Introducción
Cada primer martes de mes, la Asamblea Feminista de Murcia convoca una acción colectiva para romper el silencio que rodea los asesinatos machistas. No es una cita simbólica ni un gesto rutinario: es una forma de resistencia cívica frente a quienes pretenden diluir la violencia en cifras y pasar página. Nombrar a las mujeres asesinadas es impedir que el olvido se imponga y recordar que cada crimen exige justicia, memoria y compromiso social.
I. Por qué nos reunimos cada primer martes: memoria, denuncia y defensa colectiva frente a la violencia machista
Cada primer martes del mes, en Murcia —como ocurre en muchas ciudades y pueblos de España— un grupo de mujeres —y también algunos hombres comprometidos— se congrega para nombrar a quienes ya no pueden hacerlo. La cita es simple: sin grandes focos, sin discursos grandilocuentes y, en la mayoría de los casos, con poco más que una lista de nombres y una voluntad firme: que ninguna de estas mujeres desaparezca en silencio.
Puede parecer un acto rutinario, incluso meramente simbólico, pero no lo es. Estas concentraciones mensuales no solo funcionan como una forma de denuncia, sino también como un gesto profundo de defensa colectiva, construcción de comunidad y oposición, desde la memoria, a un sistema que sigue considerando nuestras vidas como prescindibles.
En un tiempo en el que las cifras golpean casi a diario —y a veces semanalmente— el riesgo de habituarse a la tragedia es enorme. Las estadísticas suben y bajan; los titulares duran unas horas; las redes se indignan y luego pasan a otra cosa. Pero detrás de cada número hay una mujer que fue amada, que tuvo proyectos, amistades y familia. Una mujer cuyo futuro fue arrebatado por un hombre que decidió que tenía derecho sobre su vida, y al que, en muchos casos, ella había cuidado [1][2][3].
Recordar sus nombres en público es un acto de resistencia contra la deshumanización. No son números. No son casos. Son mujeres asesinadas por hombres con quienes compartieron su vida, en demasiadas ocasiones también padres de sus hijos e hijas. Al nombrarlas, hacemos visible lo que la violencia machista intenta ocultar: que se trata de un crimen específico, con raíces profundas y consecuencias devastadoras para toda la sociedad [1][4].
1. La violencia que atraviesa todas las fronteras
Uno de los mensajes más importantes que transmiten estas concentraciones es una verdad que debería ser incuestionable: la violencia machista no distingue edad, clase social, nivel educativo ni país de origen. Afecta a mujeres jóvenes y mayores, a mujeres de barrios acomodados y de zonas rurales, a mujeres nacidas aquí y a quienes llegaron en busca de una vida mejor. Todas comparten el mismo riesgo por el simple hecho de ser mujeres en una sociedad marcada por desigualdades estructurales [1][5].
Esta universalidad del peligro no es una tragedia inevitable, sino la consecuencia de un sistema que sigue reproduciendo roles, estereotipos y relaciones de poder profundamente desiguales. Por eso, cuando nos reunimos cada primer martes, no solo lloramos a quienes han sido asesinadas, sino que nos recordamos a nosotras mismas que esta violencia forma parte de un entramado contra el que debemos seguir luchando.
2. Un gesto de defensa y cuidado colectivo
Reunirse no cambia por sí solo las políticas públicas, pero genera una fuerza que no debe subestimarse. En esos minutos compartidos, las personas se miran, se reconocen y se sostienen. Confirmamos que no estamos solas, que nuestra indignación es compartida y que nuestra vulnerabilidad —esa que la violencia machista pretende explotar— puede transformarse en fortaleza cuando se vive colectivamente.
Estos encuentros recuerdan también que la violencia machista no es solo un problema individual: es un problema de toda la sociedad. Un problema que, con frecuencia, funciona como intento de disciplinar a las mujeres, de mantenerlas con miedo, de advertir que sus cuerpos y vidas pueden ser cuestionados o arrebatados. Al reunirnos, rompemos ese mensaje: mostramos que nos defendemos unas a otras y que no tenemos intención de ceder terreno.
3. Memoria y exigencia política
Recordar no basta si no va acompañado de exigencia. Este gesto también es una demanda dirigida a las instituciones, gobiernos y medios. Exigimos que la violencia machista sea tratada como una cuestión de Estado, que los recursos lleguen a tiempo, que las medidas de protección funcionen y que se escuche a las mujeres antes de que sea demasiado tarde [1][3][4].
