Esta mañana se ha conseguido paralizar el desahucio de una familia residente en la Calle Antonio Gómez Gómez, 2-3º E, compuesta por Pilar Marín Martínez (49 años), su marido Miguel Jiménez Celdrán (50 años), con una discapacidad del 65% tras la amputación de una pierna, y su hija Ainhoa Jiménez Marín (20 años), diagnosticada con esclerosis tuberosa y con una discapacidad del 48% que requiere seguimiento médico continuo.
La familia enfrentaba una situación crítica. Desde 2022 acumulan una deuda de aproximadamente 7.000 € por el alquiler, que no pudieron afrontar debido a ingresos mínimos. El propietario, el fondo Living Center, vinculado a Caixa Bank, había iniciado el procedimiento de desahucio.
Según José Antonio Vives, mediador de la PAH, la intervención en las últimas horas permitió alcanzar un acuerdo que suspende el desahucio. La familia se compromete a aportar parte de la deuda y se estudiará la posibilidad de un nuevo contrato social, mientras se busca incrementar los ingresos familiares, a través de empleo de la hija y de la madre, para poder cubrir el alquiler y reducir la deuda acumulada.
Para Miguel Ángel Jiménez Celdrán, la paralización representa un respiro vital tras años de dificultades. Explicó que tanto él como su hija han enfrentado problemas de salud graves, y que los cuidados de su madre incapacitada hasta mayo de 2025 añadieron una carga adicional que les impidió generar ingresos. A pesar de la adversidad, aseguró que ahora esperan poder “tirar hacia adelante y empezar una nueva vida, con esfuerzo y cuidado por nuestra salud”.
Por su parte, Francisco Orenes, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Beniel en representación de Izquierda Unida-Verdes, subrayó que la vivienda debe ser considerada un derecho, no un negocio ni un lujo, y criticó la falta de recursos municipales, “Actualmente no existe ningún fondo de vivienda social, la alternativa habitacional no se cumple y los servicios sociales han sido muy deficientes. Esperamos que los poderes públicos se impliquen de verdad con las familias más vulnerables, como esta”.
El acuerdo logrado gracias a la mediación de la PAH implica que, mientras se negocian soluciones viables con los servicios sociales, el ayuntamiento y otras instituciones, la familia podrá permanecer en su vivienda. La intervención demuestra que la presión social y el acompañamiento organizado pueden ser determinantes para proteger a quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.
 y la presión social, la familia afectada logra ganar tiempo mientras se negocian soluciones habitacionales y se busca garantizar su permanencia en la vivienda.){kind=link}