La Asamblea Regional ha aprobado hoy por unanimidad —43 votos a favor— la moción impulsada por el Grupo Parlamentario de IU-Verdes y Podemos para acortar drásticamente los plazos de aprobación del Plan Regional de Accesibilidad Universal y de los planes municipales. La iniciativa ha salido adelante tras la transacción de enmiendas parciales del PSOE y de Vox, en un acuerdo amplio que contrasta con los años de demora acumulados por el Ejecutivo autonómico del PP.
El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, centró su intervención en el carácter profundamente político y social del debate, subrayando que “vamos a hablar de derechos, de los derechos de aquellos colectivos que tienen más dificultades para que se vean cumplidos”. Recordó que la Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia fue aprobada y publicada en junio de 2017 y que su artículo 1 reconoce el derecho a garantizar la accesibilidad a entornos, bienes, productos y servicios para asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, denunció que el Gobierno regional incumplió el mandato de desarrollar el reglamento en un plazo de seis meses y lo retrasó siete años, hasta octubre de 2024.
Álvarez-Castellanos fue contundente al señalar que el reglamento “tenía un mandato de seis meses” y que su aprobación siete años después evidencia una forma de gobernar en la que “se olvida el desarrollo de multitud de leyes”. Además, explicó que el Ejecutivo añadió una prórroga de seis meses para la entrada en vigor del reglamento y planteó cinco años más para aprobar el Plan Regional de Accesibilidad y los planes municipales, lo que hubiera supuesto llegar hasta 2030, trece años después de aprobarse la ley. “En total, desde el año 2017, trece años hasta 2030, en el mejor de los casos, para ver cumplida la aprobación definitiva de esa herramienta”, advirtió en el hemiciclo.
El diputado de IU-Verdes insistió en que la accesibilidad no puede reducirse a eliminar barreras arquitectónicas. “Hablamos también de personas con sordoceguera que no pueden acudir a un servicio sanitario de urgencias sin guía-intérprete”, recordó, poniendo el foco en situaciones cotidianas en las que está en juego la seguridad y la dignidad de las personas. Para Álvarez-Castellanos, la Región arrastra una “asignatura pendiente” que exige “un cambio de paradigma más inclusivo”, porque cuando se trata de derechos fundamentales “la espera no es una opción”.
Tras la aprobación, valoró el resultado como “un importante paso para garantizar el derecho a la accesibilidad universal”, subrayando que la moción obliga ahora al Gobierno regional a reducir a un año el plazo para la aprobación definitiva de los planes. A su juicio, estos instrumentos son “una herramienta fundamental” para impulsar medidas estructurales y dejar atrás actuaciones parciales y limitadas que no resuelven el problema de fondo.
Por su parte, la portavoz parlamentaria, María Marín, ha insistido en la larga espera, de 13 años y 4.745 días, que sufren ya en la Región las “miles personas con problemas de movilidad” por la ausencia del plan autonómico de accesibilidad.
Marín ha evidenciado ejemplos que se han venido denunciando en los medios de comunicación regionales en los últimos años, casos reales de personas como Antonia Gómez, vecina de Cabezo de Torres (Murcia), que advirtió de dificultades para acceder al autobús por problemas con las rampas, o los inconvenientes que se dan en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, donde hay habitaciones sin adaptar y con falta de espacio que provocan que los pacientes apenas se puedan mover cómodamente por ellas.
Asimismo, la portavoz ha puesto el foco en la propia Asamblea Regional, cuyo hemiciclo, recién reformado, “sigue sin ser accesible, lo que provoca que compañeras como la diputada del PP, Sonia Ruiz, no pueda intervenir desde la tribuna y tenga que hacerlo desde su escaño”.
La unanimidad alcanzada hoy en la Cámara regional deja al Gobierno de López Miras sin excusas ni margen para seguir aplazando una obligación que arrastra desde hace años. “El acuerdo parlamentario exige convertir las palabras en hechos y cumplir en un año lo que se ha demorado durante siete. Porque la accesibilidad no es un adorno urbano ni una promesa sobre el papel, es la diferencia entre poder vivir con autonomía o quedar excluido, entre ejercer derechos o verlos vulnerados cada día”, concluyen desde la coalición autonómica de izquierdas.
