La moción, que se debatirá el próximo miércoles en la Asamblea Regional, plantea que una vez finalice el contrato con Orthem en 2028, el servicio vuelva a gestión directa de la administración autonómica.
Las diputadas del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín (Podemos) y José Luis Álvarez-Castellanos (Izquierda Unida-Verdes), han mantenido una reunión con los representantes sindicales de los bomberos y bomberas forestales de la Región de Murcia para recoger de primera mano sus reivindicaciones. Tras el encuentro, celebrado en Murcia, ambos diputados anunciaron la presentación de una moción que se debatirá el próximo miércoles en la Asamblea Regional y reclamaron al Gobierno de López Miras que garantice la estabilidad del personal y devuelva a gestión pública el servicio de prevención y extinción de incendios forestales.
La portavoz parlamentaria, María Marín, ha anunciado que la coalición autonómica de izquierdas llevará a la Asamblea las reivindicaciones de los bomberos forestales. “La más importante es la recuperación de un servicio de prevención y extinción de incendios 100% público, una vez concluya el contrato vigente con Orthem en 2028”, señalaba. Para ella, “es hora de acabar con la precariedad y los recortes en este servicio esencial que supone este modelo de externalizaciones y privatizaciones”. “Un modelo criminal, que no funciona, como hemos visto este verano en Castilla y León o en Galicia”, aseguraba.
Mientras, desde IU-Verdes-Podemos reclaman “la adaptación del contrato actual a nueva ley básica de bomberos estatal y la estabilidad y el refuerzo de la plantilla”. “Es vergonzoso –advertía Marín- que hace pocos días se haya mandado a la calle a decenas de refuerzos cuando el Gobierno regional se había comprometido a no hacerlo y cuando todos y todas sabemos que los incendios se apagan en invierno”. En este sentido, recalcaba que “ahora mismo” los montes de la Región “están llenos todavía de cientos de miles de pinos secos como consecuencia de la última sequía”. Sin embargo, “el Gobierno regional desmantela las brigadas forestales en lugar de emplearlas, por ejemplo, en esta tarea de prevención que puede ser vital el próximo verano”.
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida-Verdes y coportavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha defendido la moción registrada en la Asamblea Regional para que, una vez finalice el contrato con Orthem en 2028, el servicio de prevención y extinción de incendios forestales pase a gestión directa de la administración autonómica.
“El contrato adjudicado en 2023, que duplicó su presupuesto de 35,9 a 79,2 millones de euros, no está cumpliendo con las mejoras prometidas. Persisten las malas condiciones laborales, tras más de una década de congelación salarial, y la falta de medios materiales adecuados”, ha señalado Álvarez-Castellanos, quien ha añadido que la gestión pública es la única opción eficaz y coherente frente al agravamiento de los efectos del cambio climático.
El diputado ha subrayado que esta iniciativa “no se trata de una propuesta oportunista ni de una maniobra publicitaria al calor de un conflicto laboral o de los incendios que han asolado España este verano”, sino de una moción oportuna y necesaria por tres razones fundamentales; “Primero, porque la precariedad laboral pone en peligro la vida de los trabajadores y trabajadoras; segundo, porque debemos reconvertir nuestros bosques hacia masas forestales más resilientes ante los efectos del cambio climático; y tercero, porque el momento de hacerlo es ahora. Siempre se ha dicho que los incendios se apagan en invierno”.
En este sentido, Álvarez-Castellanos ha hecho un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para dejar a un lado las rivalidades partidistas y trabajar desde el consenso político en soluciones de futuro a corto, medio y largo plazo. “Es el momento de mejorar las condiciones laborales de quienes se juegan la vida en cada incendio, y de fortalecer la capacidad de respuesta preventiva y operativa del servicio público forestal”, ha concluido.
La moción registrada por la coalición autonómica de izquierdas solicita también que el consejero de Medio Ambiente presente un informe detallado sobre el cumplimiento del contrato actual, así como la adaptación de las condiciones laborales a la nueva legislación estatal, incluyendo la introducción de coeficientes reductores para la jubilación y la segunda actividad.
Asimismo, la iniciativa plantea reforzar las ayudas a la limpieza y adecuación de montes privados y municipales, potenciar los programas de los Consejos Comarcales de Empleo vinculados a la conservación forestal, y crear una bolsa de trabajo específica de bomberos forestales que garantice transparencia, igualdad de oportunidades y estabilidad en el acceso al empleo público.
Finalmente, los representantes sindicales de SITRA, CCOO, UGT y USO han coincidido en señalar la urgencia de revertir la precariedad estructural que sufre el colectivo y de recuperar la gestión pública del servicio.
“La situación es asfixiante: trabajamos ocho horas y media y el resto de la jornada permanecemos localizados a media hora de la base. Cobramos pluses de peligrosidad, penosidad y toxicidad de apenas 29,80 euros, y nuestros salarios rondan los 1.300 euros al mes. Necesitamos un salvavidas y vamos a seguir manifestándonos hasta que se nos escuche”, ha denunciado Juan Pedro Cornejo, portavoz del comité de empresa de los bomberos forestales gestionados por Orthem, quien ha recordado que el próximo 28 de noviembre volverán a movilizarse en Murcia.
En la misma línea, Pedro González, secretario de la asociación sindical SITRA, ha subrayado que “este servicio está privatizado cuando en otras comunidades, como Castilla y León o Madrid, se ha devuelto a la administración pública. Somos de los bomberos forestales peor pagados de España: cobramos entre 500 y 600 euros menos que en regiones vecinas, y la Comunidad Autónoma no plantea ninguna mejora ni modificación del pliego de condiciones”.
