Ecologistas en Acción ha anunciado la presentación de una denuncia judicial, para que se aclare la posible comisión de varios delitos entorno a la elaboración, custodia y transparencia del informe encargado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Universidad Politécnica de Cartagena, sobre el Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena.
Para la organización es muy grave la secuencia de acontecimientos y las distintas versiones de un relato que se ha ido construyendo entorno a la existencia o no del informe, su acceso público, y la petición de devolución de la subvención concedida a la UPCT por considerarse que no se cumplen los objetivos de la subvención, varios meses después de presumiblemente haberse entregado y justificado el trabajo por el que se dio la subvención, Su existencia sólo se ha puesto en cuestión al presentarse una solicitud de acceso a la información pública, asegurándose primero que no existía ningún documento entregado, y posteriormente reconduciendo el relato (a la vista de la evidencia de la existencia del informe) que ahora resulta que no cumple los requisitos por los que se subvencionó.
Ecologistas en Acción considera estos hechos como muy graves, por atentar contra el acceso a la información, y máxime en un caso tan preocupante, en el que las consecuencias de ocultar y/o ignorar la información que revela, pueden afectar a la salud pública, además de al medio ambiente, y por eso ha presentado esta denuncia, con la que pretende que salga a la luz toda la verdad, la documentación que permanece inaccesible, y que depuren responsabilidades en todos los sentidos.
Critican la inacción de la administración regional
Según el informe “Caracterización de tecnosuelos del depósito minero “El Lirio”-Los Belones (Cartagena)”, elaborado por el Grupo de investigación “Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas”, de la Universidad Politécnica de Cartagena, las muestras que se obtuvieron de tierra vegetal de la zona Arco Sur del Mar Menor presentan “elevados valores de arsénico, cadmio, plomo y zinc”, que se sitúan “por encima de los niveles de referencia para suelos de la Región de Murcia” según el nivel de referencia para suelos de la Región de Murcia propuesto en un estudio elaborado en 2007.
Destaca la contaminación por plomo, con valores medios por encima del Nivel Genérico de Referencia (NGR) para usos distintos a los urbanos y los industriales (aplicable por tanto a los usos agrícolas) fijado en el proyecto de decreto autonómico que ha de establecer tales niveles, con picos que multiplican por 2,4 dicho NGR y que multiplican por más de 6 veces el nivel de referencia para suelos de la Región de Murcia propuesto en el estudio de 2007.
También el informe identifica picos que casi duplican el NGR para manganeso, así como puntos con valores de cadmio por encima del nivel de referencia del estudio de 2007 y niveles medios de zinc que multiplican por 2,8 veces el nivel de referencia del estudio de 2007, con picos que lo multiplican por más de 7 veces.
El mencionado informe muestra igualmente mapas en los que se aprecian amplias zonas en la zona Arco Sur del Mar Menor con valores de cadmio superiores a 5 mg/kg (por encima de su NGR de 4 mg/kg y 6,7 veces superior al valor de referencia del estudio de 2007), de plomo superiores a 1.000 mg/kg (8,7 y 23,2 veces superiores a su NGR y al valor de referencia del estudio de 2007, respectivamente) y de zinc superiores a 500 mg/ kg (5,2 veces superiores al valor de referencia del estudio de 2007).
Hay que recordar que niveles excesivos de estas sustancias pueden generar efectos negativos sobre la salud humana como daños neurológicos (plomo), cáncer (arsénico), osteoporosis y disfunción renal (cadmio), anemia (zinc) y afecciones al sistema nervioso (manganeso).
Pese a la gravedad de la situación, el gobierno regional no sólo no ha tomado medida alguna para proteger la salud pública y evitar los posibles riesgos derivados de productos agrícolas procedentes de estos suelos con tan elevadas concentraciones de metales, sino que sus esfuerzos se han centrado en todo lo contrario, ocultando la situación en un inaceptable ejercicio de opacidad y falta de transparencia para impedir un pleno conocimiento ciudadano de tales riesgos para la salud pública y para el medio ambiente, incumpliendo sus responsabilidades en transparencia y las normativas sobre el derecho ciudadano a la información ambiental.
El gobierno regional parece más interesado en defender los intereses económicos de las empresas agrarias que operan en la zona Arco Sur del Mar Menor, en lugar de defender el interés de la ciudadanía, la salud pública y el medio ambiente. De hecho, a día de hoy el gobierno regional persiste en su falta de transparencia, impidiendo la consulta a unos estudios e informes realizados con financiación pública, como es el caso del informe “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena” y que por tanto deberían ser de acceso público. Que este informe siga sin acceso público, unido a la situación que dicho informe refleja, de elevada contaminación por metales, permite sospechar que una de las razones del actual conflicto en torno a este tema es ocultar o minimizar el problema de unos suelos contaminados por metales en la zona Arco Sur del Mar Menor que, a día de hoy, siguen en cultivo.
Conviene recordar que hay cultivos muy susceptibles a la absorción de metales pesados presentes en el suelo, y que algunos pueden acumularse en cantidades importantes en las partes comestibles que se comercializan, por ejemplo en lechuga, tomate, patata, zanahoria, cebolla, entre otros.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al gobierno regional en el que exige la puesta a disposición pública de todos los estudios e informes disponibles sobre esta problemática, sin ningún tipo de restricción. Además, solicita que la Consejería de Sanidad lleve a cabo un estudio analítico riguroso, con total transparencia en la difusión de los resultados, para evaluar los contenidos de metales en los productos agrícolas cultivados en la zona Arco Sur del Mar Menor. La organización reclama también que, mientras no quede acreditada de manera independiente la plena seguridad de estos productos para la salud pública, se establezca una moratoria que suspenda tanto el cultivo de estas tierras como la comercialización de sus productos.