Recordar públicamente a cada mujer asesinada es, además, una manera de exigir responsabilidad institucional y de señalar que las fallas en la protección y prevención tienen consecuencias irreversibles. No se hace desde la culpabilización simplista, sino desde la convicción de que una sociedad que no protege a sus mujeres es una sociedad que se destruye a sí misma.
4. Ellas no estaban solas. Nosotras tampoco
Acudir a estas concentraciones es un acto sencillo, pero profundamente transformador. Es un ejercicio de memoria que dignifica a quienes ya no pueden defenderse. Es un gesto político que denuncia una violencia arraigada y persistente. Es un acto de cuidado hacia nosotras mismas y una forma de recordar que la fuerza colectiva existe, que se construye mes a mes y que seguirá allí mientras la necesitemos.
Por eso seguimos reuniéndonos: porque nombrarlas es no permitir que las borren; porque su ausencia nos duele; porque cada una de ellas importa; porque la violencia machista es una herida que atraviesa a todas las mujeres y que solo podremos cerrar con justicia, protección y transformación social. Nos reunimos también para que más mujeres y hombres se unan a esta denuncia y reivindicación, y para hacerla cada vez más visible.
Nos reunimos porque ellas no están. Y porque nosotras, juntas, seguimos aquí.
Gloria Alarcón García. Presidenta del Forum de Política Feminista de Murcia y miembro de la Asamblea Feminista de la Región de Murcia
Fuentes oficiales recomendadas
| Nº | Fuente | Enlace eficaz y seguro |
|---|---|---|
| 1 | Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género — Violencia de género en cifras y campañas oficiales | Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género Delegación contra la Violencia de Género |
| 2 | Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) — Estadística judicial sobre violencia sobre la mujer | Violencia sobre la Mujer — CGPJ Estadística Judicial Poder Judicial |
| 3 | CGPJ — Datos estadísticos sobre violencia doméstica y de género | Violencia sobre la Mujer en la Estadística Judicial — CGPJ Poder Judicial |
| 4 | Ministerio de Igualdad — Datos oficiales sobre feminicidios y violencia de género | La Delegación del Gobierno de Violencia de Género publica datos estadísticos sobre feminicidios igualdad.gob.es |
| 5 | Instituto de las Mujeres — Mujeres en Cifras | Mujeres en Cifras — Instituto de las Mujeres |
| 5 | Instituto de las Mujeres — (mujeres en cifras 1983-2023)2.indd | (mujeres en cifras 1983-2023)2.indd — Instituto de las Mujeres |
II. Anexo: Denunciar para salvar vidas, proteger derechos y preservar la verdad
La denuncia es una de las herramientas más importantes —y a la vez más difíciles— en la lucha contra la violencia machista. Para las víctimas directas, denunciar no es un gesto automático ni sencillo: implica miedo, desgaste emocional, exposición pública, dependencia económica, presión familiar y, en demasiadas ocasiones, una profunda desconfianza en que el sistema vaya a responder de forma eficaz. Sin embargo, denunciar salva vidas. Activa protocolos, permite evaluar riesgos, habilita medidas de protección y pone en marcha una red institucional que, aun con sus carencias, existe precisamente para evitar desenlaces irreversibles [1][2].
Pero la responsabilidad no recae únicamente en la víctima. La experiencia demuestra que el entorno cercano —familia, amistades, vecindario, profesionales sanitarios, educativos o sociales— desempeña un papel crucial. Incluso cuando no existe una denuncia formal, un entorno sensible, vigilante y concienciado puede y debe actuar. La comunicación de indicios, amenazas, episodios de control, aislamiento o violencia psicológica puede ser suficiente para activar mecanismos de prevención que protejan no solo a la víctima directa, sino también a las víctimas indirectas o colaterales: hijas e hijos, personas dependientes o convivientes [1][3].
En este punto, es fundamental insistir en una idea clave: la ausencia de denuncia no equivale a ausencia de violencia. Muchos feminicidios se producen precisamente en contextos donde nunca hubo una denuncia previa. Por eso, reforzar los canales de actuación del entorno y su coordinación con los servicios públicos es una de las vías más eficaces para salvar vidas [1][4].
