a financiación pública y presencia institucional.
La inscripción, realizada el pasado 10 de febrero, se ha producido por “silencio administrativo positivo”, según explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que no se han detectado “elementos” para negar el registro. Eso sí, añadió que sus actividades estarán “en el radar” de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía.
De las calles a las urnas: estética paramilitar y discurso del “reemplazo”
Núcleo Nacional ha sido monitorizado por los servicios de información de la Guardia Civil como uno de los grupos de ultraderecha juvenil más activos. En abril de 2025 se abrió una investigación tras la difusión de un vídeo en el que instaban a una “defensa activa” de las calles y a una “lucha conjunta contra la invasión”, mensajes que las fuerzas de seguridad consideraron potencialmente constitutivos de delito de odio.
Su narrativa gira en torno a la teoría del “gran reemplazo”, un constructo conspirativo racista popularizado en Europa por la extrema derecha, que presenta la inmigración como una amenaza demográfica organizada. En sus acciones públicas han coreado consignas fascistas, insultado al presidente del Gobierno y señalado a menores no acompañados como enemigos internos.
El pasado 28 de enero, cuatro jóvenes vinculados al grupo fueron detenidos en Sant Boi de Llobregat por realizar pintadas contra el islam, las personas migrantes y partidos de izquierda, y difundirlas en redes sociales.
En su propia web exhiben imágenes de militantes uniformados y encapuchados. Justifican el ocultamiento del rostro afirmando que declararse nacionalsocialista, franquista o fascista “conlleva males para la vida personal”. No reniegan de esa tradición: la reivindican.
Izquierda Unida alerta: “Puede ser un fraude de ley”
El Secretario General del PCE y diputado de Izquierda Unida que ostenta la portavocía en la Comisión de Interior del Congreso, Enrique Santiago, ha registrado una iniciativa parlamentaria para exigir explicaciones al Ministerio del Interior.
Santiago advierte de que la conversión de Núcleo Nacional en partido político podría constituir un fraude de ley para eludir el artículo 22 de la Constitución, que prohíbe asociaciones de carácter militar. A su juicio, el uso de la figura jurídica de partido podría estar instrumentalizándose para dar cobertura legal a una organización con prácticas y estética paramilitar.
Izquierda Unida pregunta qué comprobaciones se han realizado para verificar que Noviembre Nacional respeta los derechos fundamentales y no incurre en incitación al odio, y si el Gobierno prevé solicitar a la Fiscalía la revisión de su legalidad conforme a la Ley de Partidos.
Además, reclama medidas para impedir que organizaciones que promueven ideologías contrarias a los valores democráticos utilicen la estructura de partido para acceder a recursos públicos y altavoces institucionales.
La contradicción de una democracia no militante
Grande-Marlaska ha recordado que la Constitución española “no es militante”, es decir, no excluye de partida a partidos por su ideología, salvo que vulneren el orden constitucional mediante actos concretos.
Pero el debate vuelve a plantearse: ¿puede una democracia permitir la institucionalización de quienes reivindican el fascismo mientras se limitan a enmarcar sus discursos en fórmulas ambiguas? ¿Dónde termina la libertad ideológica y comienza la amenaza organizada contra los derechos fundamentales?
La legalización de Noviembre Nacional no es un trámite burocrático más. Es la constatación de que la ultraderecha intenta consolidar su presencia pasando de la agitación callejera a la arena electoral.
Según ha indicado el diputado de IU, Enrique Santiago, la cuestión es clara: no se trata de ilegalizar ideas, sino de impedir que el odio organizado encuentre amparo jurídico y financiación pública. La pelota está ahora en el tejado de Interior y, si procede, de la Fiscalía.
La régimen del 78´ vuelve a enfrentarse a una prueba incómoda: tolerar al intolerante o defenderse activamente frente a quienes sueñan con su demolición a pesar de dejar “todo bien atado”.
