La Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura celebrada hoy en la Asamblea Regional ha vuelto a evidenciar una realidad incómoda que los grandes partidos llevan décadas ocultando: el modelo hídrico del sureste español está agotado, social y ecológicamente insostenible, y secuestrado por intereses políticos y económicos ajenos al bien común.
La comparecencia del ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, aportó un elemento cada vez más ausente en el debate público: memoria histórica, datos y perspectiva. Frente al griterío, la confrontación vacía y el uso del agua como munición electoral, Fuentes Zorita apeló a la necesidad de unidad y serenidad para afrontar un problema estructural que “viene de lejos” y que no admite soluciones simplistas ni consignas patrióticas.
Sin embargo, la sesión dejó claro que esa serenidad choca frontalmente con el uso partidista del agua por parte de la derecha y ultraderecha, especialmente del Partido Popular, que ha convertido el trasvase en una bandera identitaria mientras ha sido, como recordó el propio Fuentes Zorita, el único partido que ha aplicado recortes reales y continuados al Tajo-Segura desde el Gobierno: límites crecientes a los hectómetros trasvasables, endurecimiento de reglas de explotación y la introducción —hipócrita y nunca ejecutada— de los caudales ecológicos en 1998.
Desde el PSOE, el diputado Fernando Moreno García insistió en denunciar ese ruido interesado, reclamando consenso y acusando al Gobierno regional de López Miras de deslealtad institucional por negarse a convocar el Pacto Regional del Agua, aprobado en sede parlamentaria pero bloqueado por puro cálculo político. Un bloqueo que se produce mientras el Ejecutivo autonómico mira hacia otro lado ante el colapso del modelo productivo que ha sostenido durante décadas.
Más grotesca aún fue la intervención del diputado de Vox, que volvió a disfrazar de “unidad hidrológica de la patria” un discurso profundamente reaccionario y negacionista, ajeno a cualquier límite ecológico y alineado con los intereses de la agroindustria intensiva. Un relato que niega la crisis climática, desprecia la ciencia y reduce el agua a un botín territorial, mientras alimenta el enfrentamiento entre pueblos trabajadores.
Frente a ese ruido interesado, el diputado regional de Izquierda Unida, Jose Luis Álvarez-Castellanos puso el foco en los elementos que de forma sistemática se tratan de ocultar en el debate público. Por un lado, alertó de la reducción drástica de las aportaciones de agua en la cabecera del Tajo, que han descendido un 52% respecto a hace cuatro décadas, un dato clave para entender la actual situación del trasvase.
Por otro, subrayó el impacto ambiental del modelo agroindustrial intensivo, sostenido artificialmente por el trasvase, que ha provocado la contaminación de acuíferos, sanciones millonarias de la Unión Europea al Estado español y la degradación del Mar Menor, convertido ya en el símbolo más evidente del colapso ecológico de la Región de Murcia.
Sin abordar estos elementos, no hay diálogo posible. No se puede seguir sobrevalorando la rentabilidad económica de un modelo que socializa los costes ambientales, precariza a la clase trabajadora del campo y pone en riesgo el futuro hídrico de toda la región. El agua no puede seguir al servicio de una minoría empresarial mientras se destruyen los ecosistemas y se hipoteca el mañana.
La conclusión es clara, el trasvase no puede seguir siendo ni un tótem electoral ni un dogma económico. Hace falta una planificación hidrológica democrática, basada en los límites ecológicos, la justicia social y el interés general. Y eso exige decir verdades incómodas, romper con el productivismo depredador y asumir que sin transición ecológica justa no habrá agua, ni agricultura, ni futuro.