1. Denuncias falsas: una realidad minoritaria que no debe instrumentalizarse
Las denuncias falsas existen y deben ser perseguidas con todo el peso de la ley. No solo porque causan un daño profundo e injusto a la persona falsamente acusada, sino porque erosionan la credibilidad del sistema, alimentan la desconfianza social y perjudican gravemente a las víctimas reales. En este sentido, el marco legal ya contempla mecanismos para investigarlas y sancionarlas, y los datos oficiales muestran que su incidencia es mínima en comparación con el volumen de denuncias reales [2][5].
Sin embargo, la extrema derecha ha convertido este fenómeno marginal en un argumento de manipulación política y mediática, sobredimensionándolo deliberadamente para desacreditar a las víctimas y cuestionar las políticas públicas contra la violencia de género. Esta estrategia no busca proteger derechos, sino generar sospecha generalizada, desincentivar la denuncia y debilitar los avances en igualdad y protección.
Desmontar esta manipulación exige datos, rigor y pedagogía social. Las estadísticas judiciales, las investigaciones archivadas y las sentencias condenatorias por denuncia falsa permiten demostrar que no existe una avalancha de denuncias instrumentales, y que la inmensa mayoría de las mujeres que denuncian lo hacen porque han sufrido violencia real. Convertir la excepción en regla no es información: es propaganda [2][5].
2. Proteger a las víctimas sin desproteger a los inocentes
Combatir las denuncias falsas y proteger a las víctimas reales no son objetivos contradictorios. Al contrario: se refuerzan mutuamente. Un sistema garantista debe ser capaz de investigar con rigor, recabar pruebas, escuchar al entorno periférico y actuar con proporcionalidad. Las pesquisas del entorno —testimonios, informes profesionales, antecedentes, comunicaciones previas— son herramientas esenciales tanto para confirmar situaciones de violencia como para detectar denuncias infundadas [2][3].
Cuando se demuestra una denuncia falsa, el Estado tiene la obligación de restituir plenamente el prestigio, la dignidad y los derechos de la persona acusada injustamente. Esto implica no solo la absolución penal, sino también medidas claras de reparación: indemnización económica, rectificación pública y resarcimiento del daño reputacional. Estas medidas no deben entenderse como castigo ejemplarizante, sino como garantía de justicia y elemento disuasorio, imprescindible para preservar la credibilidad del sistema [6].
Al mismo tiempo, las denuncias falsas no pueden utilizarse como arma arrojadiza contra las víctimas reales. Generalizar la sospecha provoca un efecto devastador: muchas mujeres dejan de denunciar por miedo a no ser creídas, a ser cuestionadas o a sufrir un escrutinio social que las revictimiza. Ese descrédito mata.
3. Diferenciar para proteger mejor
Otro error frecuente en el debate público es la confusión interesada entre violencia de género y otros delitos cometidos en el ámbito doméstico. La violencia de género es una forma específica de violencia, basada en la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, y no puede diluirse ni equipararse sin más a otros delitos contra la integridad física o sexual, aunque ocurran en el mismo entorno. Confundir categorías no aporta protección: la debilita [6].
Diferenciar no significa jerarquizar el dolor, sino afinar los protocolos, mejorar la prevención y adaptar las respuestas institucionales a la naturaleza concreta de cada violencia.
4. Fallos del sistema y uso político de las víctimas
Los protocolos de protección fallan, especialmente en la valoración del riesgo, la coordinación entre instituciones y el seguimiento de los casos. Mejorarlos exige más recursos, formación especializada, escucha activa a las víctimas y capacidad real de reacción ante señales de alerta tempranas [1][4].
Finalmente, resulta especialmente dañino el uso demagógico de las víctimas como instrumento propagandístico o electoral. Utilizar su dolor para confrontar políticamente, negar la violencia o manipular los datos no solo es éticamente reprobable: pone vidas en peligro. Las víctimas no son argumentos. Son personas. Y protegerlas exige responsabilidad, rigor y compromiso democrático.
5. Factor educativo y transmisión de valores
La educación es mucho más que la instrucción académica: es el vehículo principal de transmisión de valores y principios humanos que configuran a las futuras generaciones. En el entorno familiar, escolar y comunitario se construyen las bases del respeto, la empatía, la tolerancia y la comprensión de los derechos humanos. Enseñar a aceptar la diversidad, a cuestionar la injusticia y a valorar la dignidad de todas las personas es formar ciudadanos críticos, responsables y conscientes de su papel en la sociedad [7][8].
Sin embargo, la educación también puede ser utilizada para adoctrinar y reproducir contravalores, que deshumanizan y limitan el pensamiento crítico. Donde gobierna la derecha y la extrema derecha, existen esfuerzos deliberados por obstaculizar programas educativos que promuevan la igualdad de género, la educación en derechos humanos y los valores universales de respeto y justicia social [7][9]. La manipulación de los currículos y la selección sesgada de contenidos busca evitar que los estudiantes desarrollen criterio propio, fomentando una visión cerrada, jerárquica y conformista de la sociedad.
Este tipo de prácticas convierte al sistema educativo en una fábrica de aborregamiento, donde se prioriza la repetición acrítica sobre el pensamiento independiente, y la obediencia pasiva sobre la conciencia ética. Al negar a los jóvenes la formación en valores universales, se impide la construcción de ciudadanos con capacidad de análisis, de denuncia frente a injusticias y de acción responsable, reemplazando el espíritu crítico por un adoctrinamiento que limita su humanidad y la de toda la comunidad [8][10].
Por ello, la lucha contra la violencia machista y cualquier forma de discriminación no puede desligarse de la defensa de una educación integral y crítica. Es imprescindible recuperar la enseñanza de valores universales, fomentar la participación activa y la reflexión ética, y asegurar que las escuelas y familias se conviertan en espacios de formación para la ciudadanía responsable y respetuosa, en lugar de centros de reproducción de contravalores y sesgos ideológicos [9][10].
Fuentes oficiales de referencia
| Nº | Fuente | Referencia |
|---|---|---|
| 1 | Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género | Violencia de género y protocolos de actuación |
| 2 | Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) | Estadística judicial sobre violencia sobre la mujer |
| 3 | CGPJ – Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género | Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales |
| 4 | Ministerio de Igualdad | Fichas de víctimas mortales |
| 5 | Fiscalía General del Estado | Memoria anual: procedimientos por denuncia falsa |
| 6 | Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género | Texto legal consolidado |
| 7 | UNESCO | Educación en valores y ciudadanía global |
| 8 | Instituto de Evaluación y Calidad Educativa | Informes educativos sobre valores y ciudadanía |
| 9 | Save the Children España | Educación en derechos humanos y prevención de desigualdades |
| 10 | Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) | Ciudadanía y formación en valores — OEI |
III. Cuando la memoria, contra el olvido, es resistencia: una conclusión necesaria frente a la violencia machista
Hablar de violencia machista no es una opción ni un ejercicio retórico: es una obligación democrática, ética y humana. Tratar este tema con rigor, constancia y memoria es una forma de resistirse a la normalización del horror, a la tentación de reducir el asesinato de mujeres a una sucesión de cifras que suben y bajan según el mes. Porque no son números. Son personas. Mujeres con nombre y apellidos. Abuelas, madres, hermanas, hijas, amigas. Vidas truncadas cuya ausencia deja un vacío que atraviesa familias enteras y que debería interpelar a toda la sociedad.
En Murcia, como en otros lugares, la Asamblea Feminista convoca una acción reivindicativa el primer martes de cada mes. No es una cita simbólica ni un gesto ritual. Es un acto de memoria, denuncia y dignidad. Un espacio donde se nombra a las mujeres asesinadas para impedir que el ruido de la actualidad, la frialdad estadística o la manipulación interesada las borren del relato colectivo. Allí se recuerda que cada asesinato no es un hecho aislado ni un accidente, sino la expresión más extrema de una violencia estructural que sigue presente.
Estas concentraciones existen porque hay quien intenta ocultar la magnitud de la violencia bajo el lenguaje aséptico de las estadísticas, como si el recuento bastara para cumplir con la justicia. Pero cada vez que una mujer es asesinada, no se pierde solo una vida: se hiere a la humanidad entera. Y mientras esa herida no se mire de frente, mientras no incomode, mientras no movilice, seguirá abierta.
Por eso es imprescindible participar, implicarse, salir a la calle y ocupar el espacio público. No como gesto vacío, sino como afirmación colectiva de que no aceptamos el olvido ni la indiferencia. Nombrarlas es un acto político. Estar presentes es una forma de protección. Alzar la voz es una exigencia de justicia.
Frente a quienes quieren silencio, respondemos con memoria. Frente a quienes reducen vidas a cifras, respondemos con nombres. Frente a la impunidad y el negacionismo, respondemos con presencia. Porque ni olvido, ni perdón no es una consigna: es un compromiso con la justicia y con la dignidad de todas. Y porque solo una sociedad que clama unida puede aspirar a que ninguna mujer más sea asesinada en silencio.
